Suman dos magistrados que renunciaron a sus cargos y medios hablan de la posibilidad de un tercero

Ya son dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que renunciaron a sus cargos y algunos medios reportan la posibilidad de un tercero. Todas las dimisiones surgieron en medio de fuertes críticas a la prórroga de mandato anunciada el 12 de diciembre.

La noche del martes, se conoció el alejamiento del magistrado Carlos Alberto Calderón, de Santa Cruz.

En su carta de “renuncia irrevocable” el ahora exmagistrado explica “esa situación genera incertidumbre, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del TCP”. Por lo tanto, su continuidad es “inviable”.

En esa misma línea, la mañana de este miércoles, se supo que la tarijeña magistrada Julia Elizabeth Cornejo también renunció a su cargo. Sin embargo, algunos medios informaron, sin especificar de quién se trata, que un tercer miembro del TC estaría por dimitir a su cargo.

Esas renuncias surgen en medio de fuertes cuestionamientos, críticas y hasta el anuncio de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados que decidieron ampliar su gestión.

Magistrados

Además, la recién conocida renuncia, coincidió con el fin del mandato legítimo de esas autoridades. Los actuales magistrados fueron posesionados en el cargo el 2 de enero de 2017. Por lo tanto, según manda la normativa vigente, su período de seis años concluyó el martes.

El fallo del 12 de diciembre de 2023 del TCP manda a la Asamblea Legislativa a aprobar lo más pronto posible una nueva ley de convocatoria y la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

Inicialmente, las judiciales estaban previstas para 2023, pero luego de una serie de escollos y falta de consenso entre las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa, dichos comicios no se pudieron realizar.

Solo el Senado logró aprobar un proyecto de ley que, luego de ser remitida a Diputados, se truncó. Eso por una consulta que la Comisión de Constitución de ese órgano decidió enviar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y éste lo remitió al TCP, que finalmente lo declaró inconstitucional.

Fuente: La Razón

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