Suspendida hasta el 8 de enero la audiencia de juicio oral contra cabecillas de la RJC

Una juez suspendió hasta enero de 2024 la audiencia de juicio oral en contra de cinco miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la supuesta comisión de cinco delitos entre 2019 y 2020, según un documento al que accedió La Razón.

Los acusados en ese proceso son Yassir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán.

El Ministerio Público, que pidió una pena privativa de libertad de 20 años para cada uno, los imputó por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas.

Uno de los motivos para la suspensión del acto judicial fue la solicitud de Mario Bascopé, que pidió a la jueza atención médica debido a un problema de hemorroides.

Según el médico de Régimen Penitenciario, dicha dolencia no impide, sin embargo, al acusado asistir al juicio.

Las tres causas que investigan a los acusados fueron abiertas a instancias del exalcalde de Cochabamba José María Leyes; el exdelegado defensorial de esa capital Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles.

RJC

Los antecedentes del caso dieron cuenta que los imputados lideraron un grupo de la RJC que recorría en motocicletas varias vías de la capital del valle y agredían a quienes identificaban como simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso a mujeres que vestían polleras.

La RJC se mostró luego de las elecciones generales del 20 de octubre 2019. Entonces, ese grupo comandó en Cochabamba las movilizaciones en contra de un supuesto “fraude monumental”. Ese discurso que había sido acuñado por el expresidente y contendor de Evo Morales en esos comicios, Carlos Mesa; precisamente él obtuvo el segundo lugar en la votación nacional.

Mas adelante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como grupos “parapoliciales”. Y varias organizaciones internacionales pidieron al Gobierno su desarticulación.

Incluso, la exencargada de negocios de Estados Unidos Charisse Phillips pidió la “desmantelación” de esos grupos.

La Razón

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