El secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Israel Centellas, informó este miércoles que apelaron la decisión del Juzgado Tercero Anticorrupción que dispuso el arresto domiciliario del exrepresentante de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza.
“Nosotros hemos apelado a esta decisión jurisdiccional, y esperamos que el Tribunal pueda revertir esta situación”, explicó el funcionario de la UMSA en entrevista con Radio Fides.
Explicó que en dicha audiencia no estaba presente el fiscal titular que lleva el caso y además existen varios actos investigativos por realizar. Argumentó que la decisión de que el imputado salga de la cárcel con arresto domiciliario podría interferir en las investigaciones.
“Tenemos que efectivizar todas esas diligencias para hacer lo que corresponde en derecho, hacer una investigación justa y objetiva, que no vulneren los derechos, pero para dar con los autores de todos los delitos que se han cometido dentro del CUB durante estos cuatro años”, indicó.
Remarcó que la detención preventiva de Max Mendoza debe continuar para garantizar que no obstruya los actos investigativos. Aclaró que solo se busca que las investigaciones avancen para obtener todas las pruebas necesarias para una acusación formal con el objetivo de llevarlos a un juicio oral y contradictorio.
Max Mendoza
Mendoza, el exdirigente universitario, es investigado por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones porque se confirmó que desde la gestión 2018, en su calidad de presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), se benefició con una resolución para que sea considerado como trabajador del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin cumplir con los requisitos del cargo.
Dicha resolución tenía vigencia de 30 días; sin embargo, no fue así y el dirigente presuntamente se benefició de manera irregular con el pago de un sueldo de Bs 21.870 desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022.
Además, mantuvo otros beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos de esa designación.
Este caso fue develado tras la pugna por la dirigencia en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (mayo 2022) que desencadenó en la muerte de cinco universitarias y dejó más de 80 heridos, en una avalancha humana. Tras el fatal desenlace, se evidenció presuntas irregularidades dentro de la dirigencia universitaria.
El Juzgado Tercero Anticorrupción dispuso la detención domiciliaria del exdirigente y estudiante de 52 años. Además, deberá cumplir con una orden de arraigo, el pago de una fianza de Bs 40.000, y la presentación cada 15 días en el Ministerio Público.
Fuente: ABI
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