Venden bienes de Fassil para pagar a trabajadores

El interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, pidió este jueves tranquilidad a los exfuncionarios de esta entidad financiera e indicó que está en proceso de venta los bienes para atender los pagos adeudados. La autoridad se pronunció tras un bloqueo del sector en la carretera Santa Cruz – Cochabamba.

En la Sede de Gobierno hubo un mitin de protesta que se instaló frente a las oficinas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ubicadas frente a la plaza Isabel la Católica, impidiendo el tráfico vehicular.

“Este banco, que hoy está en intervención, en el momento que se llegó no tenía los fondos suficientes y no había cómo enfrentar el pago de los beneficios sociales para los trabajadores de Fassil. (…) Estamos generando formas de venta inmediata de bienes inmuebles. (…) Yo quiero llamar a la tranquilidad de los funcionarios”, manifestó Colodro, según Urgente.bo.

Los extrabajadores de Fassil instalaron la mañana de este jueves un punto de bloqueo en la carretera Santa Cruz – Cochabamba. La medida se realizó para exigir el pago de sus sueldos pendientes y los beneficios sociales que les corresponden tras la intervención de la ASFI a esta entidad financiera.

Trabajadores que participaban en esta medida de presión denunciaron, según El Deber, que fueron gasificados por la Policía, pese a que se encontraban con menores de edad.

Colodro una vez más llamó a la tranquilidad de los exfuncionarios y confirmó que se cumplirá con lo adeudado. «No quisiera dar un tiempo, (no quisiera) hablar de fechas, tenemos que ir viendo el proceso de la venta de los bienes, les pedimos paciencia», añadió.

MALAS PRÁCTICAS

La ASFI aclaró este jueves que el extinto Banco Fassil fue intervenido por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos, por lo que calificó de irresponsables y tendenciosas las declaraciones del cívico cruceño Gary Prado.

Según un comunicado de la ASFI, el cívico declaró que la intervención a Fassil tendría un fin político y sería un argumento utilizado por el Gobierno para amedrentar y extorsionar a los empresarios cruceños, además cuestionó la labor de este órgano regulador.

Fuente: Opinión

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