Familiares y víctimas de la masacre de Huayllani, Cochabamba, recordarán este martes los luctuosos hechos del 15 de noviembre de 2019, cuando fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron una marcha de sectores sociales con el saldo de 11 muertos y decenas de heridos por bala.
La representante de las víctimas María Javier informó que en esta ocasión se hará una revisión de los avances en el proceso judicial y se demandará celeridad por los hechos ocurridos en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, además, se hará un reconocimiento a los heridos de esa jornada violenta.
“A partir de las 15.00 se va a hacer un acto recordatorio, en memoria a nuestros héroes quienes han dado la vida en defensa de la democracia. Se hará un reconocimiento a las víctimas que han quedado heridas y tienen que vivir con las secuelas. Sobre todo, exigiendo avances de la justicia sobre los hechos ocurridos”, afirmó en entrevista con ATB.
La representante cuestionó la retardación en el proceso ordinario, ya que a tres años de aquel fatídico hecho las víctimas no encuentran justicia y los autores intelectuales no son juzgados.
“Tenemos derecho a recibir justicia y se sancione a los autores materiales e intelectuales como manda la Constitución (…) pedimos celeridad y que el proceso pueda avanzar, que se instale el juicio”, insistió.
En este proceso que radica en el Juzgado de Sacaba se investiga a 16 personas, de las cuales 15 están con medidas sustitutivas y solo una guarda detención preventiva.
Javier exigió al Órgano Judicial dar celeridad a este caso e iniciar el juicio oral para que se condene a todos los autores intelectuales y materiales del suceso que dejó llanto y dolor en las familias cochabambinas.
Decreto de la muerte
El 14 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximía a militares de juicios penales por las acciones que desarrollen en los conflictos.
Aquel 15 de noviembre del 2019, cocaleros y miembros de otros sectores sociales intentaron entrar en una masiva marcha a la ciudad de Cochabamba exigiendo el restablecimiento de la democracia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) determinó que en ese entonces un operativo conjunto entre militares y policías masacró a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas.
Como saldo final de esa arremetida, al menos 11 civiles, todos indígenas, perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos, solo en Sacaba.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)