2025

La Paz, Bolivia, 24 de agosto. El candidato presidencial Rodrigo Paz celebró la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar las detenciones preventivas en el país, entre ellas las de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari. A través de un video publicado en sus redes sociales, Paz afirmó que el TSJ “escuchó el mensaje del pueblo boliviano” y destacó la urgencia de enfrentar la retardación de justicia. Recordó que la detención preventiva no debe convertirse en una condena anticipada y remarcó que, además de las exautoridades mencionadas, existen miles de personas privadas de libertad en la misma situación. El aspirante presidencial sostuvo que la decisión judicial representa una señal de cambio en el escenario político y pidió que las reformas alcancen a todo el sistema penitenciario.

Potosí, Bolivia, 23 de agosto de 2025. Un juez cautelar de Potosí dispuso la detención preventiva del alcalde de Llallagua, Adalid Jorge Aguilar, por un periodo de tres meses, dentro del proceso que lo vincula con los enfrentamientos ocurridos el 10 y 11 de junio en esa región, donde perdieron la vida tres policías y un civil. El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio, informó que la medida responde a los riesgos procesales y a la gravedad de los delitos atribuidos al burgomaestre, militante del Movimiento Al Socialismo (MAS). Recordó que el caso forma parte de las investigaciones contra dirigentes identificados con la facción evista, que en junio impulsó bloqueos de caminos para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato en las elecciones generales del 17 de agosto. Aguilar fue imputado por los presuntos delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, destrucción de bienes del Estado y asociación delictuosa. La acusación está relacionada con la emboscada a un contingente policial durante las protestas en Llallagua. En ese episodio fallecieron los oficiales Brayam Jorge Barrozo y Carlos Apata Tola, el bombero Jesús Mamani Morales y un estudiante de secundaria. La autoridad edil fue trasladada al Centro de Reorientación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, donde permanecerá recluida mientras avanza la investigación.

La Paz, Bolivia, 23 de agosto de 2025. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé criticó la situación de la detención preventiva en el país y advirtió que su uso se convirtió en una regla, pese a que la normativa lo establece como una medida excepcional. Cuestionó que la Justicia pretenda revisar solo los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Pumari. “Más de 20.000 internos se encuentran en detención preventiva. La reposición de las garantías del debido proceso es oportuna, pero debe aplicarse de forma universal, dispuesta por autoridad competente y sin privilegios”, escribió en sus redes sociales. El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a los tribunales departamentales revisar, en un plazo de 24 horas, las medidas cautelares que afectan a Áñez, Camacho y Pumari. El instructivo, firmado el viernes por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ordena verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva en todos los procesos que involucran a los mencionados ciudadanos. Asimismo, dispone que los tribunales actúen incluso de oficio para resolver cualquier irregularidad. El TSJ argumenta que existen indicios de incumplimiento en los plazos establecidos para la detención preventiva. Al respecto, Rodríguez Veltzé, quien también etiquetó a organismos internacionales como la CIDH y al relator especial de la ONU, insistió en que cualquier medida para garantizar derechos debe extenderse a todas las personas privadas de libertad, sin beneficios particulares.

Colombia, 23 de agosto de 2025. Los mandatarios de los países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) acordaron avanzar en la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta destinada a enfrentar los incendios forestales y combatir la criminalidad en la región amazónica. El presidente Luis Arce confirmó el compromiso al concluir su participación en la V Cumbre de Presidentes de la OTCA, que reúne a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Arce explicó que la propuesta boliviana, respaldada por Brasil y otros países, contempla la formación de un equipo especializado en incendios forestales. “Ha sido aceptada. El presidente Gustavo Petro incluso sugirió incorporar a las Fuerzas Armadas para reforzar las operaciones”, indicó en declaraciones a Bolivia Tv antes de retornar al país. El mecanismo permitiría que los países miembros activen de inmediato la asistencia conjunta cuando se presenten emergencias en cualquier territorio amazónico. “Si Bolivia enfrenta un problema, este equipo podría llegar desde las demás naciones para garantizar el éxito de las tareas”, añadió el mandatario. La iniciativa también apunta a frenar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y otros delitos que afectan la Amazonia. Para definir la estructura de la Fuerza de Tarea Conjunta, los presidentes volverán a reunirse el 9 de septiembre en Manaos, Brasil, donde además se inaugurará un puesto de la Policía Forestal de ese país. En Bolivia, los incendios han dejado más de 12 millones de hectáreas devastadas solo en 2024, una cifra que refleja la magnitud del desafío regional.