2026

El ministro Óscar Mario Justiniano dijo que el mandatario no los ha convocado aún para tratar el tema específico de la ley de Estado de excepción, aprobada por el Senado y Diputados y que está pendiente de promulgación El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó este domingo que el gabinete aguarda instrucciones del presidente Rodrigo Paz para definir los pasos a seguir, luego que en la madrugada la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que regula el Estado de excepción y lo remitiera al Ejecutivo para su promulgación. “Se espera instrucciones del presidente Rodrigo Paz y de la oficina del presidente, y en base a eso seguramente estaremos comunicando”, declaró el ministro en contacto con UNITEL. Consultado sobre si el gabinete se reuniría esta jornada, respondió que por ahora no hay convocatoria y que solo está en agenda el encuentro regular de cada inicio de semana. “Por el momento, no tenemos nosotros esas instrucciones, lo que tenemos nosotros es lo normal de los días lunes, y esperemos de que sean instrucciones del presidente y su oficina para que podamos estar donde él nos convoque”, señaló. San Julián El ministro Justiniano estuvo en el operativo que buscaba desbloquear la carretera Santa Cruz – Trinidad, en el municipio de San Julián, y señaló que la situación actual en este punto “sigue siendo compleja”. El ministro manifestó que se vio “una escalada de violencia sin precedente, donde se ha visto de que hay oficiales heridos de bala” se decidió el repliegue para precautelar la vida principalmente de los policías y los militares, “porque contra ellos estaban disparando”.

La Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle la Ley de Regulación de Estados de Excepción, con lo cual la norma está sancionada y pasa a manos del presidente para su promulgación. La aprobación en detalle se consolidó en la madrugada de este domingo, tras una extensa sesión que comenzó la tarde del sábado. La ley fue aprobada por mayoría de votos, aunque entre los parlamentarios que expresaron au rechazó a la norma estuvieron diputados del PDC críticos al Gobierno, Alianza Popular y Cecilia Requena de Unidad.  Los diputados que apoyaron la ley argumentaron que se requiere poner orden en el país, después de un mes de bloqueos que han afectado la economía y el abastecimiento, sobre todo de la ciudad de La Paz. Denunciaron que las manifestaciones son impulsadas por sectores que no les interesa dialogar y buscan un golpe de Estado. La ley permite que el presidente declare estado de excepción en casos de amenaza externa, conmoción interna y desastre natural. También le permite usar a las Fuerzas Armadas en caso de la Policía sea rebasada.  Uno de los puntos polémicos de la norma es el que presume la legalidad de las fuerzas del orden, durante un estado de excepción. Pese a la controversia, la norma se aprobó tal como se envío desde el Senado. Con esta ley, el presidente podría declarar estado de excepción hasta por 90 días, con opción a ampliar con aval legislativo. Asimismo, una vez declarado un estado de excepción, la Asamblea debe ser notificada y aprobarlo en el plazo de 72 horas. Fuente: ERBOL

El cabildo realizado este viernes en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto determinó otorgar 48 horas para que el presidente Rodrigo Paz presente su renuncia. Además informaron que continuarán los bloqueos de caminos y exigen la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones. “Como pueblo alteño, del Distrito 7, ha determinado que el señor, el gringo, tiene que dar un paso al costado. El pueblo, los vecinos y la población de los nueve departamentos de Bolivia quieren la renuncia del presidente”, manifestó un dirigente. Asimismo, exhortó a los legisladores alteños a respaldar las demandas de las organizaciones sociales y no aprobar la Ley de Regulación de Estados de Excepción. De igual forma, el dirigente también advirtió que las medidas de presión continuarán. “La determinación es continuar con el bloqueo de caminos, aquí nada se va a negociar. Nuestros hermanos detenidos tienen que ser liberados inmediatamente”, afirmó. En ese sentido, aseguró que los sectores movilizados mantendrán las protestas hasta lograr la renuncia de Paz. “Por lo tanto, nosotros seguimos los bloqueos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Se dio 48 horas para que renuncie este Gobierno traidor”, sostuvo. Fuente: URGENTE.BO

La Conferencia Episcopal hizo un nuevo llamado a la reflexión y pacificación en el país cuando se cumplen 34 días de movilizaciones. A poco de iniciarse la celebración de Corpus Christi, desde la Conferencia Episcopal Boliviana hicieron un llamado para superar la crisis social por la que atraviesa el país actualmente y a través de un diálogo sincero en búsqueda del bien común. Desde la Iglesia expresaron su preocupación ante el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos debido a los bloqueos, los cuales, además, ya se han cobrado la vida de personas inocentes. “Reconocemos que existen demandas legítimas y preocupaciones reales de distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, nos preocupa que esta situación esté alimentando la confrontación, la intolerancia y la división entre bolivianos. Nadie puede permanecer indiferente cuando la vida, la salud y la dignidad de las personas se ven amenazadas”, dice la circular. Ante esto, indican que ninguna postura puede estar por encima de la integridad y el dolor del resto de la población, ya que esto puede traer consecuencias para el futuro. “Ninguna diferencia puede justificar el desprecio, la exclusión o la indiferencia frente al dolor ajeno, este daño no sólo rompe el tejido social, sino que permanece como una secuela en las nuevas generaciones, no podemos dejarles ese futuro”, indican. Ante esto, hicieron un nuevo llamado a la pacificación y a la solidaridad por aquellos que ahora están sufriendo por las consecuencias de estas movilizaciones. “Invitamos también a fortalecer la solidaridad con quienes hoy sufren con mayor intensidad las consecuencias de esta situación. Que nadie quede sin nuestra cercanía, nuestra ayuda y nuestra oración. La Eucaristía que celebramos debe traducirse en gestos concretos de amor, servicio y compromiso con los más vulnerables”, dicen. El país cumple este miércoles, 34 días de conflictos que han dejado más de 80 puntos de bloqueo en al menos seis departamentos, mientras diferentes sectores, principalmente productivos y de transporte, se han declarado en emergencia.

Este martes, fuentes del Gobierno confirmaron a EL DEBER que la ministra de Educación, Beatriz García, renunció a su cargo. Se suma a la renuncia que también presentó el ministro de Defensa, Marcelo Salinas. Anteriormente, también se alejó del Gabinete el titular de la cartera de Trabajo. Fuente: El Deber

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026. Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática. Las protestas se desarrollan en un contexto de profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno; así como de racismo estructural y sistémico. Sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas articulan demandas vinculadas al empleo, abastecimiento de alimentos, acceso a combustibles y estabilidad económica, junto con exigencias de revisión o derogación de medidas económicas y pedidos de renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Las protestas se agravaron tras la eliminación de subsidios mediante el Decreto Supremo 5503 y la aprobación de la Ley 1720- ambos derogados posteriormente en el contexto de las manifestaciones. Las manifestaciones han derivado en al menos 70 cortes de ruta hasta el 27 de mayo, según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. De conformidad con lo informado por el Estado, los bloqueos en La Paz y El Alto han dejado incomunicada a la sede de Gobierno con los otros departamentos y los países vecinos. El Estado ha adoptado despliegues operativos de las fuerzas del orden que incluyeron el llamado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, para el abastecimiento de insumos. Los bloqueos han provocado graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales, sobre todo en La Paz y El Alto. Además, al menos 7 personas fallecieron en este contexto, según la Defensoría del Pueblo, entre ellas, 4 por falta de atención médica oportuna, 1 por arma de fuego en el contexto del mencionado operativo estatal de desbloqueo en el municipio de Calamarca que, según el Estado, se realizó sin armamento bélico; y 2 personas movilizadas, cuyas circunstancias de fallecimiento continúan pendientes de esclarecimiento. Todas las muertes registradas por la Defensoría permanecen bajo investigación del Ministerio Público. Las protestas también han estado marcadas por un incremento de la violencia y la conflictividad social. La Defensoría del Pueblo documentó, al 24 de mayo, al menos 23 personas heridas de diversa gravedad, incluyendo por disparos, oculares y faciales; entre ellas, manifestantes, transeúntes y agentes policiales. Asimismo, 321 personas fueron arrestadas, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen en detención preventiva. Igualmente, se registraron enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y vecinos, particularmente en El Alto; así como anuncios de sectores civiles que expresaron su intención de desbloquear rutas por cuenta propia, contemplando declaraciones de actores armados no estatales y grupos de choque. A su vez, organizaciones de la sociedad civil informaron sobre requisas y abusos contra personas indígenas y manifestantes presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales estarían siendo procesadas por terrorismo. Asimismo, personas que trabajan en la prensa han sido hostigadas y agredidas durante la cobertura de las movilizaciones. La Defensoría del Pueblo registró, hasta el 18 de mayo, al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, además de cuatro ataques a equipos periodísticos, incluyendo golpes, lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, lesiones por explosivos y afectaciones derivadas del uso de gases lacrimógenos. También se reportaron amenazas, insultos, obstáculos al ejercicio informativo, y el intento de aprehensión de al menos un periodista. Adicionalmente, se conocieron denuncias sobre discursos estigmatizantes y amenazas de posibles investigaciones o medidas de fiscalización contra organizaciones de la sociedad civil señaladas presuntamente de financiar las protestas. Según información pública, en el marco de las movilizaciones, se han registrado desmanes y afectaciones a bienes públicos y privados, incluidos daños materiales y denuncias de saqueos. Entre los hechos reportados figuran daños al sistema de Teleférico de La Paz y El Alto, así como al Tribunal Departamental de Justicia y Derechos Reales, donde se denunciaron saqueos, destrucción de mobiliario y pérdida de expedientes. Durante las protestas del 18 de mayo en La Paz también se denunciaron ataques contra edificios públicos y privados. En este contexto, la Fiscalía de La Paz conformó, el 20 de mayo, una comisión de crisis para atender situaciones vinculadas a bloqueos prolongados y conflictos sociales, lo que derivó en la apertura de 29 procesos penales por los hechos registrados, abarcando investigaciones por tentativa de homicidio, destrucción de bienes del Estado e instigación pública a delinquir. La CIDH reafirma que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos, especialmente en contextos de conflictividad social. Las manifestaciones, entre ellas aquellas de carácter espontáneo, deben presumirse pacíficas, y las personas participantes tienen derecho a definir el contenido, la forma y el lugar de sus expresiones colectivas. La protesta social es además un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, por lo que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida cotidiana. En ese marco, corresponde al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto. A su vez, toda actuación orientada al control de manifestaciones debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, la CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales. Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de