2026

El exministro Murillo fue acusado de un millonario sobreprecio y en Estados Unidos enfrentó un proceso por conspiración.  La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo rechazó las versiones que lo describen como un interno que “pisa fuerte” al interior del penal de San Pedro, donde también se encuentra recluido el expresidente Luis Arce. Ambos cumplen detención preventiva por denuncias de corrupción, aunque permanecen en secciones distintas del centro penitenciario. “Queremos puntualizar que es falso que el señor Arturo Murillo sea conocido con algún alias o que tenga poder dentro del penal. Rechazamos categóricamente esa versión. Por el contrario, su vida está en riesgo, considerando que como exministro de Gobierno contribuyó al encarcelamiento de varias personas que hoy se encuentran en San Pedro”, declaró a EL DEBER su abogado defensor, Waldo Machicao Castillo. El jurista reveló que pocos días después de su ingreso a prisión, Murillo fue agredido físicamente por al menos diez internos. El hecho tuvo lugar cuando la exautoridad realizaba un trámite en el patio de una de las secciones. Según Machicao, la intervención policial evitó que la agresión escale, aunque en el forcejeo su defendido perdió sus lentes. Las aclaraciones surgen tras la publicación del reportaje “Regalos, custodias e ironías: los primeros días de Arce en prisión a la sombra de Murillo”, difundido el viernes pasado por EL DEBER, que indagó sobre los primeros 35 días del expresidente Arce en prisión. La exautoridad está investigada por el caso del desfalco al Fondo Indígena. El reportaje se basó en testimonios de internos, abogados con clientes recluidos en San Pedro, un allegado a Murillo y datos confirmados por autoridades de Régimen Penitenciario. “No tiene dinero” Machicao también negó versiones que señalan que Murillo manejaría divisas o contaría con respaldo económico dentro del penal paceño. “Es absolutamente falso. Mi cliente no tiene ningún tipo de poder ni recursos. No cuenta con ingresos, ni siquiera para cubrir gastos básicos como fotocopias de los numerosos memoriales presentados en los procesos que enfrenta, muchos de ellos basados en información falsa”, sostuvo. El abogado recordó que Murillo fue expulsado de Estados Unidos en 2025 tras cumplir una condena por lavado de dinero, vinculada con la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión. En Bolivia enfrenta al menos cuatro procesos. Uno por la adquisición de material antidisturbios a una empresa brasileña, otro por la presunta internación ilegal de agentes químicos desde Ecuador y Argentina, y un tercero por la contratación irregular de un servicio de alimentación. Por estos casos, la Fiscalía secuestró 820.000 dólares de una empresa privada, mientras que la justicia de Estados Unidos había establecido un daño por $us 6 millones. El caso guarda relación con la contratación de proveedores de agentes químicos con sobreprecio. Machicao explicó que, debido a su edad —62 años— y a su condición de detenido preventivo, Murillo no puede desarrollar ninguna actividad económica. Señaló que los escasos recursos con los que subsiste provienen del apoyo limitado de familiares. También descartó conflictos con Arce u otras exautoridades detenidas en el penal. No obstante, confirmó que Murillo ocupa la celda que anteriormente pertenecía al exdirector de la Fuerza Antidrogas Maximiliano Dávila, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado por conspiración para el tráfico de drogas y armas. Condiciones de reclusión Según la defensa, la celda donde permanece Murillo mide menos de tres metros cuadrados y está ubicada debajo de las gradas que conducen a la oficina de la Gobernación del penal, en un área de tránsito entre las secciones Posta, Chonchocorito y Grulla. Machicao denunció que su cliente vive en condiciones que calificó de “infrahumanas” porque el ambiente es húmedo, con servicios higiénicos limitados y sin condiciones adecuadas para una persona de su edad. Fuente: El Deber

El primer día de inscripciones escolares en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra estuvo marcado por quejas y filas en algunas unidades educativas. Algunos padres de familia reclamaron la falta de cupos y la exigencia de requisitos no incluidos en la normativa, como notas altas para poder inscribir a sus hijos. En la unidad educativa María Vaca Díez, los padres hicieron fila desde la noche del domingo y denunciaron que se rechazaron a algunos estudiantes por las notas Una madre señaló: “Estamos esperando por cupo y dijeron que iba a ser sorteo, están recibiendo a los que tiene arriba de 90 de nota”. En la zona suroeste también se registraron conflictos. El Colegio Mateo Kuljis registró una fila larga para la inscripción al prekínder. “Incluso desde anoche han esperado, estamos esperando ojalá para avanzar y entrar”, dijo una madre de familia. Desde la unidad educativa señalaron que se está privilegiando a los niños que viven en la zona. Los padres de familia indicaron que dormirán esta noche con el objetivo de que el martes puedan atenderlos y darles un cupo. En el Barrio Flamingo también se reportaron problemas el primer día de inscripciones. Los padres de familia duermen en puertas del colegio y colocaron sillas desde hace 18 días esperando un cupo “Llevamos 18 días aquí, no se respeta nuestros espacios, algunos no han hecho fila y se meten donde estamos nosotros”, dijo una madre de familia. Señaló que 74 padres están esperando desde hace más de dos semanas por un cupo. Padres de familia de la unidad educativa Nimia Centellas denunciaron que la infraestructura está en mal estado, sin luz, con las paredes deterioradas y sin condiciones para el retorno a clases. “Muy preocupados, no es solo eso, también las mesitas, están en mal estado y no estamos en condiciones para empezar las clases”, dijo un padre de familia. Otro indicó: “Algunos cursos no tienen ni un foco, está todo mal, afuera no tiene luminarias, la pared se está cayendo poco a poco”. Fuente: UNITEL

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) precisó que este trámite está dirigido a las personas que fueron inhabilitadas por no haber votado en dos procesos electorales anteriores y quienes no cumplieron el rol de jurados El calendario de las elecciones subnacionales establece que el periodo extraordinario para las solicitudes de rehabilitación de ciudadanos inhabilitados en el padrón electoral concluye este martes 20 de enero. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) precisó que este trámite está dirigido a las personas que fueron inhabilitadas por no haber votado en dos procesos electorales anteriores. Pero además quedan suspendidas de la lista las personas por no cumplieron sus funciones como jurados electorales, según el artículo 77 de la Ley 018. Trámite Las personas inhabilitadas deben solicitar su rehabilitación a través de la presentación de un formulario en las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales del país. A ese documento se debe adjuntar una fotocopia de cédula de identidad del interesado y documentación que respalde la solicitud. Concluido este trámite, los TED remitirán resoluciones resolviendo los reclamos de los inhabilitados en el Padrón Electoral. Asimismo, los reclamos recibidos por el Serecí departamental serán remitidos a la Dirección Nacional del Serecí para su procesamiento. Fuente: EJU

La Paz / enero 19, 2026 La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresaron su preocupación por la decisión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de retirar de su oferta de televisión las señales de Telesur y Russia Today, medida que rige desde el 17 de enero a través de los servicios de Televisión por fibra óptica, televisión satelital y la aplicación Entel TV Smart. Mediante un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalaron que la determinación fue justificada por la empresa estatal bajo supuestos “temas administrativos” que no fueron debidamente explicados. Eso —en su criterio— vulnera el derecho de las audiencias a recibir una información clara, transparente y acorde a la responsabilidad de una entidad pública. Asociaciones El documento advierte que la insuficiente explicación, tanto en los comunicados oficiales como en los canales de atención al cliente, genera legítimas sospechas de un posible acto de censura y de una afectación directa a la libertad de expresión. En ese sentido, recuerdan que en Bolivia ya se registraron antecedentes similares en años pasados, así como experiencias recientes en otros países de la región donde, tras cambios políticos, decisiones de este tipo derivaron en restricciones al pluralismo informativo. La ACPI y la ANPB remarcaron que el respeto a la pluralidad de voces, así como la tolerancia frente a posturas diversas y contrapuestas, constituyen pilares esenciales del ejercicio democrático, valores que —subrayan— “están consagrados en la Constitución Política del Estado” y deben ser protegidos de manera activa. Canales Asimismo, alertaron que el silenciamiento arbitrario de medios de comunicación y periodistas puede desencadenar una espiral de graves consecuencias para la libertad de expresión, extendiendo prácticas de censura que pueden llegar a niveles difíciles o incluso imposibles de revertir. Según el pronunciamiento, este escenario no solo perjudica a los medios y periodistas, sino a la sociedad en su conjunto. Finalmente, las organizaciones exhortaron al Gobierno boliviano a garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad de voces, independientemente de los actores involucrados, así como el derecho de la población a informarse a través de los canales que libremente elija. La decisión de la telefónica estatal no es nueva. Durante la gestión de Jeanine Áñez, los mismos canales sufrieron el retiro de su señal de la oferta de televisión por cable de parte de Entel. Fuente: La Razón