2026

La institución puso a disposición un formulario digital, además de un correo electrónico y sus oficinas a nivel nacional, para que autores, compositores y ciudadanos reporten posibles irregularidades relacionadas con la administración de derechos de autor y regalías. La institución puso a disposición un formulario digital, además de un correo electrónico y sus oficinas a nivel nacional, para que autores, compositores y ciudadanos reporten posibles irregularidades relacionadas con la administración de derechos de autor y regalías. La medida surge luego de que la institución recibiera numerosos relatos y testimonios sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de estas organizaciones, las cuales han sido objeto de cuestionamientos públicos en las últimas semanas. «Ante la creciente cantidad de relatos y testimonios recibidos sobre irregularidades en las actuaciones realizadas por la Sociedad de Gestión Colectiva, ampliamente cuestionada por la opinión pública, ponemos a disposición de los interesados el siguiente código QR, mediante el cual podrán acceder y completar un formulario de denuncias», señala el comunicado difundido por el Senapi.Tres vías para presentar denuncias Además del formulario al que se accede mediante el código QR, el Senapi informó que los ciudadanos también pueden remitir sus denuncias a través del correo electrónico http://comunicacion@senapi.gob.bo, desde donde se enviará el formulario oficial para su llenado. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán presentar su documentación en formato físico en las ventanillas de plataforma de la oficina central y de las oficinas regionales del Senapi en todo el país. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? Las Sociedades de Gestión Colectiva son entidades privadas sin fines de lucro que administran los derechos de autor y los derechos conexos en representación de creadores y titulares de obras. Su función es otorgar licencias para el uso público de obras musicales, audiovisuales y otras creaciones, recaudar los pagos correspondientes y distribuir las regalías entre sus afiliados cuando sus obras son utilizadas en radios, canales de televisión, plataformas digitales, conciertos, restaurantes, eventos y otros espacios públicos. En Bolivia, estas entidades operan bajo la supervisión del Senapi, institución encargada de administrar el régimen de propiedad intelectual y de promover la protección de la actividad creativa e inventiva en el país. La habilitación de estos canales de denuncia se produce en medio del debate sobre la transparencia en la administración y distribución de regalías por derechos de autor, tema que en las últimas semanas ha generado reclamos públicos por parte de varios artistas y compositores bolivianos.

El presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Jorge Leonardo Zogbi Nogales, aseguró que la Ley de Alivio Tributario marca el inicio de una nueva relación entre la administración tributaria y los contribuyentes, al priorizar la reactivación económica mediante la condonación de deudas y la regularización de obligaciones fiscales. En una entrevista, la autoridad explicó que la norma, promulgada el 27 de mayo y puesta en vigencia desde el 25 de junio a través del portal del SIN, permitirá beneficiar a aproximadamente 252.000 contribuyentes con la condonación total de sus deudas y a otros 173.000 mediante mecanismos de regularización tributaria. «El objetivo principal no es recaudar más recursos, sino recuperar contribuyentes para que vuelvan a la actividad económica formal y puedan operar nuevamente con el sistema financiero», afirmó Zogbi. Entre los principales alcances de la medida destaca el descongelamiento de cerca de un millón de cuentas bancarias, cuyos titulares mantenían restricciones por deudas tributarias, situación que les impedía acceder a créditos, realizar operaciones financieras o desarrollar normalmente sus actividades económicas. Condonación total de deudas El presidente del SIN explicó que los contribuyentes con deudas correspondientes a las gestiones 2017 y anteriores, además de las generadas durante 2020 por la pandemia, accederán a la condonación total del tributo omitido, multas e intereses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Los beneficiarios podrán verificar automáticamente su situación a través del portal institucional, donde obtendrán un Auto de Condonación o de Conclusión de Deuda. Posteriormente, el SIN notificará al sistema financiero para proceder al levantamiento gradual del congelamiento de cuentas. Regularización con facilidades de pago Para las deudas comprendidas entre las gestiones 2019 y 2025, la ley establece un mecanismo de regularización que permite pagar al contado o acogerse a un plan de pagos de hasta 36 meses. Quienes cancelen al contado recibirán una reducción del 50 % del mantenimiento de valor y la condonación total de multas e intereses. En tanto, quienes opten por un plan de pagos conservarán la condonación de multas e intereses. Asimismo, el SIN comunicará la regularización de estos contribuyentes al sistema financiero, la Contraloría General del Estado y las entidades correspondientes para levantar anotaciones preventivas y restricciones existentes. Medida orientada a pequeños contribuyentes Zogbi precisó que el 98 % de los beneficiarios serán micro y pequeños empresarios, además de contribuyentes del régimen simplificado, quienes durante años acumularon deudas que crecieron por multas e intereses hasta volverse prácticamente impagables. La autoridad indicó que el monto total del alivio tributario asciende a 20.000 millones de bolivianos, aunque insistió en que el propósito de la medida no es incrementar la recaudación, sino reactivar la economía nacional. «Estamos recuperando actores importantes de la actividad económica que podrán volver a contratar personal, emitir facturas y desarrollar sus negocios dentro de la formalidad», sostuvo. Plazo de 120 días La norma establece un plazo de 120 días para acogerse a los beneficios, periodo durante el cual los contribuyentes podrán consultar su situación tributaria mediante el portal del Servicio de Impuestos Nacionales. Zogbi explicó que la institución procesó información tributaria de hasta 40 años para identificar correctamente los casos que corresponden a la condonación. También aclaró que el beneficio de la condonación está dirigido únicamente a contribuyentes con un tributo omitido menor a 10 millones de bolivianos, excluyendo a grandes deudores, quienes únicamente podrán acogerse a los mecanismos de regularización. Nueva etapa en la administración tributaria Finalmente, el presidente del SIN afirmó que esta política representa un cambio de enfoque institucional, dejando atrás un modelo excesivamente coercitivo para dar paso a una administración más cercana al ciudadano. «Estamos conscientes del peso que significó para muchos contribuyentes la anterior dinámica tributaria. Hoy iniciamos una nueva etapa, con una administración más cercana al contribuyente y orientada a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones», manifestó. Asimismo, exhortó a los contribuyentes a utilizar primero el portal del Servicio de Impuestos Nacionales antes de acudir a las oficinas distritales, con el objetivo de evitar filas y realizar la mayor parte de los trámites de manera digital.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, convocó de manera enfática a las autoridades del Estado a impulsar acciones inmediatas en el escenario de postconflicto. La autoridad destacó la necesidad urgente de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a reconstruir el tejido social y fortalecer una verdadera cohesión nacional tras los recientes periodos de crisis. “Hay la necesidad de seguir trabajando una cohesión social, un reconocimiento entre bolivianas y bolivianos que es el proyecto que nosotros pretendemos implementar en este espacio posconflicto, para que desde las diferentes regiones del país podamos generar espacios reflexivos, de diálogo, de reconocimiento de que, en la diversidad de nuestro país, se encuentra la fortaleza también de nuestro Estado”, afirmó el Defensor del Pueblo. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la petición de informe oral atendida ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde la autoridad presentó un informe pormenorizado sobre las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo durante el periodo de conflictividad social. En su exposición destacó las intervenciones realizadas para resguardar los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la alimentación, la transitabilidad, la debida diligencia y el debido proceso, entre otros. El Defensor contextualizó la gravedad de la situación al advertir que el escenario de polarización y alta fragmentación, sumado al deterioro del tejido social en el país, no responde a una coyuntura específica, sino a un proceso complejo que se ha desarrollado durante muchos años. Según explicó, esta realidad también impactó directamente en la propia institución defensorial, que enfrentó cuestionamientos y presiones provenientes de distintos sectores con posiciones radicalizadas. «A mi oficina vinieron no solamente personas en contra de la Defensoría a decir que se está a favor de los bloqueadores, sino que vinieron los propios bloqueadores, e incluso una facción tomó la oficina», relató Callisaya. El Defensor señaló que este hecho evidencia los riesgos y la presión política y social a la que fue sometida la institución en el ejercicio de su mandato constitucional. En ese contexto, Callisaya remarcó que la Defensoría del Pueblo privilegió en todo momento la búsqueda de una salida pacífica a la conflictividad mediante el diálogo, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N.º 870. No obstante, expresó su preocupación por la debilidad institucional evidenciada durante la crisis, situación que derivó en la transferencia de responsabilidades operativas e institucionales hacia la Defensoría del Pueblo, pese a que estas corresponden, por mandato legal, a los distintos niveles del Estado —nacional, departamental y municipal—, particularmente en materia de prevención y gestión de conflictos. Durante más de 50 días de conflictividad social, la Defensoría del Pueblo desarrolló un amplio trabajo de monitoreo y atención, facilitando espacios de diálogo, promoviendo acciones de ayuda humanitaria y realizando el seguimiento a la situación de personas arrestadas, heridas y fallecidas. La Defensoría del Pueblo de Bolivia es una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditada con la Categoría «A» por su cumplimiento de los Principios de París. Asimismo, el Defensor del Pueblo ejerce el cargo de Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

El encuentro convocado por la Vicepresidencia concluyó con un acuerdo para que la única forma de elegir magistrados es a través de elecciones judiciales. Vicepresidencia celebró la mañana de este jueves la reunión de emergencia a la que convocó para tratar la situación del sistema judicial. A la cita faltó el titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a quien Edmand Lara le dijo que se «extralimitó» con su amenaza de paro. «El presidente del Tribunal Supremo de Justicia se ha extralimitado al hacer esas declaraciones (del llamado al paro), entendemos la crisis de justicia que hay, entendemos que hay que sentarse en una mesa de diálogo para darle al país certidumbre; sin embargo, el propio presidente del TSJ no ha asistido y ni siquiera ha dicho por qué», reprochó el vicepresidente. El lunes (29 de junio), el presidente del TSJ exigió que el Gobierno apruebe un incremento al presupuesto que recibe el Órgano Judicial. Incluso llegó a dar un plazo para recibir respuesta y amenazó con un paro del sistema si su demanda no era atendida. El Ejecutivo inició ayer (miércoles 1) un diálogo con representantes del sistema judicial, con los que se trata un ajuste presupuestario para que el Órgano Judicial ejecute una reforma. La reunión de Vicepresidencia Del encuentro participaron los jefes de bancada de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a excepción de Alianza Unidad y los presidentes de los diferentes tribunales judiciales del país. Sin precisar los nombres ni cargos, Lara apuntó que la reunión contó con la presencia de miembros del TCP, del TSJ del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, «así también los hermanos de los pueblos indígenas, Movimiento Al Socialismo». «El presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien ayer estaba en La Paz, desconocemos las razones por las cuales no ha asistido, eso demuestra una falta de voluntad cuando ellos mismos han solicitado ser atendidos», manifestó la autoridad. Pese a las ausencias de los titulares del sistema judicial, Lara aseguró que la reunión a la que convocó se saldó con un acuerdo para garantizar que la designación de magistrados se haga sólo a través del voto popular. «Se ha llegado a un acuerdo con las fuerzas políticas, de respetar la Constitución Política del Estado, las fuerzas políticas que componen la Asamblea no están de acuerdo que se elija mediante ley a los magistrados del TCP en los cargos acéfalos y en el TSJ, la única fuerza que no ha firmado es Alianza Unidad», señaló el vicepresidente. Lara añadió que también se acordó que se tiene que tratar con urgencia en la Cámara de Diputados los proyectos de ley para el funcionamiento transitorio del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia y que la norma que se apruebe debe precisar la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones judiciales.

La presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, afirmó que no se tiene previsto incrementar el pasaje. Asimismo, señaló que el ente legislativo priorizará la economía y el bolsillo de los ciudadanos. “No se tiene previsto ningún incremento para el pasaje, nosotros nos hacemos una cuestionante: ¿qué mejoras ha hecho el sector transporte en beneficio de las familias cruceñas y bolivianas que viven en este municipio?”, expresó Nayar. Añadió: “nosotros vamos a priorizar al ciudadano, a las familias cruceñas, a las familias bolivianas, que se trasladan dentro de este medio en la ciudad. Así que hay que darle la tranquilidad y certeza de aquello (que no se tiene previsto incrementar pasajes)”. El sector transporte en pasados días anunció que contrataron una consultora para que haga un análisis de costos. Esto con el objetivo de incrementar los pasajes a 4,5 bolivianos. Desde el Concejo Municipal se dejó en claro que no se tiene previsto un alza para este servicio.