2026

La disponibilidad de dólares, una logística que garantice el abastecimiento y una reglamentación clara serán determinantes para que la apertura del mercado de combustibles a la importación por parte de privados tenga resultados concretos. Expertos y representantes del sector coinciden en que el Decreto Supremo N° 5644 que amplía la participación de privados es un paso importante, pero advierten que los resultados de la medida dependerán de tres factores. El 29 de junio, el Gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo N° 5644 que autoriza importar diésel y gasolina a personas naturales y jurídicas privadas tanto para consumo propio como para su comercialización en el mercado interno, y al mismo tiempo mantiene la venta de combustibles subvencionados por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).  “Ya sea que el privado o el Estado, ya sea que YPFB o una empresa privada importe, requiere dólares, y eso pasa por el tipo de cambio”, explicó el experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez en entrevista con el grupo EL DEBER. El experto subrayó que Bolivia importa alrededor del 95% del diésel y cerca del 60% de la gasolina que consume, por lo que el primer desafío sigue siendo el acceso a divisas ya que cualquier empresa interesada en abastecer el mercado deberá contar con dólares para comprar el combustible en el exterior.  Aunque el ingreso de privados al mercado de importación de combustibles para la comercialización puede reducir la presión sobre las reservas internacionales. “Ahora una parte de estos dólares destinados a la importación de combustibles van a salir del sector privado, y el Banco Central de Bolivia (BCB) va a poder ahorrar los dólares que el sector privado aumente. Creo que es una buena medida porque permite introducir competencia en el sector, dejar de depender únicamente de YPFB”, resaltó el exministro de hidrocarburos Álvaro Ríos. No obstante, también se debe considerar la logística como un segundo factor ya que si bien el ingreso de privados ampliará las fuentes de abastecimiento, representantes de las estaciones de servicio sostienen que las demoras en el despacho es uno de los principales problemas a resolver. La gerente de la Asociación de Empresarios Propietarios de Estaciones de Servicio (Asosur) de Santa Cruz, Susy Dorado, aseguró que actualmente las demoras en las plantas de distribución continúan afectando el abastecimiento.  “Lo que se ve se anota, dicen. No podemos ocultar las largas filas que tenemos ahora y esto es debido a las demoras que tiene la logística de YPFB, de parte de nosotros nuestras cisternas están prácticamente durmiendo en la puertas de las plantas para poder ingresar y recoger el producto pero las demoras que tienen, la logística que usan este momento es lo que causa la fila en los surtidores”, señaló. Según la representante del sector, Santa Cruz requiere aproximadamente 3,5 millones de litros diarios tanto de diésel como de gasolina, pero la programación actual no alcanza esos volúmenes. Para los especialistas, la apertura del mercado permitirá diversificar la oferta, aunque el abastecimiento dependerá también de que la cadena logística, desde la importación hasta la distribución en surtidores. Asimismo, se debe considerar como un tercer elemento la reglamentación que debe emitir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), aunque el nuevo decreto autoriza que las estaciones comercialicen simultáneamente combustibles de YPFB e importados por privados, esa posibilidad aún depende de la normativa. Dorado indicó que los surtidores esperan esa reglamentación para conocer los requisitos técnicos y administrativos que deberán cumplir antes de iniciar la comercialización. Estimó que, si la resolución se emite dentro de los plazos previstos y los trámites avanzan con rapidez, los primeros combustibles privados podrían comenzar a venderse durante los primeros días de agosto. El ministro de hidrocarburos Marcelo Blanco dijo que uno de los aspectos que reglamentará la ANH será un precio referencial. “Habrá un precio de referencia establecido por la ANH. Hay una entidad que regula y va a sacar el precio de referencia, si alguien sobrepasa el precio de referencia, primero se verá qué va a decir la normativa, porque se va a establecer un reglamento, además va a ser castigado por el consumidor, si usted ofrece a Bs 100 algo que vende al lado a Bs 50 pesos no lo va a comprar”, expresó. El ministro aseguró que se continuará ofertando en el mercado el combustible subvencionado, con los precios actuales. “Las importaciones que tiene Yacimientos no van a sufrir ninguna alteración en cuanto a precio se refiere”, remarcó.

Una intensa nevada registrada durante el fin de semana golpeó a 12 comunidades del municipio de San Pablo de Lípez, ubicada en el suroeste del departamento de Potosí. El fenómeno dejó incomunicadas varias carreteras, dañó pastizales nativos y provocó la muerte de al menos cuatro cabezas de ganado, según un reporte de Bolivia TV. La Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de San Pablo de Lípez y la Gobernación de Potosí realizan una evaluación para determinar la magnitud de los daños y establecer las acciones de respuesta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta por intensas nevadas con probabilidad de extenderse hasta este lunes en las comunidades de Quetena Chico y Quetena Grande, ambas pertenecientes al mismo municipio. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones en las carreteras y resguardar al ganado ante la persistencia de las bajas temperaturas. Además, analizan medidas de contingencia para mitigar las pérdidas en el sector productivo.

Un total de 3.140 litros de gasolina fueron secuestrados por efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando cuando eran trasladados en una lancha en el lago Titicaca. De acuerdo con un boletín institucional, la operación se realizó en coordinación con la Policía, que procedió a la aprehensión del conductor de la lancha, quien no presentó ningún documento que justifique el traslado del combustible. El aprehendido fue llevado a instalaciones de la fuerza anticrimen para la investigación correspondiente. La lancha interceptada es de color blanco, en la cual se transportaban 157 bidones de 20 litros cada uno, haciendo un total aproximado de 3.140 litros de gasolina. El contrabando de combustible es un factor que afecta a la normal provisión del carburante en el mercado interno. Desde el CEO–LCC se informó que este tipo de operativos se mantendrán activon con el objetivo de frenar el acopio ilegal y la comercialización de carburantes a precios elevados.

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó este viernes sobre la presentación del desistimiento expreso y voluntario del Recurso de Apelación Restringida dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos, en Tarija, ratificando la Sentencia N.° 18/2026 que los había absuelto. La estatal petrolera les inició un proceso penal por las protestas contra la exploración hidrocarburífera Aunque la empresa abandonó esta causa, ratificó la intención de avanzar en el desarrollo del proyecto de exploración. El 9 de mayo se emitió una sentencia absolutoria para los 12 defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, quienes se oponían a las actividades hidrocarburíferas en la zona por la afectación al área protegida. Su defensa fue asumida por abogados que llevaron el proceso ad honorem. Sin embargo, tras el fallo YPFB apeló el dictamen. Daroca indicó que el desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y agregó que YPFB promoverá la suscripción de un Acuerdo Transaccional Extraprocesal para poner fin a la controversia por la vía legal. Afirmó que la decisión responde a la convicción de que el diálogo constituye el mejor camino para compatibilizar el desarrollo energético con los intereses de las comunidades y del país. «Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta», manifestó. La autoridad informó que YPFB gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará de inmediato a las instituciones y comunidades vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico que permitan construir acuerdos y atender las diferentes preocupaciones relacionadas con su desarrollo. El proyecto Tariquía enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en 2022 y al conflicto social generado en torno a las actividades de exploración.