El comisionado de la CIDH y relator de país para Bolivia está de visita en el país en el marco del primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (Meseg)
14 de diciembre de 2023
José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator de país para Bolivia, expuso ayer el primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (Meseg). La investigación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), sobre la vulneración de derechos humanos en la crisis de fines de 2019, emitió 36 recomendaciones.
Caballero remarcó que el Estado cumplió plenamente cuatro de las 15 recomendaciones analizadas en este primer informe de seguimiento, lo que incluye el inciso 2 de la recomendación 16. Las 21 sugerencias restantes serán revisadas en un siguiente informe del Meseg. El comisionado atendió a La Razón y señaló que hay un buen progreso, aunque demandó ahora un avance “más de fondo”.
— Habló del cumplimiento pleno de casi cuatro recomendaciones, ¿cómo califica este avance a casi dos años del Meseg?
— Es una base importante, donde el Estado ha estado abierto al diálogo siempre, con un tono de apertura y un interés en el cumplimiento de las recomendaciones. Y al mismo tiempo sí requerimos ir a más. Hay otras recomendaciones, bastantes, casi todas calificadas de cumplimiento parcial. Entonces, lo que estamos entendiendo es que el Estado sí tiene que avanzar. Ha expedido un plan de reparaciones (para las víctimas) que saludamos, pero hay que implementarlo. Hay que entender que en la medida que se haga un censo puntual, la política pública al respecto, va a ser mucho más eficiente cumplir con esa recomendación, que es visibilizar a todas y cada una de las víctimas.
Y entendemos también que el Estado, en este cumplimiento, tiene que trabajar en cooperación de todas las instancias estatales. No podemos mirar al Estado como el Ejecutivo y las intenciones del Ejecutivo, también tienen que comprometerse la Fiscalía, los tribunales, el Legislativo, para expedir el marco normativo que haga posible la política pública.
Entendemos así el informe del GIE, como un informe dirigido al Estado Plurinacional de Bolivia. Creo que en esto hay una oportunidad muy importante. Tenemos un avance y lo saludamos, lo consideramos, ha sido muy atenta la autoridad, pero tenemos que ir a más, avanzar más de fondo, que los tipos penales se adecuen, etcétera; con más amplitud, para que llegue esto a todas las víctimas
— Cuatro de 36 parece poco…
— Es la pregunta que quisiera que pudiéramos compartir. Es gradual la medida de cumplimiento y hay un año. La comisión está verificando el cumplimiento en muchas recomendaciones y las cuatro de las que hablé son de manera absoluta. Claro, tiene que ver con la gradualidad el cumplimiento que la comisión saludó, atendió y expresó el reconocimiento. El informe viene en este sentido.
El proceso de diálogo que tenemos con este año, con lo que viene en la etapa de las reformas estructurales (planteadas por el GIEI) es consecuente con esta gradualidad. La CIDH no espera que de una y por todas se cumplan de manera absoluta. Quiero ser muy enfático, no es el todo o nada, no son cuatro de 36 en la totalidad, son cuatro de manera absoluta y total, ya calificadas así por la comisión. Por ejemplo, el plan de reparaciones, ya se expidió el plan, ahora hay que implementarlo; sí se avanzó, pero sí falta. Un mecanismo contra la tortura se avanzó. Los procesos penales se avanzó, pero falta. La gradualidad del cumplimiento de las recomendaciones es un tema muy importante. La gradualidad permite a la comisión, saludar, visibilizar pero también impulsar, exhortar (a su cumplimiento).
GIEI
— Se habló de dos años de vigencia del Meseg, el Gobierno boliviano habló de pedir una extensión para cumplir precisamente las recomendaciones emitidas por el GIEI.
— Sí, nosotros lo estamos también viendo así…
— ¿Ya hubo una solicitud oficial del Gobierno boliviano?
— No, todavía, es parte de las conversaciones que tenemos.
— Pero la Meseg ve preponderante una ampliación…
— Claro que sí, sobre todo considerando todo este tema estructural que viene después, como una reforma al Poder Judicial; el acompañamiento en las reformas estructurales es muy importante.
— ¿Cuáles son las trabas para un mayor avance? Usted habló que, por ejemplo, que se precisa un mayor involucramiento de los otros poderes del Estado.
— Esa es una de las trabas. Mayor involucramiento en otros poderes además del Ejecutivo, yo veía eso, porque a veces el terreno legislativo puede ser que permita la operatividad de la política pública, pero creo que es uno de los grandes desafíos. Y también una implementación de la política pública, de las reparaciones a las víctimas; con lo que ya está, ahora creo que sí tenemos que avanzar.
— Aparte de la reparación a las víctimas, las investigaciones y los procesos judiciales son clave, ¿cómo ve este avance en judicial en medio de un ambiente de polarización política y de críticas y crisis de la Justicia?
— Una de las recomendaciones de cumplimiento total fue desestimar todo el tema de la prescripción de la violación de derechos humanos y de la amnistía, ese no es solo un tema de justicia, sino son normas imperativas del derecho internacional, de alta jurisprudencia en materia de derechos humanos en los organismos internacionales; esa es una de las recomendaciones cumplidas. Y en ese sentido, se ha trabajado para llevar (a la Justicia) a las personas que han cometido violaciones a derechos y que han perpetrado crímenes. Hay que avanzar más en los procesos, con todas las personas que han estado involucradas. Eso es muy importante, mandos civiles, mandos militares, etcétera. Y lo vemos como un avance en alguna medida, pero es un desafío fuerte.
— ¿Cómo califica el progreso en los cambios sugeridos en las Fuerzas Armadas y la Policía?
— Son dos actores fundamentales que tienen que estar incorporados en este mecanismo, en tanto la rendición de cuentas como el avance para que puedan ser una Policía y FFAA dedicadas con altos estándares interamericanos.
— ¿Se hizo algún análisis sobre los denominados “presos políticos” por la crisis de 2019?
— La visita in loco tiene más centralidad en ello, se ha hecho alguna consideración de personas que se autoadscriban como presas políticas. Nosotros en esta visita vamos con las recomendaciones del GIEI, puntualmente. Diría que a la par o en simultáneo de esta visita de cumplimiento, este tema del debido proceso se juega mucho en todas las personas que estén privadas de libertad. Nosotros tenemos cuidado para la calificación de personas como presas políticas y tenemos una serie de requisitos cuando los países están en un deterioro institucional muy comprobado, pero la mirada de la comisión está atenta en eso. Yo pediría que salga el informe de la visita in loco y entenderemos por dónde van las cosas.
— Si se puede calificar del 1 al 10, ¿cómo avanzó Bolivia con las recomendaciones?
— Es difícil una calificación. Tendríamos 10 en algunas recomendaciones y algunas todavía con muchos desafíos. No lo puedo absolutizar. Porque ni el mismo GIEI ni el informe lo absolutiza. Y se lo digo con intención expresa, porque uno de los grandes desafíos de Bolivia es salir del clima de polarización. Las sociedades polarizadas hacen esto, es todo o nada, lo absoluto, el blanco o negro, y hay que moverse en la tesitura de las diferentes tonalidades que tienen que ver estos alcances. Vamos gradualmente, algunas cosas se han hecho bien, hay otras que requieren implementarse y está la calificación para un mejor camino. Yo me remito al informe.
Fuente La Razón – MIGUEL GÓMEZ
