Fuente: Ojo Público
La Paz. – El senador Leonardo Loza, e equipo jurídico del MAS-IPSP (Wilfredo Chávez y Cecilia Urquieta), el abogado de Derechos Humanos, Carlos Salguero y familiares de lis detenidos participaron en una audiencia con la Defensoría del Pueblo para exigir la libertad de un centenar de detenidos por protestar contra el gobierno.
Los manifestantes, hombres y mujeres, fueron detenidos en puntos de bloqueos de carreteras, en septiembre pasado, y trasladados hasta La Paz, donde fueron acusados de terrorismo.
El senador Leonardo Loza y los abogados Wilfredo Chávez y Celia Quiroga demandaron a la Defensoría del Pueblo garantías para proteger los derechos humanos de los detenidos y procurar su libertad por las acusaciones infundadas.
El médico Legal de la Defensoría del Pueblo, Marco Quiroga, informó que se realizaron valoraciones médicas de los privados de libertad en cuatro centros penitenciarios de La Paz: Centro de Rehabilitación Femenina de Obrajes; Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha; Centro Penitenciario de Patacamaya y Centro Penitenciario de San Pedro.
Quiroga informó que se acudió a estos centros en diferentes oportunidades para realizar el trabajo con el consentimiento de cada persona. Dio cuenta de que entre las detenidas figura Norma Araca Cruz, embarazada, quien fue detenida en Cochabamba y trasladada al recinto penitenciariario «Centro de Rehabilitación de Obrajes», en la ciudad de La Paz.
También informó que en el penal de Chonchocoro existen tres detenidos que habrían sido torturados en el momento de su aprehensión.
Se visitaron a un total de 59 personas que fueron valoradas y otras 34 habrían rechazado la valoración.
A su vez, el psicólogo de la Defensoría señaló que una persona con autismo fue detenida en los operativos de septiembre, llevados a cabo por el Ministerio de Gobierno en Cochabamba.
En la audiencia, en la cual no participó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, los funcionarios de la Defensoría expresaron su compromiso de continuar con sus visitas, monitoreo y seguimiento a los debidos procesos.
A su vez, el abogado de Derechos Humanos, Carlos Salguero, puntualizó que la Defensoría tiene que valorar y pronunciarse porque el gobierno está cometiendo excesos”.
Según el abogado, desde el mes de octubre del año 2023 se registraron más de 90 personas fueron privadas de libertad solo por manifestar su disconformidad contra el actual gobierno. Estas personas sufren maltratos además de cobros indebidos en los centros penitenciarios, agregó
A su turno, el abogado Wilfredo Chávez afirmó que las retenciones tienen un trasfondo político ya que se quiere involucrar a Evo Morales.
También dijo que le llama la atención que hasta ahora no se vea un informe sobre violaciones a los DD.HH y garantías constitucionales violadas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La abogada Cecilia Urquieta, presente en la Audiencia, se refirió a la grave crisis institucional y las vulneraciones a los Derechos Humanos por la detenciones arbitrarias de ciudadanas y ciudadanos sin debido proceso, trasladas de su jurisdicciones, golpeados, incluso con una mujer gestante, una persona con cáncer terminal, otra autista que han sido recluidos en un penal.
Urquieta manifestó su preocupación por la falta de un informe formal por parte de la Defensoría hasta ahora.
También informó que en enero próximo se tendrá la presencia de organismos de Derechos Humanos en Bolivia.
Por su parte, el senador Leonardo Loza exigió un informe oficial por escrito a la Defensoría del Pueblo y afirmó que «el gobierno de Lucho y David ejerce presión para crear miedo en la población y las organizaciones sociales».
Loza denunció que llegaron notas dando cuenta de amenazas a los privados de libertad por denunciar cobros irregulares en los diferentes recintos penitenciarios.
Expresó, asimismo, su extrañeza acerca de la actitud de la Defensa Pública que estaría sugiriendo e induciendo que los detenidos se sometan a un procedimiento abreviado.
En su opinión, esto implicaría el reconocimiento del ilícito de terrorismo y otros cuando claramente se observa que las detenciones son estrictamente políticas sin sustento jurídico.
Por otra parte los familiares manifestaron su disconformidad con el actuar de la Defensoría del Pueblo, acusándola de apañar al gobierno. Denuncian que los procesos que se están realizando son netamente políticos y le exigen pronunciarse para que el mundo se entere lo que realmente está sucediendo en Bolivia.
