Silvia Tapia, defensora del excomandante Juan José Zúñiga, encendió las alarmas este jueves al denunciar que su cliente sufre una «muerte lenta programada» en el penal de El Abra. Según la abogada, las autoridades penitenciarias implementan un sistema de tortura psicológica contra el militar detenido, como represalia por sus declaraciones a medios sobre los sucesos del 26 de junio de 2024.
«Lo tienen en una celda de 3×2 metros sin ventanas, sin luz natural, sin acceso a alimentos básicos ni agua potable. Le quitaron hasta sus libros y radio durante las requisas», relató Tapia con crudeza. La situación sería aún más grave: funcionarios del penal estarían azuzando a otros reclusos contra Zúñiga, culpándolo de los operativos de requisa que afectan a toda la población carcelaria.
La defensa detalló que las medidas van más allá de los 30 días de sanción por uso de celular: «Es un intento deliberado por quebrarlo mentalmente para sustentar la teoría de que ‘está loco'». Incluso las visitas legales se realizan en condiciones de riesgo, pues obligan a la abogada a ingresar directamente a la celda del exgeneral, exponiéndola al ambiente carcelario.
Tapia anunció acciones constitucionales para revertir este «trato cruel e inhumano», mientras espera la visita de senadores que prometieron verificar las condiciones de detención. El caso revela el nivel de tensión que rodea al principal acusado por los eventos de Plaza Murillo, cuyo testimonio podría reabrir heridas políticas a cinco meses de las elecciones.
Mientras el gobierno insiste en que Zúñiga recibe «trato digno», organismos de derechos humanos preparan un informe sobre las denuncias. El penal de El Abra, conocido por sus condiciones extremas, se convierte nuevamente en el centro de una batalla jurídica y política que trasciende las rejas.
