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Primero, antes que nada, recomiendo a quien quiera formarse una opinión propia que lea la Ley 1341. Son apenas 11 páginas, estructuradas en capítulos y artículos, y escritas en un lenguaje relativamente simple y entendible. Desde luego, antes de eso, también conviene leer los artículos 137 al 140 de la Constitución Política del Estado, donde se establece la figura de los estados de excepción. Segundo, es importante recordar que los estados de excepción están establecidos en la Constitución Política del Estado. La abrogación integral de la Ley 1341 se justificó bajo el argumento de que esta impedía su uso frente a conflictos sociales internos. Aquello apunta en particular, al parágrafo II del artículo 24 de la Ley 1341, que señalaba que los “conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades u obligaciones financieras, por sí solas o por su subjetiva vinculación a entidades externas, no serán justificativos para la declaratoria de este tipo de estado de excepción”. Tercero, si ese hubiese sido el verdadero problema para el Legislativo, correspondía modificar ese artículo específico, no abrogar toda la Ley 1341. Sin embargo, al eliminarla en su integridad, lo que se hizo fue borrar un conjunto amplio de salvaguardas de derechos humanos, controles institucionales y mecanismos de balance de poder frente a cualquier Ejecutivo que pretenda dictar medidas bajo un estado de excepción. Eso constituye un retroceso gravísimo, porque abre la puerta a violaciones de derechos humanos y debilita justamente las herramientas que permiten fiscalizar, documentar y exigir responsabilidades cuando esas violaciones ocurren. Cuarto, para dar algunas ideas concretas de lo que incluía la Ley 1341, y que cuesta creer que alguien quiera restringir, menciono tres elementos básicos. En los artículos 12 y 16 de la Ley 1341, el Ejecutivo estaba obligado a informar y rendir cuentas, mediante informes públicos, ante diferentes instancias del Estado, como la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público. Esos informes debían dar cuenta de las medidas adoptadas, los recursos utilizados y las facultades ejercidas. Además, si el informe final era rechazado por la Asamblea Legislativa, podían iniciarse los procesos de responsabilidad correspondientes. Esto es básico para evitar excesos y garantizar un mínimo balance de poderes cuando se asume una medida tan delicada como un estado de excepción. En el artículo 13, la Ley 1341 reiteraba la no exoneración de responsabilidades individuales de civiles, militares y policías que, durante un estado de excepción, vulneraran derechos humanos. En otras palabras, podían ser sancionados administrativa, civil y penalmente. Este punto es esencial para que, en caso de abusos, sea posible buscar justicia en un país donde muchas veces la justicia casi nunca alcanza a las autoridades que abusan de su poder. En el artículo 17, la Ley 1341 reforzaba el rol de la Defensoría del Pueblo. Establecía que su trabajo no podía suspenderse, que debía elaborar informes sobre la vigencia de los derechos fundamentales y que ninguna institución pública podía negarle acceso a información alegando reserva, confidencialidad o secreto de Estado. Es un elemento básico para que funcionen los mecanismos mínimos de queja, fiscalización y salvaguarda de derechos humanos. Ahora bien, con eso en mente, hay que recordar el contexto histórico. En Bolivia, las Fuerzas Armadas tienen un largo historial de violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones, violencia sexual y represión política. Ese riesgo aumenta todavía más en episodios donde se restringen garantías constitucionales, como ocurre bajo estados de excepción. También hay que recordar que la última vez que se dictó lo que, antes de la nueva Constitución Política del Estado, se denominaba estado de sitio, fue en 2008, durante el gobierno de Evo Morales, cuando los militares intervinieron en Pando frente a la toma de instituciones públicas. El resultado fue un baño de sangre. Ese hecho fue denunciado en su momento por la oposición como una grave violación de derechos humanos y hasta el día por la falta de marco normativo no pudieron evidenciar si así fue frente a la justicia boliviana, y menos aún obtener algún tipo algun tipo de sentencia o medida de justicia en ese sentido, de haber sido el caso. Esta medida deja demasiado poder y posibilidad de impunidad a quien sea que nos esté gobernando. ¿Se imaginan el incendio político y social que se habría generado si Arce hubiese dictado un estado de excepción durante los 36 días de paro en Santa Cruz en 2022? Con eso en mente, los senadores y diputados que votaron a favor de esta abrogación, así como el Presidente que promulgó la norma en plena noche, tendrán que mirarse al espejo y asumir lo que hicieron: debilitaron el marco normativo de derechos humanos del país en uno de los momentos en que más se necesitaban controles. Si mañana se cometen abusos, si se usa la fuerza de manera desproporcionada, si se impide fiscalizar, si no se logra establecer quién dio las órdenes y quién las ejecutó, no podrán decir que no sabían. La Constitución, en su artículo 139, establece que los estados de excepción deben ser regulados por ley. Hoy nos han quitado esa regulación, y sin esa regulación, el uso del estado de excepción queda jurídicamente debilitado, políticamente más peligroso y democráticamente mucho más oscuro. Este gobierno, al igual que los anteriores, ha demostrado un profundo desapego por la Constitución y una preocupante incapacidad para resolver los problemas del país mediante diálogo, propuestas programáticas inclusivas y medidas reales de protección social. Sacar militares a actuar frente a movilizaciones sociales nunca ha resuelto los conflictos de fondo; apenas los cubre con miedo, violencia y resentimiento. Los militares no están entrenados para resolver conflictos sociales. Su formación, bastante precaria además, está pensada para la guerra y la protección de fronteras, tareas en las que el propio Estado tampoco ha mostrado grandes resultados. Pretender que sean la respuesta a una protesta social es confundir defensa nacional con control político interno, y esa confusión suele pagarse con derechos vulnerados. En un momento de crisis, cuando el gobierno se prepara

Un informe indica que el ministro de Obras Públicas fue víctima de una emboscada. Oficialmente se desconoce su paradero. APG confirmó la autoría de la fotografía, en la cual no está la autoridad. La información de que la comitiva encabezada por el ministro Mauricio Zamora Liebers fue emboscada en la localidad paceña de Copata está acompañada de una imagen en la cual se ve a la autoridad en medio del conflicto; sin embargo, el contenido es engañoso. Se trata de un montaje. En la imagen se ve al ministro en medio de una humareda, donde diferentes personas corren por detrás, como si se tratara de gasificaciones. “Emboscan la caravana del ministro Zamora en Copata y se desconoce su paradero”, titula El Deber en su sitio web y en sus páginas oficiales en las redes sociales. Tras la publicación de este titular, diferentes medios difundieron la noticia que iba acompañada de dicha imagen. Otros medios de comunicación digitales utilizaron la misma imagen: Asuntos Centrales, Los Tiempos, DTV, Red Yungas, John Arandia Periodista, Pepe Pomacusi Periodista, Revista Muy Buenos Días, Palenque TV 6.1, Encontrados con Gonzalo Rivera y Voz en Sintonía, entre otros. Montaje La imagen fue sometida a diferentes herramientas de verificación digital y de inteligencia artificial. Se pudo constatar que no tiene rastros de haber sido creada con inteligencia artificial, pero sí se identificaron modificaciones que indican una alteración o edición. Análisis forense con Fake Image Detector, donde se constata que hubo una alteración a la fotografía original. En el análisis forense digital  se establece con un porcentaje del 73% que la imagen fue modificada. Imagen es de la carretera a Oruro Desde APG Noticias le confirmaron a nuestra redacción que la fotografía original es de esta agencia, la cual fue publicada este sábado 23 de mayo a las 15:42 en su sitio web y páginas oficiales en las redes sociales. “Efectivos de la Policía continúan con el desbloqueo en la carretera a Oruro en el marco del plan “Corredor Humanitario’; en algunos tramos hubo incidentes con manifestantes”, indica el texto que acompaña a esta y otras fotografías tomadas por Francisco Rivero de la Agencia  de Prensa Gráfica (APG) que reflejan ese hecho ocurrido este 23 de mayo. Al comparar ambas imágenes, se pueden notar los mismos elementos, como la mujer con una carretilla, los hombres con cascos y bicicletas, entre otros, con la única diferencia de que el cuerpo fue sobrepuesto digitalmente con el rostro de Zamora. Nuestra redacción tuvo contacto con algunos medios que publicaron la imagen montada, cuyos jefes de edición indicaron que la consiguieron de un grupo de prensa en WhatsApp. “Alguien la pasó a ese grupo”. En contacto con nuestra redacción, El Deber negó la autoría de la foto, como señalan en su descripción diferentes medios, e incluso borró la imagen de sus sitios oficiales al constatar que se trata de un montaje. Por todo lo expuesto, se puede constatar que la imagen que circula del ministro Zamora en medio del conflicto es un montaje. La fotografía original muestra un desbloqueo en la carretera a Oruro. Sobre la misma imagen circularon otros montajes, donde se sitúa al ministro en diferentes sitios del conflicto. Situación del ministro Zamora La información oficial es que el ministro fue emboscado por una turba a la altura de la localidad de Copata cuando encabezaba la caravana del corredor humanitario para abastecer de alimentos a las ciudades de El Alto y La Paz. El Deber informó que un contingente militar y policial de unos 2000 efectivos salió desde la sede de Gobierno rumbo a Oruro con la intención de despejar la carretera y permitir la llegada y salida de vehículos con alimentos. A mitad de la mañana, diversos grupos de bloqueadores atacaron la caravana en puntos como La Ventilla o Achica Arriba. Hasta el cierre de edición de esta verificación, desde Palacio de Gobierno no se confirmó la situación en la que se encuentra el ministro. Allegados al ministro en la ciudad de Tarija confirmaron a Bolivia Verifica que la autoridad se encuentra “a buen recaudo”. Posteriormente, Zamora tuvo contacto con diferentes medios de comunicación como El Deber, donde confirmó que actualmente se encuentra fuera de peligro. Fuente: Bolivia Verifica

Desde la madrugada de este sábado, militares y policías avanzan en la habilitación del corredor humanitario que gestionó el Presidente Rodrigo Paz para que ingresen alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos a La Paz y El Alto. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora coordina los operativos. A las 09:00, el ministro Zamora ya estaba en la Apacheta, horas antes se encontraba en la Ceja. “La idea es mantener el diálogo, nos vamos a acercar a cada punto de bloqueo, vamos a dialogar con la gente que está bloqueando, y vamos a abrir este corredor humanitario para que la ciudad de La Paz, El Alto y toda Bolivia ya tenga tranquilidad, que entren alimentos, combustible y oxígeno a los hospitales”, afirmó. “Lo que queremos los bolivianos es vivir en paz”, remarcó el titular de Obras Públicas, quien es acompañado por personal y maquinaria pesada de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Dijo que se reunieron con varios sectores y seguirán insistiendo en llegar a consensos con los movilizados. Militares, policías, maquinaria de la ABC avanzan con banderas blancas en la ruta La Paz-Oruro y desde el departamento vecino, también hay otro contingente para que los camiones, buses y cisternas puedan pasar. “La idea es que con eso liberamos las vías y pasen camiones con alimentos y combustible”, dijo el ministro Zamora.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que, pese a algunos incidentes y personas disconformes durante el recorrido, no se registraron conflictos graves. “Nada es perfecto en la vida, pero estamos avanzando muy bien”, concluyó El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó este sábado que el Gobierno volverá a dialogar con los sectores movilizados que reinstalaron bloqueos en Senkata y La Ceja de El Alto, mientras continúa el operativo humanitario en la carretera La Paz-Oruro. “Estamos avanzando, no es fácil, pero dentro de la evaluación estamos bien. Ya estamos en camino a Oruro, la idea es encontrarnos con el otro operativo y retornar a La Paz”, señaló la autoridad durante un contacto con RED UNO desde el sector de Mazo Cruz. El operativo busca garantizar el ingreso de alimentos y combustible mediante un corredor humanitario resguardado por efectivos policiales y militares, además de transportistas y cisternas que forman parte de la caravana. Zamora explicó que se organizó el desplazamiento vehicular para facilitar el avance del contingente. “Hay cisternas y camiones que van por el lado derecho y todo el operativo por el lado izquierdo”, detalló. Sin embargo, mientras el convoy avanzaba hacia Oruro, se reportó la reactivación de puntos de bloqueo en Senkata y La Ceja. Ante ello, el ministro reconoció que el escenario era previsible y aseguró que el Ejecutivo volverá a buscar acercamientos con los movilizados. La autoridad también indicó que el Gobierno evalúa nuevas acciones para sostener el operativo. “Hay que ver las estrategias, tenemos que continuar hasta el final”, afirmó. Fuente: RED UNO

En fecha 21 de mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de Desaguadero, realizó gestiones para garantizar atención médica a integrantes de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alasitas (FENAENA), quienes quedaron varados en el municipio de Desaguadero debido a los bloqueos registrados en distintos tramos carreteros del país. Los artesanos viajaron a la ciudad de Puno, República del Perú, con la finalidad de representar a Bolivia en una feria internacional; sin embargo, a su retorno no pudieron continuar su viaje hacia la ciudad de La Paz debido a las medidas de presión y la interrupción del tránsito vehicular.  El Coordinador Regional de Desaguadero de la Defensoría del Pueblo, José León, informó que gran parte de las personas afectadas pertenece al grupo de adultos mayores y presenta enfermedades de base, situación que dificulta su traslado a pie hacia la ciudad de La Paz y pone en riesgo su salud e integridad física.  “Se ha evidenciado que varios de los artesanos son personas adultas mayores y algunas presentan problemas de salud, por lo que corresponde activar acciones humanitarias y de atención médica inmediata para resguardar su integridad”, señaló la autoridad defensorial.  Ante esta situación, y considerando la conflictividad social que atraviesa el país, el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, a través de su Alcalde Municipal, habilitó dos ambientes municipales para acoger temporalmente a los integrantes de FENAENA mientras permanezcan varados en ese municipio. En ese marco, José León informó que la Defensoría del Pueblo realizó las coordinaciones correspondientes con el Centro de Salud de Desaguadero para brindar atención médica a las personas afectadas en el lugar donde actualmente se encuentran hospedadas.  “Como Defensoría del Pueblo estamos realizando el seguimiento permanente a esta situación, priorizando la protección de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad”, afirmó.  La institución defensorial continuará realizando el seguimiento correspondiente, velando por la protección y vigencia de los derechos humanos, especialmente de las personas adultas mayores y de grupos en situación de vulnerabilidad.