Bloqueadores atacaron vehículo con reos peligrosos y casi provocan su fuga

La Dirección del Régimen Penitenciario denunció este miércoles que grupos violentos que bloquean en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra atacaron ayer, martes, a un bus que trasladaba a 13 reclusos a sus audiencias presenciales.

El ataque, de acuerdo con la oficina estatal que depende del Ministerio de Gobierno, “pudo haber provocado la fuga de los privados de libertad”.

“Un grupo violento apostado en la rotonda de la Madre India y segundo anillo, atacó el bus de Régimen Penitenciario agrediendo física y verbalmente al personal policial y poniendo en peligro el resguardo de los privados de libertad que aprovechando la agresión podían haberse fugado de sus custodios”, denunció Régimen Penitenciario, mediante un comunicado.

Los 13 privados de libertad, según informe oficial, fueron trasladados a sus audiencias judiciales presenciales en el Palacio de Justicia de la capital cruceña cuando los movilizados, a su retorno a los centros carcelarios, destrozaron los retrovisores del motorizado.

El vehículo logró retornar al Palacio de Justicia y ahora los 13 privados de libertad se encuentran en celdas de sus instalaciones.

Ante la gravedad de la situación, la Dirección del Régimen Penitenciario exhortó a los movilizadas afines a los cívicos a dejar transitar los vehículos de la institución.
“Hacemos un llamado a aquellas personas que se encuentran bloqueando las calles cruceñas en apoyo a un paro cívico que atenta contra el cumplimiento de las normas y la paz social de los bolivianos”, señala el comunicado.

La ciudad de Santa Cruz cumple este miércoles 33 días de paro cívico promovido por el Comité Interinstitucional, el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

La dirección departamental de Régimen Penitenciario afirma que durante los 32 días de paro “se cumplió y garantizó la presencia de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación de Palmasola a sus respectivas audiencias judiciales, ello enmarcado en el respeto al derecho a la defensa y en el cumplimiento a la Ley 2298 de Ejecución de Penas y Supervisión”.

Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)