Economía

Washington, D.C.: Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por la Sra. Joana Pereira, sostuvo conversaciones con las autoridades bolivianas en Bolivia y en Washington, D.C., entre mayo y julio de 2026 sobre un posible Servicio Ampliado del FMI (SAF). Al concluir las deliberaciones, la Sra. Pereira emitió la siguiente declaración: “Las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un programa de 36 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente US$1.900 millones, equivalentes a DEG 1.369 millones, o 570 por ciento de la cuota, destinado a respaldar el programa de reformas económicas del gobierno boliviano. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y a la implementación de las acciones previas acordadas. “Se espera que el programa respaldado por el FMI ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de al menos US$ 5.000 millones durante el período del programa. “Bolivia ha enfrentado importantes desafíos macroeconómicos en los últimos años, provocados por déficits fiscales persistentes, la disminución de la producción de hidrocarburos, la reducción de las reservas internacionales, una elevada inflación y distorsiones en los mercados cambiarios y de productos. Estos desequilibrios han limitado la actividad económica, incrementado las vulnerabilidades externas y erosionado los ingresos reales.  El nuevo gobierno ha puesto en marcha un plan de reformas para abordar estos desafíos y restablecer la estabilidad macroeconómica. El programa respaldado por el FMI está diseñado para apoyar estos esfuerzos, fortalecer la resiliencia y contribuir a encauzar la economía hacia una trayectoria de crecimiento sostenible y generador de empleo”. “Los elementos clave del programa de las autoridades del gobierno boliviano incluyen: “Restablecer la sostenibilidad fiscal. Las reformas fiscales buscarán situar la relación deuda pública/PIB en una firme trayectoria descendente. La mejora necesaria del balance del sector público no financiero se centrará en la racionalización del gasto —mediante una mayor focalización y eficiencia de este, al tiempo que se incrementa la protección social— así como en la movilización de ingresos y el fortalecimiento de las instituciones fiscales para respaldar la planificación, la gestión de las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. “Fortalecer las redes de protección social. Se asignarán recursos presupuestarios adicionales al gasto en protección social para garantizar que la consolidación fiscal no recaiga sobre los pobres y los más vulnerables. Los esfuerzos también se centrarán en mejorar la prestación y focalización de los programas sociales, aumentar la eficacia de la red de protección social, reducir la informalidad y generar mejores oportunidades de empleo. “Modernizar el régimen monetario y cambiario. Las recientes medidas adoptadas por las autoridades del gobierno boliviano para ajustar la política monetaria, fortalecer el marco monetario y avanzar hacia un régimen cambiario más flexible son esenciales para respaldar la estabilidad de precios, eliminar las distorsiones del mercado cambiario y reconstruir las reservas internacionales. Las reformas seguirán apoyando el desarrollo de un sistema cambiario basado en el mercado y fortaleciendo la eficacia de la política monetaria, como primeros pasos hacia la futura adopción de un régimen de metas de inflación. Las autoridades del gobierno boliviano mantienen su compromiso de preservar el financiamiento monetario cero del déficit fiscal y fortalecer la gobernanza y la autonomía operativa del banco central. “Reforzar la resiliencia del sector financiero. Se adoptarán medidas para fortalecer la supervisión financiera y la preparación y anticipación de posibles crisis. Las reformas se centrarán en alinear los marcos regulatorios y de supervisión de Bolivia con las mejores prácticas internacionales, mejorar los marcos de resolución bancaria y seguro de depósitos, fortalecer el monitoreo de los riesgos bancarios y sistémicos —incluida una mayor coordinación interinstitucional—, profundizar los mercados financieros y reforzar los marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Mejorar la competitividad, la gobernanza y la productividad. Las autoridades del gobierno boliviano impulsarán reformas integrales para mejorar el clima de negocios, reducir las distorsiones en los mercados de productos y fortalecer las instituciones. Las medidas también buscarán mejorar la eficiencia de la inversión pública y fortalecer los marcos legales para promover la inversión privada, liberando así el potencial de crecimiento de Bolivia. El programa también respaldará las iniciativas dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas, mejorar las prácticas de contratación pública y reforzar los marcos de lucha contra la corrupción. “El equipo del FMI desea agradecer a las autoridades del gobierno boliviano y a los demás interlocutores por las conversaciones constructivas y productivas. Tras la implementación de las acciones previas acordadas, el acuerdo será sometido a la consideración del Directorio Ejecutivo del FMI.” Departamento de Comunicaciones del FMI RELACIONES CON LOS MEDIOS OFICIAL DE PRENSA: Fernando Puchol TELÉFONO:+1 202 623-7100CORREO ELECTRÓNICO: MEDIA@IMF.org

Los avicultores dejaron atrás varios meses de ventas por debajo de sus costos, pero la CAO advierte que la persistente escasez de diésel vuelve a poner en riesgo la producción, el abastecimiento de alimentos. Después de varios meses de vender por debajo de sus costos de producción, los avicultores volvieron a registrar márgenes positivos gracias al incremento del precio del pollo en los mercados. Sin embargo, el alivio podría durar poco. La persistente escasez de diésel y el incremento de los costos logísticos mantienen en alerta al sector agropecuario, que advierte que las dificultades para acceder al combustible vuelven a poner en riesgo la producción y el abastecimiento de alimentos. El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (Avipar), Winston Ortiz, explicó que el nuevo nivel de precios permite al sector recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante los últimos meses, cuando el pollo se comercializó por debajo de su costo de producción. Según el dirigente, la sobreoferta, los bloqueos de carreteras y el encarecimiento de los insumos obligaron a muchas granjas a operar con márgenes negativos durante un periodo prolongado. Ortiz aclaró que el incremento no representa una ganancia extraordinaria, sino un retorno a niveles que permiten cubrir costos y mantener la actividad. Añadió que numerosas empresas postergaron inversiones y absorbieron pérdidas para sostener la producción, por lo que la recuperación financiera todavía es parcial. Ese escenario preocupa porque coincide con una nueva etapa de dificultades para conseguir diésel. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que la escasez del combustible ya compromete el normal funcionamiento de las cadenas productivas y puede traducirse en una menor oferta de alimentos y nuevos incrementos de precios para el consumidor. La entidad recordó que el abastecimiento oportuno de diésel resulta indispensable para la siembra, la cosecha, el funcionamiento de maquinaria agrícola y el transporte de la producción hacia los centros de consumo. Sin ese insumo, las actividades agropecuarias enfrentan mayores costos, retrasos operativos y una menor capacidad para responder a la demanda del mercado. La advertencia coincide con los reclamos de distintos sectores productivos, que en las últimas semanas denunciaron incumplimientos en los compromisos de abastecimiento asumidos por el Gobierno. Productores cañeros, agricultores y transportistas sostienen que las demoras para cargar combustible afectan la logística, reducen la productividad e incrementan los costos de distribución. En el caso de la avicultura, el diésel es esencial para trasladar alimento balanceado a las granjas, movilizar aves hacia los centros de faeneo y distribuir carne de pollo a los mercados. Cualquier interrupción en esa cadena termina repercutiendo en los costos de producción. Los avicultores consideran que el mercado comenzó a corregir una etapa excepcional de pérdidas, pero advierten que la estabilidad aún es frágil. Si el abastecimiento de diésel no se normaliza, la recuperación de la rentabilidad podría verse nuevamente comprometida por el aumento de los costos operativos. El panorama refleja que la rentabilidad del sector ya no depende únicamente del comportamiento de los precios, sino también de la capacidad del país para garantizar un suministro regular de combustibles. Mientras el pollo vuelve a generar ingresos para los productores, la incertidumbre sobre el diésel mantiene abierta la posibilidad de una nueva presión sobre la producción agropecuaria.

Mientras el Trópico sigue asociado a la coca, miles de productores sostienen una cadena agroexportadora que abastece a Argentina, Uruguay y Chile. El sector genera miles de empleos, pero enfrenta bloqueos, falta de financiamiento y escaso apoyo El primer racimo cae sobre los hombros del cosechador mientras la humedad de la mañana aún cubre las hojas del bananal. A pocos metros, otro grupo selecciona cuidadosamente la fruta que recorrerá más de 2.000 kilómetros, desde Chimoré los supermercados de Argentina, Uruguay y Chile. El movimiento es constante no falta trabajo.  Y cada racimo debe cumplir un protocolo casi quirúrgico antes de abandonar el Trópico de Cochabamba. En esta industria no hay improvisaciones. Sin embargo, esta escena cotidiana permanece opacada por una imagen que durante décadas definió a la región: la coca. El Chapare carga con un estigma que opaca otra realidad.  Pero lejos del debate político y de los titulares asociados al narcotráfico, más de 30.000 familias han construido, con orgullo, una economía legal que exporta, genera divisas y sostiene miles de empleos. La banana se ha convertido en una de las principales cartas de presentación de esta región y, según productores y especialistas, su verdadero potencial apenas comienza a vislumbrarse. La Asociación de Productores de Banano (Asproban) es la raíz de esta historia que comenzó en 1990, cuando un grupo de agricultores decidió apostar por un cultivo que entonces parecía una alternativa modesta. Más de tres décadas después, ese esfuerzo derivó en Expaca, una empresa exportadora integrada actualmente por 22 productores que cultivan alrededor de 130 hectáreas y envían fruta cada semana a Argentina, Uruguay y Chile. Pero la empresa representa es una parte de una actividad mayor. De acuerdo con Javier Vilcaez, presidente de Asproban y Expaca, alrededor de 30.000 familias dependen de la cadena bananera en el Trópico de Cochabamba. “Tenemos que hacer conocer que el Trópico no es solamente coca”, afirma. Para el dirigente, esa percepción limita el reconocimiento de una actividad que durante años ha logrado abrir mercados internacionales gracias al cumplimiento de estrictos estándares de calidad. “La primera fuerza de exportación de banano está en el Trópico. Traemos divisas para el país”, resume el productor. En un momento en que Bolivia enfrenta una marcada escasez de dólares, la importancia de las exportaciones adquiere un peso estratégico. Cada contenedor que cruza la frontera representa ingreso de divisas frescas para la economía nacional, un aporte que el sector considera insuficientemente valorado por las políticas públicas. Pero el sector aún está lejos de alcanzar su techo productivo.Vilcaez sostiene que la principal barrera no es la falta de tierra ni de condiciones climáticas, sino el poco financiamiento. Con créditos adecuados y programas de incentivo, asegura que la superficie cultivada podría ampliarse de forma considerable, incrementando también la oferta exportable. Esa visión es compartida por el ingeniero agrónomo ecuatoriano José Fernando Espinosa, quien durante años ha trabajado en una de las industrias bananeras más desarrolladas del mundo. Su diagnóstico es contundente: el problema de Bolivia no está en la calidad de la fruta. “Bolivia tiene la misma calidad que Ecuador”, sostiene. Y va más allá: “Tenemos mejor banano, incluso más dulce que Ecuador”. La diferencia, radica en las condiciones que rodean al productor. Mientras Ecuador convirtió al banano en uno de los pilares de su economía exportadora —con ventas externas que oscilan entre $us 2.500 y 2.800 millones al año—, Bolivia enfrenta limitaciones que restringen su crecimiento. Entre ellas identifica el escaso apoyo estatal, las dificultades para acceder a financiamiento, los elevados costos logísticos, los bloqueos de carreteras y la reducida cantidad de mercados internacionales abiertos para la fruta boliviana. Aun así, considera que el potencial es enorme. Menciona que en Ecuador existen 200.000 hectáreas de producción bananera, mientras que en Bolivia la producción alcanza a 7.000. Si el país logra consolidar políticas de apoyo y abrir nuevos destinos comerciales, especialmente hacia Europa y Rusia, la producción podría incluso triplicarse. “Si eso pasa el país tranquilamente puede llegar a las mismas hectáreas de Ecuador”, dijo. El impacto económico del banano trasciende las parcelas agrícolas. Según el productor Néstor Chura, cerca de 18.000 familias viven directamente del cultivo y alrededor de 17.000 productores participan en la actividad.Pero el empleo no termina en las plantaciones de bananas. Cada hectárea requiere mano de obra permanente para labores de mantenimiento, fertilización, control fitosanitario y cosecha.  A ello se suman jornaleros, trabajadores de plantas de empaque, transportistas, clasificadores, exportadores, operadores logísticos y comerciantes. Por ejemplo, una sola plantación bananera de 1.000 hectáreas puede generar alrededor de 800 empleos directos y más de 1.500 puestos de trabajo si se considera toda la cadena productiva, desde el campo hasta la exportación.  Proceso de cosecha El recorrido de un racimo de banana no concluye cuando es cortado. El proceso es industrial. Cada fruta atraviesa un riguroso proceso de selección antes de ser autorizada para la exportación. Los técnicos verifican que el fruto tenga un calibre mínimo de 39 y que la longitud alcance al menos 19 centímetros. Incluso inspeccionan el estado de maduración de la pulpa y descartan cualquier fruta que presente golpes, rayaduras o defectos estéticos. Solo entonces comienza la etapa de postcosecha. Los racimos son desmanados, nuevamente clasificados, fumigados con productos autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y cuidadosamente empacados. Cada contenedor transporta 1.000 cajas, equivalentes a unas 22 toneladas de banana. Durante el trayecto internacional la fruta viaja refrigerada a 13 grados centígrados para preservar su calidad hasta llegar a los mercados de Argentina, Uruguay y Chile. Los obstáculos  Aunque la demanda de esta fruta existe en el mercado global, el crecimiento enfrenta obstáculos ajenos al control de los productores.Los bloqueos de vías figuran entre las principales amenazas. Vilcaez calcula que las últimas interrupciones provocaron pérdidas de entre $us 6 y 8 millones debido a contratos incumplidos, retrasos logísticos y fruta que no logró llegar a destino. Para un producto perecedero, cada día de cierre representa pérdidas difíciles de recuperar. Según los productores, perder un racimo por los bloqueos equivale a perder un año de trabajo. Néstor Chura añade otros factores igualmente determinantes. Las inundaciones y los desbordes de ríos afectan periódicamente las plantaciones, mientras la escasez de

“Garantizar el abastecimiento del combustible no es un favor, es una obligación del Estado boliviano y hasta ahora no se ha estado cumpliendo”, reclamó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, en un contexto en el que crece la desesperación en el sector por las fallas en el abastecimiento de diésel. Desde hace varias semanas el sostiene que la persistente escasez de diésel mantiene paralizadas parte de las labores agrícolas y advierte que, si el problema continúa, en los próximos meses podría reducirse la oferta de alimentos. La preocupación del sector se produce en un momento en que las filas en los surtidores continúan y el diésel sigue sin llegar con regularidad al área rural, donde el combustible es indispensable para sembrar, cosechar y transportar la producción. “Las filas siguen, los camiones están parados y el combustible no está llegando al campo”, resaltó el presidente de la CAO. “Este es un tema serio y el campo está muy preocupado. Y no estamos pidiendo una concesión para el sector. Necesitamos diésel para los alimentos que requieren todas las familias bolivianas”, agregó La advertencia de la CAO coincide con un escenario en el que el Gobierno busca normalizar el suministro. YPFB informó este viernes que inició la descarga de 48 millones de litros de diésel en la Terminal Marítima Sica Sica, en Arica, Chile, luego de que las condiciones de marea permitieran el amarre del buque transportador. YPFB sostuvo que el ingreso de combustible desde Arica forma parte de una estrategia de importaciones diversificada que también incluye despachos desde Paraguay, Iquique, Argentina y Mejillones. Como parte del fortalecimiento de esa logística, YPFB anunció que a partir de fin de mes incorporará dos nuevas modalidades de importación: el ingreso fluvial y ferroviario por Puerto Quijarro, con un aporte estimado de un millón de litros diarios, y la importación mediante el Sistema Sur de Ductos. Fuente: UNITEL

En el primer semestre de este 2026, Bolivia recibió $us 1.217,8 millones en desembolsos de créditos externos y pagó por el servicio de la deuda externa pública $us 1.284,9 millones, revelan datos del Banco Central de Bolivia (BCB). El informe detalla que los desembolsos que captó el país en el primer semestre de 2026 fueron mayores en $us 569,4 millones respecto a los ejecutado en similar periodo de la gestión 2025 que fue de $us 648,4 millones. Los desembolsos fueron orientados principalmente al apoyo presupuestario con la emisión de Bonos Soberanos por $us 1.000 millones, liquidez en apoyo a la gestión económica por $us 100 millones y el proyecto de innovación para sistemas alimentarios por $us 25,7 millones. Además del Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para espacios Deportivos en Unidades Educativas de Bolivia $us 22,3 millones y el Programa de Expansión de Infraestructura de Electrificación Rural III por $us 9,7 millones. Según el reporte del BCB, por el servicio de la deuda externa pública se pagó un total de $us 1.284,9 millones, de los cuales $us 977,4 millones corresponden a capital y $us 307,5 millones a intereses y comisiones. La cifra es “mayor en $us 521,0 millones con respecto al primer trimestre de la gestión 2025 (sic)”, apunta el informe. En consecuencia, las transferencias netas (desembolsos externos menos amortizaciones) de la deuda externa pública alcanzaron un saldo negativo de $us 67,0 millones. En términos generales, el saldo de la deuda externa pública, al 30 de junio de 2026, alcanzó a $us 14.357,7 millones, cifra mayor en $us 193,4 millones al saldo al 31 de diciembre de 2025. Los principales acreedores multilaterales son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $us 4.372,4 millones (30,5% del total), la CAF con $us 3.293,6 millones (22,9%) y el Banco Mundial con $us 1.718,9 millones (12,0%). En la parte bilateral están la República Popular de China $us 1.090,3 millones (7,6%) y Francia con $us 666,5 millones (4,6%), entre los principales. Los datos del BCB muestran que el saldo de la deuda externa pública se incrementó en 98% en los últimos 10 años, por un flujo de desembolsos mayor al de las amortizaciones a capital, al pasar de $us 7.267,7 millones, en 2016, a $us 14.357,7 millones, a junio de este 2026. Al 30 de junio de 2026, el saldo adeudado externo por plazo presentó la siguiente composición: el 74,4% corresponde a préstamos con plazos entre 11 y 30 años, el 15,4% equivale a préstamos con plazos de hasta 10 años y el 10,2% corresponde a préstamos con plazos mayores a 30 años. Durante el primer semestre de 2026 se contrataron 4 préstamos y la emisión de Títulos de Deuda por $us 1.322,3 millones.

El área sembrada se redujo a 57.000 hectáreas en la campaña de invierno 2026. El sector atribuye la caída a las pérdidas acumuladas por la sequía, el aumento de costos y la incertidumbre económica. La producción de trigo en Santa Cruz atraviesa uno de sus momentos más críticos. La superficie sembrada para la campaña de invierno 2026 cayó a 57.000 hectáreas, la más baja en las últimas tres décadas, un escenario que preocupa al sector productivo porque incrementará la dependencia de las importaciones para abastecer el mercado interno.Así lo informó el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, durante la 33ª versión del Día Nacional del Trigo, un encuentro tecnológico organizado por la institución para promover la innovación y la productividad del cultivo. «Este ha sido un año crítico para la siembra de trigo. Tenemos el área más reducida de los últimos 30 años como consecuencia de casi dos años de pérdidas productivas y económicas, la incertidumbre económica, los altos costos de producción y los efectos climáticos adversos, principalmente la sequía«, afirmó Hernández. Tecnología para impulsar la producción El Día Nacional del Trigo se desarrolló por primera vez en el Centro Experimental de Anapo, ubicado en el municipio de Cuatro Cañadas, y reunió a unas 30 instituciones públicas y empresas privadas vinculadas al desarrollo tecnológico del sector agrícola. Durante la jornada se exhibieron 15 variedades de trigo, entre ellas el lanzamiento de la nueva variedad Génesis, desarrollada con un mayor potencial de rendimiento. Además, los productores conocieron nuevos híbridos de sorgo, maíz y girasol, así como paquetes tecnológicos orientados al control de plagas, enfermedades y malezas, bioinsumos, fertilización, manejo de suelos y prácticas de agricultura sostenible. «Es un evento estrictamente tecnológico que busca acercar toda la innovación disponible a los productores para mejorar el manejo del cultivo de trigo y de otros granos de rotación», explicó el ejecutivo. Solo cubrirá el 12% de la demanda nacional Bolivia consume aproximadamente 850.000 toneladas de trigo por año. Tradicionalmente, la producción nacional cubría entre el 20% y el 30% de esa demanda, siendo Santa Cruz responsable del 70% del trigo producido en el país. Sin embargo, debido a la fuerte reducción del área sembrada este año, Anapo estima que la producción nacional apenas abastecerá el 12% de la demanda interna, lo que obligará a incrementar las importaciones de trigo y harina, principalmente desde Argentina y Paraguay. «La menor producción significa menos soberanía alimentaria y una mayor salida de divisas. El año pasado el país destinó más de 80 millones de dólares solo a la importación legal de trigo y harina; si se suma el contrabando, la cifra prácticamente se duplica», advirtió Hernández. El dirigente señaló que el irregular abastecimiento de diésel continúa afectando las labores agrícolas, especialmente en una etapa clave para la cosecha de invierno y la siembra de verano. Explicó que actualmente existen 950.000 hectáreas sembradas con cultivos estratégicos como sorgo, maíz, girasol, trigo y chía en la zona este del departamento, mientras que en el Norte Integrado avanza la siembra de 400.000 hectáreas de soya, que debe concluir antes de finalizar julio. «Venimos de casi un mes de desfase en el abastecimiento de diésel y todavía muchos productores no cuentan con el combustible suficiente para desarrollar sus actividades», sostuvo. Hernández indicó que Anapo mantuvo reuniones con el Gobierno y espera que los compromisos asumidos permitan regularizar el suministro durante las próximas semanas. Rendimientos alentadores pese a la menor superficie Aunque el área sembrada disminuyó significativamente, las condiciones climáticas registradas durante esta campaña favorecieron el desarrollo del cultivo. Anapo proyecta un rendimiento promedio de entre 1,6 y 1,7 toneladas por hectárea, lo que permitiría obtener una producción cercana a 80.000 o 90.000 toneladas. «Los rendimientos serán buenos gracias a las condiciones de humedad y temperatura que acompañaron el desarrollo del cultivo. Esperamos que eso anime a los productores a volver a sembrar trigo el próximo año», indicó. Frente a este escenario, Anapo planteó la implementación de un Plan Nacional de Incentivo al Trigo, que incluya investigación, extensión agrícola, financiamiento, seguros, incorporación de biotecnología y mecanismos que otorguen mayor certidumbre a los productores. Entre las propuestas figura el establecimiento de un precio mínimo de compra antes de la siembra, una medida que, según Hernández, permitiría incentivar la producción de un cultivo considerado estratégico para la seguridad alimentaria del país. El ejecutivo informó que ya existen conversaciones con el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Desarrollo Productivo para avanzar en la construcción de esta estrategia, cuyo objetivo es recuperar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

Juan Pablo Velasco sostuvo que las gobernaciones “no son viables” con el actual esquema de financiamiento y afirmó que no fue elegido para “administrar la pobreza”. Además, consideró que la aplicación del 50/50 depende de decisiones políticas y no de la instalación de nuevas mesas técnicas. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó que la propuesta de redistribución de recursos denominada 50/50 sea incorporada en el presupuesto reformulado de este año o, en su defecto, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. Sostuvo que es una medida necesaria para fortalecer a las gobernaciones. “No vamos a aceptar que no se haga en ninguno de estos dos presupuestos, porque es el inicio de la autonomía y una deuda histórica con las gobernaciones, las alcaldías y las universidades”, afirmó Velasco tras el acto de ofrenda floral por la Gesta Libertaria de La Paz. La autoridad explicó que la iniciativa busca que las gobernaciones participen de la coparticipación tributaria de los seis principales impuestos y que parte de los recursos generados en los departamentos permanezcan en las regiones. Aseguró que no se trata de crear nuevos tributos, sino de redistribuir los existentes. Velasco sostuvo que las gobernaciones “no son viables” con el actual esquema de financiamiento y afirmó que no fue elegido para “administrar la pobreza”. Además, consideró que la aplicación del 50/50 depende de decisiones políticas y no de la instalación de nuevas mesas técnicas. Las declaraciones fueron realizadas antes de la reunión de gobernadores convocada por el presidente Rodrigo Paz para el 5 de agosto en Sucre. El encuentro tiene como eje el análisis del 50/50 y la situación financiera de las gobernaciones.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al Gobierno para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a fin de explicar la persistencia de la escasez de combustibles y el incumplimiento de los compromisos asumidos con el sector. «Digan la verdad. Solo ustedes saben por qué no se está cumpliendo. Necesitamos reunirnos en el término de 48 horas para que nos den una respuesta», afirmó el ejecutivo Lucio Gómez, quien advirtió que, de no haber una convocatoria, el transporte evaluará nuevas medidas. Gómez señaló que, tras los 53 días de bloqueos, los transportistas esperaban retomar sus actividades con normalidad; sin embargo, aseguró que continúan las largas filas en los surtidores del país, lo que impide cumplir con sus obligaciones económicas, incluidos pagos a la banca privada. También cuestionó la falta de avances en la investigación por el combustible de presunta mala calidad que dañó varios vehículos. Añadió que el Gobierno aún no concreta la participación de universidades para verificar la calidad del carburante, pese a que ese compromiso ya había sido aceptado. El dirigente rechazó además el proyecto para regularizar vehículos indocumentados, al considerar que fue planteado sin consultar al transporte y que contradice las restricciones para importar vehículos con menor antigüedad. ///kmg Fuente: ERBOL