Economía

El Estado boliviano confirmó este miércoles que perdió el arbitraje internacional iniciado por BBVA y anunció que cumplirá el laudo que lo obliga a pagar aproximadamente 105 millones de dólares por las demoras en la transferencia de la administración de los fondos de pensiones al Estado. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, informó que el fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que rechazó el recurso de anulación presentado por Bolivia contra el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). “El fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión”, señaló la autoridad, quien además adelantó que el Gobierno activará los mecanismos necesarios para honrar la obligación en los plazos establecidos por el propio laudo arbitral. 📎Origen del conflicto La controversia se remonta al proceso de “nacionalización” de la administración de los fondos de pensiones, cuando el Estado decidió sustituir a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas —entre ellas la vinculada a BBVA— por la Gestora Pública. La demanda internacional se centró en las demoras en la implementación de esa transición. Según Valencia, el resultado adverso responde a decisiones adoptadas en anteriores gestiones. “Es el resultado de una herencia y de malas decisiones cuando no se respetó la seguridad jurídica”, afirmó, al tiempo de señalar que el actual Gobierno trabaja en alternativas para que el pago tenga el menor impacto posible en la economía. 📎Garantizan ahorros previsionales El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, aseguró que el fallo no compromete los recursos de los aportantes. “Los ahorros previsionales constituyen un patrimonio autónomo, independiente y con destino específico al pago de pensiones”, remarcó. En la misma línea, el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, afirmó que Bolivia enfrenta “una obligación jurídica consolidada” tras el cierre de las instancias internacionales. 📎Auditoría y posibles sanciones El subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Marcelo Longaric Saucedo, anunció el inicio de un proceso de evaluación y auditoría a los arbitrajes internacionales en los que Bolivia ha sido parte, con el objetivo de identificar eventuales responsabilidades. “Se busca sancionar a los culpables si adoptaron malas políticas de defensa del Estado”, indicó la autoridad, aunque ratificó que el país cumplirá el fallo conforme a los estándares internacionales.

“A toda la población, a nuestros asegurados, a nuestros aportantes y jubilados, el resultado del laudo orbital no va a afectar a las pensiones, no se va a afectar en ese proceso”, afirmó en una conferencia de prensa junto a autoridades del Gobierno que anunciaron que cumplirán el fallo de pagar $us 105 millones a BBVA por la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones. El pago fue ordenado por el Tribunal Supremo de los Países Bajos al rechazar el último recurso presentado por el Estado boliviano en el laudo arbitral que se inició en 2018. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, explicó que el fallo es “irreversible”. En tanto, el subprocurador de Defensa Legal, Marcelo Longaric, anunció que el “Estado va a cumplir la obligación” y aseguró que se tomarán todas las medidas para que el impacto sea el “menor posible”. Al respecto, el gerente de la Gestora aseguró que los aportes y el pago de las jubilaciones no serán afectados con la decisión del Gobierno de honrar el pago por la indemnización al banco español. Subrayó que los “recursos, que son administrados por la Gestora, son parte de un patrimonio autónomo” y que, además, “son independientes, privados y tienen un destino específico que es el pago de las pensiones, por lo tanto, están protegidas por norma”. “Ningún boliviano será afectado en los ahorros previsionales en este tema. Este es un tema que corresponde al Estado y va a ser atendido dentro de las responsabilidades que tiene”, insistió.

La propuesta será la primera reforma de fondo que el Gobierno de Rodrigo Paz enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días Bolivia impulsará un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta el 50 % para las petroleras y eliminará la “discrecionalidad” de la estatal YPFB en los contratos para ofrecer seguridad jurídica a los inversores, afirmó en una entrevista con EFE el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. “Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa. Por tanto, es necesario revertir esto”, dijo Medinaceli. Según cifras oficiales, la situación crítica del sector se evidencia en una reducción de la producción del gas de 61 millones de metros cúbicos en 2014 a menos de la mitad este año y una disminución de las exportaciones desde los 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025. Además, bajaron las reservas probadas de gas a 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF, en inglés), frente a los 10,7 TCF reportados en 2017. La propuesta será la primera reforma de fondo que el Gobierno de Rodrigo Paz enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, con miras a que el país supere la difícil situación del sector y recupere su condición de productor de hidrocarburos mediante un modelo en el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) opere con inversores privados nacionales e internacionales. Con la iniciativa “se pretende que YPFB sea un actor, pero que actúe de forma conjunta con el sector privado”, tal como sucede en Brasil, Colombia y Chile, pero para esto “se necesita un sistema impositivo que respete el referéndum del 2004”, señaló. En ese referendo, realizado durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), se consultó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que se cobre un “impuesto y/o regalías a las petroleras llegando al 50 % del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país”. “La gente votó que sí. Entonces, realmente es necesario respetar eso de forma progresiva, y de forma eficiente”, afirmó Medinaceli, economista de profesión que ha sido asesor en varios países y también fue ministro del área en el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006). Consultado acerca del contraste entre ese impuesto y el 82 % de participación estatal que el expresidente Evo Morales (2006-2019) aplicó con la nacionalización de 2006, Medinaceli subrayó que ese porcentaje se utilizó por seis meses en solo dos campos, aunque quedó instalado en el “imaginario popular” y la “narrativa política”. “Y aquí quiero ser enfático. A partir del 2007 la participación del Estado no fue del 82 %. Y las puertas del ministerio están abiertas para quien quiera discutir esto”, desafió. Explicó que después de 2007, las petroleras pagaron el Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32 %, un 18 % de regalías y alrededor de un 10 % adicional por diversos factores fijados en los contratos por YPFB. Así, la participación del Estado suma en promedio alrededor del 60 %, aunque fluctúa llegando al 65 % o bajando al 53 % en ciertos casos, aseguró. Sin “discrecionalidad” Según el ministro, el proyecto de ley eliminará “el concepto de costos recuperables” y la “discrecionalidad” que tiene YPFB para tratar los contratos con las petroleras, lo que supondrá ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores. No obstante, para la petrolera boliviana también se plantea una política especial para que pueda potenciarse a futuro apuntando a su modernización, transparencia y eficiencia para conseguir recursos frescos en el extranjero con la emisión de bonos e incluso la cotización en bolsa. “Ese es el sueño, conseguir recursos de afuera. Probablemente tengamos que lidiar con YPFB con una ley específica”, apuntó Medinaceli. De la misma forma, aseguró que el proyecto de ley respetará la actual Constitución promulgada por Morales en 2009, que “establece que los hidrocarburos son administrados por YPFB y el Estado es el dueño de éstos”. “Sin embargo, lo que se quiere ahora es tener condiciones económicas para fomentar la exploración y explotación”, apuntó. Fuente: Correo del Sur

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició el viernes la descarga de más de 2 millones de litros de diésel en Puerto Gravetal, en Puerto Quijarro, para atender el incremento de la demanda del combustible en Santa Cruz, a raíz del aumento de las actividades agrícolas, principalmente por la zafra cañera en el norte del departamento. El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, informó que el consumo actual de diésel en Santa Cruz alcanza aproximadamente 2,79 millones de litros por día, cifra superior a la demanda habitual de 1,6 millones de litros, lo que responde a un comportamiento estacional del mercado y no a una falta estructural de suministro. “La demanda se ha incrementado por la zafra y las actividades productivas. Nosotros estamos respondiendo a ese requerimiento con despachos aproximados al 140% respecto a la programación habitual, para reducir la presión en el mercado”, explicó. Mendoza precisó que el arribo de cuatro barcazas con diésel permitirá reforzar el abastecimiento, con aproximadamente 2 millones de litros adicionales. Indicó que la descarga a las cisternas tomará un día y, posteriormente, será trasladado en cisternas hacia la capital cruceña, proceso que tomará alrededor de 24 horas adicionales. El ejecutivo señaló que este incremento en los volúmenes de despacho permitirá normalizar progresivamente la distribución del combustible en estaciones de servicio, reduciendo las filas registradas en los últimos días. “Con la descarga en Puerto Gravetal y el despacho inmediato hacia Santa Cruz, estimamos que durante este fin de semana el suministro de diésel se normalice, garantizando el abastecimiento continuo para el sector productivo y la población en general”, sostuvo. YPFB reafirma que cuenta con la logística y los volúmenes necesarios para atender la sobredemanda temporal, derivada del dinamismo económico en el departamento, y que continuará realizando ajustes operativos para asegurar la provisión oportuna de combustibles en todo el país. Fuente: ABI

El Gobierno nacional determinó ampliar el universo de beneficiaros del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) a estudiantes de educación fiscal y de convenio de centros de acogida. Así lo establece la disposición final primera del Decreto Supremo 5605 que precisamente refiere: “Se amplía el beneficio establecido en el inciso d) del Parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 5516, de 13 de enero de 2026, para los estudiantes de educación fiscal y de convenio de centros de acogida, para lo cual se habilitará a los titulares del cobro”. Creado como una medida de contención por el retiro de la subvención a los hidrocarburos, el bono consiste en el pago de Bs 450 a las familias más vulnerables. Como beneficiaros se consignó a mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy; personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia; personas con discapacidad grave o muy grave registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad (Siprunpcd); y padres o tutores de alumnos de las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio (Fiscal), del Subsistema de Educación Regular y del Subsistema de Educación Alternativa y Especial. En total fueron identificados como beneficiarios 2.095.382 personas, según datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. El Decreto Supremo 5605 también confirma la ampliación del plazo para el cobro del beneficio del bono PEPE hasta el 19 de junio de 2026. El plazo inicial de cobro fenecía el 30 de abril. Las personas pendientes de cobro podrán acceder al monto total acumulado de Bs 450 en un solo pago desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 19 de junio.