El presidente colombiano Gustavo Petro salió el miércoles a las calles de Bogotá en defensa de las reformas sociales que impulsa su gobierno y en rechazo a varios señalamientos contra su gobierno y sus colaboradores.

El mandatario participó en varias marchas en medio de la mayor crisis política desde que asumió hace 10 meses generada por la posible financiación ilegal de su campaña.
La crisis amenaza tres reformas sociales que presentó el gobierno al Congreso: una al sistema de salud, otra a las pensiones y una tercera a varias normas laborales.
Desde una tarima ubicada en la Plaza de Bolívar, a pocos metros de la sede presidencial, Petro pronunció un extenso discurso en el que defendió las reformas y negó varias de las irregularidades que se adjudican a miembros de su gobierno.

“¿Por qué un poderoso, que anda con sus carros y su jet y almuerza en París, tiene que venir a decir aquí, sólo porque es dueño de unos medios de comunicación o de unos partidos políticos, que la señora de los tintos (cafés) no tiene derecho a la estabilidad laboral o a pensión o a la salud?”, se preguntó el presidente.
Petro solicitó a los sectores políticos en el Congreso “que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos” y agregó que es una “solicitud popular, de las entrañas del territorio y la gente excluida, que es la base de la nación colombiana”.
El mandatario también se refirió al escándalo desatado esta semana luego de la difusión de varios mensajes de voz en los que el exembajador del país ante Venezuela, Armando Benedetti, habla con la jefa de gabinete de Petro y amenaza con revelar detalles de su campaña presidencial que podrían ser potencialmente perjudiciales para el mandatario.
En los audios, dados a conocer por la revista Semana y cargados de improperios, el exembajador alega que recaudó casi cuatro millones de dólares de donantes para la campaña e insinúa que parte de ese dinero provino del narcotráfico.
El lunes llegó al Congreso una iniciativa para investigar al mandatario y el origen de los fondos de su campaña, con miras a plantear un juicio político en su contra.
Sobre las escuchas, el jefe de Estado acusó a organismos de investigación de haber hecho interceptaciones ilegales a su campaña durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022).

