«No podemos ni dormir en las noches por el miedo. Las casas suenan. Se escucha cómo se abren las paredes, el techo, como un terremoto», describió un vecino.
En una esquina del barrio Alto Universitario, en 2022 (a principios de abril), había una construcción de dos pisos que, presentaba rajaduras. Ayer, se evidenció que la situación empeoró en un año; se derrumbó la parte superior de la vivienda y, además, el asfalto en ese sector se eleva más de medio metro. El cerro está cediendo.
La situación se da también en casas del barrio 14 de abril. Se trata de viviendas consolidadas (con servicios básicos y calles asfaltadas) en la serranía del lado este de la avenida Petrolera, por el kilómetro 3, en el sur de la ciudad de Cochabamba.
Ya en 2022, los vecinos denunciaron que, en estos dos barrios sumaron 76 casas con rajaduras. De esas, 15 eran inhabitables. Hubo algunos derrumbes, y algunas familias se mudaron. Los problemas se registran desde años anteriores, y la situación sigue empeorando en la época de lluvias.
Ayer, se conoció que 12 viviendas están entre deshabitadas y demolidas.
En una visita realizada por OPINIÓN a la zona, se evidenció el riesgo que representan los terrenos sobre los que se edificaron numerosas construcciones. Los mismos presentan grandes grietas, aperturas en el asfalto, muros, techos y columnas quebradas.
Vecinos y dirigentes de ambas zonas piden ayuda a las autoridades y denuncian que reportaron el problema a la Alcaldía con anterioridad, pero no fueron atendidos. Aseguraron que el riesgo y la inestabilidad en estos terrenos se generó cuando el municipio procedió con la construcción de un pozo en la gestión del exalcalde José María Leyes, por lo que solicitan que el mismo sea sellado y se ejecuten los trabajos de emergencia.
Los vecinos describieron que «el terreno se ha abierto y no hay accesibilidad para las movilidades, el aguatero tampoco pueda ingresar». También temen que el alcantarillado se haya roto.
En 2021, vecinos de ambas OTB también presentaron sus quejas a la subalcaldía Alejo Calatayud. En ese entonces, evacuaron a una familia y notificaron a otras dos para que dejen sus viviendas. Ese mismo año se preparaba una ley para declarar “alerta roja” en esa zona y se preparó una consultoría para realizar estudios de riesgo.
Por su lado, el secretario de Infraestructura del municipio, Gustavo Navia, dijo que los resultados de la consultoría califican el sector como «de alto riesgo» y que, junto con la subalcaldía, se realizan las evaluaciones correspondientes para prestar la ayuda necesaria a los vecinos de ambas OTB, previa verificación de la documentación.
«Estamos viendo primero, a través de la subalcaldía Alejo Calatayud, la verificación de que todas estas viviendas y edificaciones tengan, primero, todos los papeles al día porque se ha constatado que gran parte, si no es la mayoría, de las edificaciones son irregulares y que se han asentado en zonas que no estaban preestablecidas o que no estaban determinadas para que sean utilizadas como áreas de edificación», sostuvo.
Navia atribuyó los asentamientos y edificaciones a loteadores que lucraron con la venta de los terrenos sin tomar en cuenta el peligro.
Agregó que, el hecho de ser viviendas que no están regularizadas no será un determinante para prestar o no la colaboración necesaria por parte de la Alcaldía. Anunció que se prevé la habilitación de albergues temporales para las familias que deban ser evacuadas.
Fuente: Opinión
Autor
