Desde que la semana pasada la Guardia Civil detuviera a Koldo García Izaguirre, quien fue mano derecha del exministro de Transportes y diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos, el caso de corrupción en torno a la compra de mascarillas por las administraciones públicas durante la pandemia se ha convertido en toda una tormenta en España. El conocido como ‘caso Koldo’ tuvo como primera consecuencia que el PSOE presionó a Ábalos para abandonar su escaño. Si bien se hacía hincapié en que el exministro no estaba investigado ni imputado, se aludía a su responsabilidad política. El diputado echó un pulso a su partido y se negó a dimitir, si bien abandonó el grupo parlamentario socialista y se pasó al mixto. El desafío fue contestado por la cúpula de la formación con una expulsión cautelar. Una trama y 54 millones de euros en contratos públicos La querella de la Fiscalía Anticorrupción, que dio lugar a la detención el miércoles de la semana pasada de Koldo García y otras 19 personas, investiga 13 contratos públicos adjudicados a la empresa Soluciones de gestión y apoyo a las empresas S.L. en el Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes, Puertos del Estado y ADIF; la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, bajo las presidencias de dirigentes socialistas. El conjunto de esos contratos ascendería a alrededor de 54 millones de euros. Según las investigaciones, García habría facilitado los contactos y ejercido influencia a favor de la empresa y por el camino se habrían embolsado comisiones millonarias a costa de dinero público. En detalle, los presuntos implicados en el millonario escándalo son: Juan Carlos Cueto es el dueño del entramado de empresas Grupo Cueto, que controlaría la empresa Soluciones de Gestión. Se le considera el cerebro de la trama y se cree que se habría embolsado alrededor de 9,6 millones de euros. Se cree que el acceso a los contratos investigados fue un proyecto conjunto suyo y de Cueto. Presuntamente obtuvo un beneficio de 5,5 millones de euros. Quien da nombre al caso fue asesor del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021), consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del organismo público Puertos del Estado en el mismo periodo. Se cree que facilitó información privilegiada de los procesos de contratación y mediación, a cambio de pagos en metálico que se elevarían al millón y medio de euros. Era el dirigente de la empresa instrumental Soluciones de Gestión, realmente controlada por el Grupo Cueto. Los ingresos de la compañía pasaron de 0 euros en 2019 a 54 millones de euros en el año de la pandemia. El juez afirma que hay «indicios» de su «conocimiento» y posible participación en la trama. Se le considera «una pieza clave en la gestión de los contratos investigados» y trabajó para una de las empresas del grupo Cueto. Es la titular de la mayoría de los bienes adquiridos por el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo y se sospecha que conocía todos los hechos investigados. Fue empleado en el Ministerio de Transportes, gracias a la mediación de su hermano y habría participado en la ocultación de la titularidad de inmuebles adquiridos con las comisiones. Ingresó 267.774 euros en operaciones en efectivo, entre 2020 y 2022. De guardia de seguridad a consejero de Renfe Koldo García es considerado la mano derecha de José Luis Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes. Empezó en su tierra natal, Navarra, trabajando como guardia de seguridad y después como escolta de diversas personalidades, durante la época en que la banda terrorista ETA todavía estaba activa. Tras un paso por la política local como concejal –y parte de las listas del PSOE en esa región–, aterrizó en Madrid avalado por pesos pesados del partido, como el actual secretario de Organización, Santos Cerdán. Se convirtió primero en asesor del entonces ministro y después en consejero de Renfe. La estrecha relación con Ábalos situó desde el primer momento al diputado en la primera línea de los ataques de la oposición, lo que motivó a que enseguida el PSOE tomara la determinación de exigirle el escaño, primero a modo de sugerencia y poco después como exigencia del comité ejecutivo nacional del partido. Escuchas en una marisquería Ábalos ha defendido en todo momento su inocencia y el desconocimiento de cualquier actividad ilegal que hubiera llevado a cabo su exasesor, llegando a calificar la decisión de su partido como «populismo justiciero». Sin embargo, este jueves han trascendido nuevas informaciones, después de que El Mundo haya tenido acceso al sumario del caso. El diario se hace eco de que la Guardia Civil situaría al exministro como «intermediario» de la trama. De los documentos se desprende que Ábalos estaría al tanto de la investigación sobre García, al menos desde el mes de noviembre. Además, el último encuentro registrado con su exasesor sería reciente, del 10 de enero, en el reservado de una marisquería. El asunto a tratar en esa ocasión era la reclamación del Gobierno de las Islas Baleares de 2,6 millones de euros sobre el pago de 3,7 millones a la trama por un contrato de 1,4 millones de mascarillas en 2020, de las que una parte eran inservibles. ¿Contactos con el Partido Popular? Las informaciones publicadas en El Mundo también apuntan a que el actual portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, habría tenido contactos con Juan Carlos Cueto y se llega a habar de una cita en Génova 13, la sede nacional de la formación conservadora. En este marco, también se menciona a Alberto, una persona a la que los investigadores no han logrado identificar, y se especula sobre si podría ser el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. ¿Fondos europeos en peligro? El ‘caso Koldo’ podría poner en peligro los fondos europeos que España recibe como parte del programa de recuperación postcovid. La Comisión Europea ha derivado el caso a la Oficina Antifraude Europea (Olaf) para investigar si este caso afecta a dinero procedente de la Unión Europea (UE). De momento, se sabe que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea contratos que se están revisando de esta
