Convención Constituyente

Chile: A pocos pasos de ser un Estado Plurinacional

Andrés Huanca Rodrigues El jueves 27 de enero la Convención Constitucional de Chile dio una sorpresa al anunciar que posiblemente este país se convierta en un Estado Plurinacional e Intercultural, siguiendo el camino trazado por Ecuador y Bolivia, en 2008 y 2009 respectivamente. Con 19 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, la Iniciativa Convencional Constituyente “Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, Estado Plurinacional y Libre Determinación de los Pueblos”, fue aprobada en general con una holgada mayoría ante la Comisión de Sistema Político. Se trata de la primera votación de dicha Comisión, encargada de definir la organización del Estado, el régimen político, el sistema electoral y de organizaciones políticas de Chile. Rosa Catrileo Arias, constituyente de los escaños reservados para el Pueblo – Nación Mapuche y que encabezó la entrega de la Iniciativa junto a la mapuche Elisa Loncon, catalogó este primer paso como un logro histórico: «Quería agradecer, porque para nosotros, los pueblos originarios, es un día histórico. Se ha aprobado una demanda que viene desde hace mucho tiempo, muchas décadas, no sólo para el pueblo mapuche, sino para la diversidad de pueblos originarios del país, y en especial para el pueblo Rapa Nui». Con la aprobación en general de la propuesta, ahora corresponde la formulación de un texto detallado que tendrá que ser aprobado en particular por los constituyentes. La medida aprobada apunta el reconocimiento de la composición plurinacional de Chile y de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a la creación del país. Se procura, mediante esta transformación, resolver la exclusión histórica y política de estas colectividades, a través del reconocimiento de “su cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua; al reconocimiento de sus tierras, territorios, maritorios, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos”. Así mismo, en respuesta a una sentida demanda de los mapuches que viven constantes enfrentamientos con las fuerzas del orden chileno por violaciones a sus derechos humanos y despojo de su territorio, se establece que, en Chile, los pueblos y naciones indígenas serán titulares del derecho a la libre determinación y, por lo tanto, a constituir en sus territorios gobiernos autónomos, regidos por normas y procedimientos propios de su cultura. También la medida procura modificar la composición del Estado, dado que 2.185.792 personas, pertenecientes a 11 pueblos indígenas, no se sentirían partícipes del actual Estado Chileno. Por ello la medida gestiona modificar los órganos del Estado para asegurar la participación de este sector poblacional. La Convención Constituyente en Chile comenzó su funcionamiento el 4 de julio de 2021, tras el plebiscito nacional del 25 de octubre del 2020, en el cual los chilenos y chilenas decidieron que estaban de acuerdo con redactar una nueva Constitución. Luego de ser elaborado el nuevo texto constitucional tendrá que ser aprobado por un segundo plebiscito nacional a ser celebrado este año.

El incierto horizonte chileno

Opinión / Abya Yala Tv

María Constanza Costa Esta semana se cumplieron dos años del inicio de las protestas en Chile. “No son 30 pesos, son 30 años” fue la consigna que convocó a la sociedad en 2019, y que puso de manifiesto la precarización y la desigualdad social reinante en un país que era presentado al resto de la región como un modelo de “estabilidad económica y social”. El “modelo” chileno fue construido durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con el retorno de la democracia sus bases neoliberales nunca fueron profundamente transformadas. El segundo aniversario estuvo cargado de simbolismo ya que coincidió con el inicio de la redacción de la nueva Carta Magna por parte de la Convención Constitucional que fue elegida en mayo de este año. Organizados en siete comisiones permanentes, los 155 representantes comenzaron a trabajar en el texto que tiene como temas principales el acceso a los derechos sociales, el régimen de gobierno, los derechos de las comunidades originarias y la conformación de un Estado plurinacional. La nueva Constitución, debe estar lista antes de mayo del año que viene, y luego tendrá que ser ratificada o rechazada por la ciudadanía a través de un plebiscito. El proceso abierto en 2019 comenzó a vislumbrar una renovación en la clase política producto del desprestigio de las elites gobernantes. Justamente fueron las elecciones para constituyentes y alcaldes de mayo las que comenzaron a marcar el nuevo ciclo cuando los candidatos independientes se impusieron frente a la alianza gobernante. El gran cambio fue que una mayor proporción de jóvenes, progresistas y feministas entraron al escenario político. El rechazo a la política tradicional incluyó tanto a la derecha como a los partidos de la ex Concertación o Nueva Mayoría, bloque que gobernó Chile por más de 20 años tras el retorno a la democracia. La izquierda chilena enfrenta un nuevo reto con las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre. Gabriel Boric, el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, -que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista-, es el favorito para ganar en segunda vuelta, según la mayoría de las encuestas. Pero la intención de voto a favor del ultraderechista, José Antonio Kast, en primera vuelta, viene creciendo. A Kast se lo compara con Bolsonaro por su estilo y su retórica. Siguiendo el manual de la ultraderecha global: alerta sobre los peligros del comunismo, reivindica la dictadura de Pinochet, ha realizado declaraciones homofóbicas y en contra de los migrantes; y por supuesto, la divulgación de datos incomprobables. La figura de Kast se fortalece, mientras que el candidato favorito del oficialismo y del empresariado, Sebastián Sichel, se debilita. Sectores más conservadores de la sociedad chilena no ven en la derecha gobernante una posibilidad de restituir el orden. Además, todos los análisis coinciden en que el escándalo en el que se vio envuelto el presidente, Sebastián Piñera, a raíz de los Pandora Papers golpeó de manera colateral a su candidato. Piñera sufre una caída estrepitosa de su popularidad, luego de que se lo vinculara con la venta de la minera Dominga, y la evasión de impuestos en paraísos fiscales. La fiscalía abrió una investigación en su contra y, además, un grupo de diputados chilenos acordaron presentar un juicio político contra el presidente. Gran parte de la población apoya la medida, ya que la aprobación de Piñera se encuentra por el piso, sólo un 16% avala su gestión, mientras que el 79% la rechaza. A solo cuatro días de que se diera a conocer este escándalo, el presidente tomó la decisión de militarizar el territorio ancestral mapuche, su principal argumento fue que el estado de excepción decretado permitiría “enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado” frente a un repunte de un conflicto histórico entre el Estado chileno y los mapuches, en las regiones del Biobío y La Araucanía. La medida fue leída como un guiño de Piñera a los sectores más conservadores en un intento por reponerse de su extrema debilidad. La militarización y el crecimiento de la confrontación dura pueden ser estrategias electorales peligrosas en una sociedad que busca avanzar hacia un horizonte de mayor democracia. La autora es argentina, politóloga y magister en periodismo.

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