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Ministerio de Justicia niega que haya solicitado investigar a exviceministro Cox o al diputado Arce

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional desmintió este martes que haya solicitado alguna investigación en contra del exviceministro de Régimen Interior Nelson Cox o el diputado del MAS Héctor Arce. “No ha solicitado, ni ha dispuesto ningún proceso de investigación administrativa, patrimonial ni de ninguna otra índole en contra del abogado Nelson Cox Mayorga, ni del diputado Héctor Arce Rodríguez o del círculo familiar de ambos”, informó en un comunicado. Cox denunció que existe una persecución política en su contra, por indagaciones en contra suya y de su familia, mediante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Sin embargo, el Ministerio de Justicia aseguró que estos procedimientos están regulados por disposiciones legales y ningún viceministerio podría solicitar investigaciones patrimoniales, sin denuncia justificada. “Los procedimientos de investigación están regulados por disposiciones legales, por lo que ningún Viceministerio o entidad bajo tuición, está facultado para solicitar investigaciones patrimoniales, sin que medie denuncia o causa legal justificada”, se remarca en el comunicado de Justicia. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Viceministro Cox: Pese a quien le pese el pueblo tendrá justicia

El Viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Marcelo Cox Mayorga, dejó definitivamente el cargo, luego de críticas que recibiera por la contratación de un asesor que era abogado de la familia del ministro de facto Murillo.Aún no existe un comunicado oficial pero los medios masivos de comunicación afirman que fue destituido de sus funciones aunque fuentes cercanas al Ministerio de Gobierno afirman que renunció.La última intervención por parte del viceministro fue este domingo cuando anunció que se encuentra en marcha la segunda fase del plan de desarticulación de las bandas criminales de organizaciones parapoliciales y grupos irregulares. Este anuncio no es asunto menor doce días antes del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, fecha en que la oposición habitualmente busca la manera de desestabilizar acciones que se vienen tomando en el marco de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia.En este sentido, el Estado boliviano asumió el compromiso de desarticular las bandas de paramilitares y grupos irregulares, así como de sus financiadores y sus cerebros políticos autores del sangriento golpe de noviembre de 2019, cuyo resultado debe concluir en el curso de este año y ser comunicado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a la Comisión Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas.El viceministro Nelson Cox, un hombre con compromiso y trayectoria social,viene sosteniendo que los resultados deben favorecer a las víctimas de las masacres de Huayllani, Senkata y El Pedregal, mediante el resarcimiento y rehabilitación por parte del Estado, sobre todo en el acceso a la justicia, como dispuso el presidente Luis Arce.Por otra parte, a fin de no dejar en la impunidad ningún hecho ni a ningún autor de las muertes, heridos, detenidos y torturados, Cox viene trabajando como ya lo hemos mencionado hace semanas en la segunda fase del Plan de Desarticulación de las bandas criminales de organizaciones parapoliciales y grupos irregulares así como de sus financiadores.

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