Cristina Fernández

A un año del intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hay tres personas imputadas que enfrentarán un juicio que todavía no tiene fecha de inicio, pero que será crucial para saber detalles de uno de los hechos más graves ocurridos en la historia reciente del país sudamericano. «Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa», es el cargo que pesa sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los únicos detenidos de la causa. Sabag, de 35 años, fue quien disparó directo al rostro de la vicepresidenta; Uliarte (23) en ese momento era su novia y supuesta cómplice, mientras que Carrizo (27), un hombre que los empleaba a ambos como vendedores ambulantes, es considerado «partícipe necesario». En junio pasado, la jueza María Eugenia Capuccheti confirmó que solo ellos tres irían a juicio y descartó que hubiera otras personas involucradas, a pesar de que Fernández de Kirchner ha insistido en que se abran líneas de investigación que develen los vínculos políticos que ella sospecha están detrás del intento de magnicidio. El fallo de la jueza consolidó la teoría que desde el principio impulsaron los opositores a la vicepresidenta para minimizar el crimen: que «un grupo de loquitos solitarios» quiso matarla y que, por lo tanto, era un hecho menor sin implicaciones políticas. Desde el oficialismo, por el contrario, insisten en que se trata de uno de los ataques más graves a la democracia y que deben agotarse las investigaciones para definir la intervención de personajes y organizaciones políticas que todavía permanecen en las sombras. Pendientes La semana pasada, por ejemplo, la expresidenta pidió que se investigue a Delfina Wagner, una panelista televisiva que alquila el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, una activista ultraderechista y opositora a Fernández de Kirchner que, además, es su vecina: vive justo en el departamento de arriba. De acuerdo con la presentación de los abogados de la exmandataria, Wagner podría haber sido el enlace entre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, los tres imputados, con Gerardo Milman, diputado del PRO, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri. Además, un testigo aseguró que, dos días antes del atentado, estaba en el mismo bar que Milman y escuchó que les decía a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, dos de sus asesoras: «Cuando la maten yo estoy camino a la costa».  Bohdziewicz reconoció en mayo de este año que Milman había borrado información de los celulares de ambos, en una reunión realizada en una oficina de la actual candidata presidencial opositora Patricia Bullrich.  La semana pasada, luego de una orden judicial, Milman entregó su teléfono a la jueza Capuccheti, pero se amparó en sus fueros como diputado para frenar cualquier peritaje, así que pueden pasar meses antes de que se pueda analizar su contenido. Otra línea de investigación que tampoco avanzó fue el supuesto financiamiento de Revolución Federal, una organización radical cuyos integrantes solían realizar protestas con escasa participación, pero altos grados de violencia, ya que incluso colocaban la figura de Fernández de Kirchner bajo una guillotina. Jonhatan Morel, líder de la organización, tenía una carpintería que fue contratada por Grupo Caputo, propiedad de los hermanos del exministro de Finanzas de Macri, Luis Caputo, para que realizara un trabajo en la patagónica provincia de Nequén. La noticia levantó suspicacias por el hecho de que la firma multimillonaria de una familia vinculada a la política contactara a un modesto negocio, ubicado en las afueras de Buenos Aires, para que supuestamente construyera muebles de madera destinados a un edificio ubicado a 1.100 kilómetros de la capital. Los abogados de Fernández de Kirchner creen que, en realidad, los Caputo habrían financiado a Revolución Federal para que incrementaran el clima de violencia y los discursos de odio en contra de la vicepresidenta, que culminaron con el atentado. ¿Qué pasó? En agosto del año pasado, Fernández de Kirchner copaba nuevamente la agenda mediática del país debido al juicio que se había iniciado en su contra, en el que se le acusaba de corrupción y por el que, meses más tarde, fue condenada a seis años de prisión en primera instancia, lo que implica que la sentencia todavía no es definitiva Cada noche, miles de militantes se apostaban a las afueras de su departamento, ubicado en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, para manifestarle su apoyo.  Todo cambió a las 20:52 del 1 de septiembre de 2022, cuando Fernández de Kirchner bajó de su auto y, antes de entrar a su edificio, se acercó a saludar a sus simpatizantes, como solía hacerlo. En ese momento, Sabag Montiel disparó dos veces directo a su rostro. La pistola falló.  La conmoción fue inmediata. Una expresidenta y actual vicepresidenta acababa de ser víctima de un atentado. Sin embargo, el intento de magnicidio quedó envuelto en la polarización que el país arrastra desde hace una década, con ella como figura central de quienes la odian y quienes la aman. Desde ese mismo momento hubo líderes que no se solidarizaron con la vicepresidenta ni condenaron el ataque, como los candidatos presidenciales de la oposición, Patricia Bullrich y Javier Milei. La prensa antikirchnerista, conformada por los medios tradicionales y de mayor influencia, más otros políticos opositores, de inmediato lanzaron diversas teorías en un afán de minimizar el atentado. Los mensajes de desconfianza se viralizaron en las redes sociales. Primero dijeron que el ataque no había ocurrido y que era una «puesta en escena» del Gobierno. Luego afirmaron que Sabag Montiel era «un loquito suelto» que aspiraba a sus «15 minutos de fama» y que había usado «una pistola de agua». Cuando se comprobó que había más personas implicadas y que el arma era real, aseguraron que solo se trataba de un grupo de «lúmpenes» sin mayor trascendencia política. El diario conservador La Nación incluso llegó al extremo de sugerir un autoatentado. «(No sabemos) si se trata de locos sueltos o de idiotas útiles, si estamos ante fanáticos desquiciados o frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia