EEUU

Estados Unidos, 10 de julio de 2025. La Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) emitió una orden que bloquea temporalmente la implementación de la ley de inmigración SB 4-C en Florida, una medida que buscaba penalizar la entrada y reingreso de inmigrantes indocumentados al estado. La decisión mantiene la suspensión de la ley, mientras continúa su revisión en tribunales de apelación, reflejando un debate en curso sobre la autoridad estatal en asuntos migratorios. La ley SB 4-C, promulgada en 2025 y firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis establece que la entrada no autorizada de inmigrantes indocumentados al estado constituye un delito menor (misdemeanor), con una pena mínima de nueve meses de cárcel para la primera infracción. Las reincidencias se clasifican como delitos graves (felonies), con sanciones más severas. Además, la normativa penaliza el reingreso de inmigrantes previamente deportados, considerándolo un delito grave, y prohíbe la fianza para los arrestados bajo estas disposiciones hasta la resolución de sus casos. La orden de la Corte Suprema responde a una solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien pidió permitir la aplicación de la ley mientras se resuelve una apelación. El tribunal superior denegó la solicitud, respaldando una decisión previa de la jueza federal Kathleen Williams, quien en abril de 2025 suspendió la ley por considerarla probablemente inconstitucional. Según el fallo de Williams, «el estado no puede dictar leyes que interfieran con la autoridad federal sobre inmigración«, un principio basado en la supremacía de la legislación federal en este ámbito. La demanda contra la ley fue presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, junto con dos personas afectadas, quienes argumentaron que la SB 4-C viola la autoridad federal exclusiva sobre inmigración, establecida en la Constitución de EE. UU. Los demandantes también señalaron que la ley podría fomentar el perfilamiento racial y restringir el debido proceso, al imponer detenciones sin posibilidad de fianza. Este caso no es aislado. Al menos siete estados de EE. UU., incluidos Texas, Oklahoma, Iowa, Louisiana, Missouri, Carolina del Sur y Tennessee, han propuesto leyes similares para regular la inmigración a nivel estatal. Varios de estos esfuerzos han enfrentado bloqueos judiciales por razones constitucionales similares, evidenciando un conflicto entre las políticas estatales y el marco legal federal. La decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones significativas en el contexto migratorio actual. La suspensión de la SB 4-C refuerza que la inmigración sigue siendo una competencia primaria del Gobierno federal, aunque los estados pueden colaborar con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo acuerdos específicos. El proceso judicial de la SB 4-C continúa en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. Si el tribunal de apelaciones mantiene el bloqueo, Florida podría presentar una nueva apelación ante la Corte Suprema, lo que podría llevar a una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la ley. Mientras tanto, la normativa permanece suspendida, y las autoridades estatales no pueden arrestar ni procesar a inmigrantes indocumentados bajo sus disposiciones. Este fallo representa una pausa en los esfuerzos de Florida por endurecer sus políticas migratorias, pero el debate sobre el alcance de la autoridad estatal en inmigración sigue abierto. Organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes permanecen atentas al desarrollo del caso, que podría sentar precedentes para otras leyes estatales similares en el futuro. TeleSur

Estados Unidos, 1 de julio de 2025. La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará esta semana a Florida para participar en la apertura oficial de “Alligator Alcatraz”, un nuevo centro de detención de inmigración ubicado en el corazón de los Everglades. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó que el mandatario estará acompañado por el gobernador Ron DeSantis, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el representante y precandidato a gobernador Byron Donalds y otras autoridades locales. El acto se realizará en el aeropuerto Dade-Collier, una antigua base de entrenamiento militar reconvertida en instalación carcelaria. La instalación, que podrá alojar hasta 5.000 personas, estará destinada al procesamiento y reclusión de inmigrantes en situación irregular que cuenten con antecedentes criminales. Según Leavitt, el sitio fue elegido por su aislamiento extremo, al estar rodeado de pantanos, caimanes, serpientes y un terreno calificado como “implacable”. “El único acceso es por aire, y la única salida será un vuelo sin regreso”, declaró la portavoz desde la sala de prensa de la Casa Blanca. Añadió que los caimanes que habitan la zona actuarán como elemento disuasivo natural contra cualquier intento de fuga. Leavitt defendió la medida como una solución eficiente y de bajo costo para lo que describió como la “mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos”. Afirmó que la instalación responderá al mandato de Trump de endurecer la política migratoria, especialmente hacia los migrantes con historial delictivo. En paralelo, la visita presidencial también toma un matiz político. Trump ha expresado públicamente su respaldo a Byron Donalds, mientras que medios estadounidenses, como CNN, reportan tensiones internas en el entorno del gobernador DeSantis, debido a las aspiraciones políticas de su esposa, Casey DeSantis, quien busca posicionarse como su sucesora.