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Fiscalía reabrirá el caso del cura Roma por pederastia e investigará a los encubridores

La Fiscalía departamental de Santa Cruz anunció que reabrirá el caso del sacerdote jesuita Luis María Roma Pedrosa (actualmente fallecido), pero esta vez irá tras las personas que encubrieron sus delitos de pederastia. La Compañía de Jesús, por su parte, anunció mediante un comunicado que no protegerá a los responsables. El domingo, se hizo público un manuscrito de 75 hojas que revela los abusos sexuales que cometió el religioso contra cientos de niñas indígenas en el municipio de Charagua (Santa Cruz), quienes fueron fotografiadas y grabadas en video. Según el diario El País de España, tras la muerte de Roma en 2019, la orden jesuítica realizó una investigación interna y confirmó los abusos, pero decidió guardarlo en un cajón con el rótulo: “Los manuscritos de Charagua”. Ayer, el fiscal general, Juan Lanchipa, anunció la reapertura de la investigación en contra de sacerdote fallecido y de sus encubridores. “En el caso del sacerdote Roma, que falleció en 2019, la investigación se inició en Santa Cruz, pero se cerró por falta de elementos, pero ahora la Fiscalía cuenta con suficientes pruebas para reiniciar la investigación en contra de los encubridores, ya que el autor de los abusos falleció”, informó Lanchipa. Además, el Fiscal General instó a la población a denunciar los abusos en los que se hallan implicados los sacerdotes. “En este momento, tenemos más de 10 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, los cuales están en investigación”, añadió. Compañía de Jesús La Compañía de Jesús dijo que no protegerá a los responsables de ocultar los casos de abuso sexual en los que se hallan implicados sacerdotes. “Reconocemos con profundo pesar que las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, y actuar en favor de las víctimas, fueron negligentes, indolentes y nefastas”, señala parte del comunicado. Además, indica que las actuales autoridades de la Compañía de Jesús en Bolivia “tienen la obligación moral de no obrar como lo hicieron sus antecesores”. También indican que colaborarán con la investigación que lleva adelante el Ministerio Púbico. “Urgimos al Ministerio Público a reabrir el caso del jesuita catalán Luis María Roma y los que considere oportuno ante la evidencia del testimonio de víctimas y el material colectado en los allanamientos”, señala otra parte del pronunciamiento. Finalmente, el manifiesto indica que se estableció una comisión a cargo de la delegada de Ambientes Sanos y Seguros, que es una profesional laica y psicóloga. “Inicie de inmediato la labor de contactar a las víctimas del caso Roma y de otros que fueron denunciados”, añade. De acuerdo con datos del manuscrito, Roma cometió abusos sexuales contra niñas de entre ocho y 11 años, entre 1998 y 2002, en Charagua, donde llegó como misionero, y en Trinidad Pampa, Nor Yungas (La Paz). Su vida y paso por Bolivia Luis María Roma nació en Barcelona (España) el 12 de septiembre de 1935. Fuente: Los Tiempos

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Fiscal de la CPI exige órdenes de detención contra Netanyahu y tres líderes de Hamás

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha exigido este lunes órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant; así como de Yahya Sinwar, jefe de Hamás en la Franja de Gaza; Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás, conocida como las Brigadas al Qassam; e Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás. Según la corte, todos los individuos «son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina». Entre otras cosas, a Netanyahu y Gallant se les acusa de «hambre de civiles como método de guerra» y «dirigir intencionadamente ataques contra una población civil como crimen de guerra». Mientras, los líderes de Hamás son acusados de «tomar rehenes» y de «torturas», entre otras cosas. «Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil —nadie— puede actuar con impunidad. Nada puede justificar que se prive deliberadamente a seres humanos, entre ellos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas que requiere la vida. Nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles», destacó el fiscal. «Ahora, más que nunca, debemos demostrar colectivamente que el derecho internacional humanitario, base fundamental de la conducta humana durante los conflictos, se aplica a todas las personas y se aplica por igual en todas las situaciones de las que se ocupan mi Fiscalía y la Corte», concluyó. Fuente: RT

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Feminicidios suben a 26 e infanticidios a 16, Fiscalía lamenta el “ensañamiento contra las víctimas”

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Público, desde 01 de enero hasta el 24 de abril se suscitaron 26 casos de feminicidio y 16 infanticidios, informó este jueves el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. “Es preocupante y alarmante el incremento de estos hechos tan violentos que se dan, en esta última etapa tenemos 26 casos de feminicidio a nivel nacional y 16 hechos de infanticidio en escenarios totalmente violentos con ensañamientos con las víctimas”, dijo la autoridad fiscal en conferencia de prensa. Según los datos del Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público La Paz tiene 8 casos, seguido de Cochabamba con 5, Santa Cruz también con 5, Tarija con 3, Potosí 3, Oruro 1 y Chuquisaca 1. “Nosotros llevamos adelante, en el caso de Santa Cruz, de manera particular, una efectividad del 100 por ciento; en todos los casos de feminicidio que se han consumado en ese departamento han sido condenados los autores”, enfatizó. Uno de los recientes hechos, se suscitó en el municipio de Capinota, en Cochabamba, la víctima es Aurelia C. V., de 34 años, quien perdió la vida la madrugada del lunes tras ser apuñalada varias veces por su concubino identificado como Simeón J. P., de 38 años. Infanticidios Respecto a los casos de Infanticidio, el departamento de La Paz tiene la mayor incidencia con 10 casos, le sigue Cochabamba con 2, Oruro 2 y Santa Cruz 2. Durante el mes de enero se reportaron tres víctimas de Infanticidio, en febrero cuatro, marzo seis y abril dos, que hacen un total de 16 casos. Suman un total de 16 infanticidios que enlutaron a las familias bolivianas en este 2024. Los hechos conmovieron a la población por el grado de violencia. En el caso de La Paz, en marzo se registró otro doble infanticidio que estremeció al país. En un domicilio de la zona Ciudad Satélite de El Alto, el autor del macabro hecho fue su propio padre, César Guillermo Tezanos Pinto Vargas, quien terminó con la vida de sus hijos, César y Daniel, de dos y cuatro años. Según la investigación, los padres discutieron por problemas legales y de custodia de sus hijos. Tezanos Pinto Vargas entró a la cocina, sacó un cuchillo, atacó a la madre, y luego ingresó al dormitorio de los niños y los degolló. A este caso, suman otros 14 lamentables hechos. Fuente: ABI

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La Fiscalía de Brasil acusa a una diputada bolsonarista de ‘hackear’ un órgano judicial

La diputada ultraderechista Carla Zambelli, colega de partido del expresidente Jair Bolsonaro, y el ‘hacker’ Walter Delgatti, habrían invadido el sistema informático del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano de control del Poder Judicial, para insertar documentos falsos, como un orden de prisión en contra del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Así lo cree la Fiscalía, que acusó formalmente a la legisladora y a Delgatti ante la máxima corte por los crímenes de «invasión de dispositivo informático» y «falsedad ideológica». «Ambos están acusados ​​de irrumpir en seis sistemas judiciales un total de 13 veces e insertar 16 documentos falsos, incluida una orden de arresto contra el juez del STF, Alexandre de Moraes, y órdenes de violar su secreto bancario y bloquear activos», detalló el organismo. El ataque habría tenido como objetivo acceder ilegalmente a información confidencial y comprometer la integridad del sistema judicial brasileño. «Excéntrica y polémica figura» Delgatti fue interrogado el año pasado por una comisión parlamentaria, que investigó el violento asalto a manos de miles de bolsonaristas radicales a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, en un intento de desalojar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El ‘hacker’ declaró entonces que que Zambelli, del Partido Liberal, le había contratado. También confesó que el propio Bolsonaro le preguntó si podía intervenir las urnas electrónicas y que le ofreció un indulto, en caso de que ello acarreara para él alguna consecuencia legal. Por su parte, a través de su defensa, la diputada dijo que «no existe ninguna prueba efectiva» que muestre su participación en el pirateo del CNJ. Zambelli es una excéntrica y polémica figura de la ultraderecha que, en víspera de las elecciones de octubre de 2022, se hizo viral tras salir en un video en el que perseguía con un arma en Sao Paulo a un hombre negro, partidario del entonces candidato Lula. La legisladora, una de las impulsoras del proceso que acabó destituyendo a la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, tiene un largo historial de controversias y procesos en la Justicia, entre ello uno en el que tuvo que indemnizar al diputado Jean Wyllys, del izquierdista radical PSOL, tras acusarlo de pedofilia. Fuente: RT

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Fiscalía colombiana llevará a juicio a Álvaro Uribe

La Fiscalía General de Colombia acusará formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos. «A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal», se lee en un comunicado del Ministerio Público. En el documento se llama a recordar que esta causa avanzó tras la negativa de sendas solicitudes de preclusión «que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes». Aún no está claro cuándo iniciará el proceso judicial contra el exmandatario, si bien el documento precisa que la audiencia de formalización de la acusación tendrá lugar una vez que el Circuito Judicial de Paloquemao de Bogotá «cumpla con el reparto y se conozca el juzgado» al cual quedará asignada la causa. Como parte de las garantías procesales, el texto puntualiza que «el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo«. De otra parte, medios colombianos refieren que la nueva determinación incluye nuevos elementos de prueba, como las declaraciones del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez. Se trata de una de las decisiones de mayor trascendencia político-judicial tomadas bajo la administración de la recién designada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la gestión de su predecesor, Francisco Barbosa, se solicitó en dos oportunidades la preclusión del proceso, pero la Justicia lo negó.  El caso Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por lo contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal, al tiempo que Cepeda fue considerado una víctima. Del mismo modo se estableció como hipótesis que el expresidente podría estar falseando información, al encontrar evidencia de posibles presiones ejercidas por Uribe y sus abogados contra los testigos que accedieron a conversar con Cepeda. El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público. Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe debía seguir adelante. Fuente: RT

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Dina Boluarte: Fiscalía encontró tarjeta de compra de pulsera Bangle valorizada en US$13.650 en su casa

El Ministerio Público encontró —durante el allanamiento del sábado 30 de marzo de 2024— una tarjeta de compra de la Casa Banchero de una pulsera Bangle valorizada en US$13.650 en la casa de Surquillo de Dina Boluarte. El comprador sería Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien habría llevado horas después de la adquisición el lujoso artículo a la sede de la PCM, por donde habría ingresado a Palacio de Gobierno para ser usada horas después por la jefa de Estado. “Tarjeta de color blanco con la descripción ‘Casa Banchero – Desde 1905′, con N.° 082894 y descripción: ‘Pulsera Bangle 94btes 076m 1.76K 5Peras 1.00K OA 23g, 4.8×5.8 cms’, con una imagen de una pulsera de color dorado”, se lee en el acta de allanamiento del 30 de marzo de 2024. De acuerdo con la información de ‘Cuarto poder’, quien compra esta pulsera Bangle es Wilfredo Oscorima, el 25 de julio de 2023, por un precio de US$13.650. La pulsera fue comprada en la fecha indicada anteriormente por la mañana. Ya por la tarde (entre las 13.28 y las 16.10 horas), la autoridad regional de Ayacucho llega a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se encuentra en Palacio de Gobierno. Dina Boluarte luce la pulsera Bangle Por la noche, la mandataria Dina Boluarte usa el mismo tipo de pulsera Bangle que compró Wilfredo Oscorima en la mañana de ese mismo día. Durante la actividad oficial, la jefa de Estado lució la ostentosa joya, en un evento con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El 28 de julio, tres días después, la presidenta acude al Congreso de la República con la misma pulsera Bangle para dar su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Finalmente, la tarjeta con la información sobre las características de la misma fue encontrada en su casa de Surquillo durante la diligencia fiscal. Piden investigar a Oscorima por cohecho y obstrucción Toda la nueva información difundida en los medios, así como las contradicciones de Dina Boluarte sobre los relojes de marca Rolex y otras joyas, generan que el Ministerio Público tenga que ahondar en las investigaciones, que incluye a otros actores, como el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Así lo consideró la vicedecana del Colegio de Abogados de Ayacucho, Yuri Martínez Ochoa. Esta semana el Colegio de Abogados de Ayacucho envió un escrito al Ministerio Público, en el que trasladó la información difundida en los medios, para que esta instancia evalúe el inicio de indagaciones sobre el rol de Oscorima, quien por ahora solo tiene la condición de testigo. En declaraciones para el programa ‘Voces del sur’, vía Estación Wari de Ayacucho, la abogada Yuri Martínez consideró que el gobernador de Ayacucho puede ser investigado por varios posibles delitos, como “enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo impropio, concusión y obstrucción a la administración de justicia”. Fuente: La República

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Fiscalía de Ecuador advierte sobre planes desestabilizadores

La Fiscalía General de Ecuador alertó sobre presuntos intentos de grupos criminales para realizar planes desestabilizadores en el país y encubrir a la trama de corrupción judicial, policial y carcelaria que reina en la nación a raíz de la investigación del caso “Metástasis”.  A través de un comunicado divulgado por redes sociales, la Fiscalía precisó que están trabajando en desmantelar estos ataques, al tiempo que reciben testimonios anticipados en el marco de la instrucción fiscal del caso, en el que 52 personas han sido procesadas por presunta delincuencia organizada.  En tal sentido, por el avance de la investigación, la Fiscalía de Ecuador alertó a la ciudadanía sobre los intentos desesperados de las organizaciones criminales para desviar la atención de los proceso que se llevan a cabo en torno al caso “Metástasis”.  La Fiscalía llamó a la opinión pública a mantenerse enfocada, a informarse a través de canales oficiales y «a no dejarse engañar por quienes buscan impunidad a toda costa». «Los casos destapados a través de las investigaciones son apenas un paso dentro de todo el camino que queda por recorrer en pro de mejores días para el Ecuador», precisó la Fiscalía en el comunicado.  El  Ministerio Público ecuatoriano reiteró su compromiso de trabajar para combatir la corrupción, el narcotráfico y todos los delitos relacionados con esta forma de trabajar de la delincuencia organizada.  Por ahora, las autoridades se reservaron las presuntas estrategias que tienen los antisociales para perpetrar sus planes desestabilizadores.  Mientras la violencia sigue siendo contenido gracias al estado de excepción, Ecuador se mantiene en “conflicto armado interno” y batallando contra las bandas criminales por orden del jefe de Estado, Daniel Noboa. Fuente: TeleSUR

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La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido condenar a 2 años y 6 meses de cárcel al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora de la Selección femenina Jennifer Hermoso durante la celebración del título mundialista de España en Sídney el pasado 20 de agosto. Además, la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez, pide también un año y seis meses de prisión para los otros acusados en el caso, el director deportivo de la selección española masculina, Albert Luque, el exentrenador de la selección española femenina y actual seleccionador femenino de Marruecos, Jorge Vilda, y el exresponsable de marketing de la RFEF Rubén Rivera. El ministerio público solicita para Rubiales la inhabilitación para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena, dos años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse con la jugadora y acercarse a ella a menos de 200 metros durante cuatro años. Asimismo, quiere que indemnice a la internacional con 50.000 euros. Es la misma cantidad que reclama a los otros tres acusados, aunque en su caso, de manera conjunta y solidaria. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, consideró por finalizada la instrucción del caso el pasado 14 de marzo con la toma de declaración a la actual seleccionadora Montse Tomé y se reafirmó en los argumentos expuestos en su primer auto de pase a procedimiento abreviado del pasado enero, en el que consideraba que el beso a la jugadora “no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva” del investigado Luis Rubiales. Hay que recordar que Luis Rubiales está además siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda en la llamada Operación Brody, en la que se analizan varios contratos de la RFEF referentes, entre otros, a la Supercopa de Europa y la reforma del estadio de La Cartuja. El escrito de la Fiscalía El escrito de acusación de la teniente fiscal de la Audiencia, Marta Durántez, describe una conducta de Rubiales “sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación” de Jenni Hermoso cuando, durante la entrega de medallas del Mundial, la “sujetó la cabeza” con ambas manos y le “propinó un beso en los labios”. La Fiscalía también acusa a Rubiales de presionar de manera “constante” y reiterada a la futbolista y a su entorno para que “justificara y aprobara” el beso que le dio “contra su voluntad” ante “las consecuencias personales y profesionales” a las que éste podría enfrentarse. Una “situación de hostigamiento” de la que también responsabiliza a los otros tres acusados, “personas de confianza” de Rubiales que accedieron a sus cargos “bajo su mandato” y cuya “privilegiada situación en la RFEF” dependía de la “suerte” que éste corriera. Según la fiscal, las presiones comenzaron en la salida de los vestuarios, todavía en plena celebración, cuando Rubiales “instó” a Jenni Hermoso a declarar públicamente que el beso era consentido. Continuaron en el autobús, de donde “se le obligó a bajar” para que suscribiera un comunicado redactado por la RFEF “por orden” de Rubiales, cuyo “contenido no compartía” y que fue remitido a los medios y también en el vuelo a España, donde el expresidente federativo volvió pedir que hiciese una declaración conjunta con él, a lo que ella volvió a negarse. La Fiscalía sostiene que la “negativa reiterada” de Jenni Hermoso llevó a Rubiales y a su “equipo de confianza” a utilizar “otra vía”: presionar supuestamente a sus familiares. El escrito recoge que Jorge Vilda intentó que el hermano de la jugadora la convenciese ante la advertencia de que, si no hacía la declaración pública, habría “consecuencias negativas para ella”. Días más tarde, en el viaje a Ibiza de varias jugadoras, la Fiscalía sostiene que Rubén Rivera acudió a la isla e insistió a Jenni Hermoso en que hablase con el responsable de integridad de la RFEF, órgano que había abierto un expediente en el que “se pretendía, por orden” de Rubiales, “su exculpación”. Pese a que la internacional se negó y pidió “que la dejaran en paz”, la fiscal acusa a Rivera de seguir insistiendo e intentar presionar también a una amiga que la acompañaba para que Jenni Hermoso hablase con el cuarto acusado: Albert Luque. Según el ministerio público, éste también se desplazó a Ibiza para conseguir que la jugadora participase en un vídeo exculpando a Rubiales. Fue al hotel donde se alojaba y acabó enviando varios mensajes a su amiga en los que acusaba a la jugadora de “mala persona, deseándole que se encuentre muy sola en la vida y anunciándole que se alegraría si eso sucediera”. Fuente: AS

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Fiscalía imputa a dos altos cargos jesuitas por encubrimiento de casos de pederastia

La Fiscalía de Cochabamba imputó a los antiguos directores de la Compañía de Jesús, los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, por encubrir los abusos sexuales cometidos por el jesuita Alfonso Pedrajas contra niños de varios centros educativos que estaban bajo control de la orden durante la década de los 70, 80 y 90 del siglo pasado. Según informaciones del diario El País de España, tanto Recolons (81) como Alaix (83) aparecen citados en el diario de Pedrajas como dos de los siete altos cargos jesuitas que le ayudaron a encubrir sus delitos. “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras de los jesuitas, más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”, señala la imputación. Los dos exaltos cargos jesuitas deben comparecer mañana ante los tribunales de Cochabamba en una audiencia presencial. La Fiscalía pidió la medida cautelar de detención preventiva contra los imputados porque hay “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas» y posible “obstaculización judicial”. El País publicó en 2023 una investigación sobre el diario personal de Pedrajas, un jesuita valenciano que admitió, en más de 300 páginas, que, durante décadas, abusó a al menos 85 menores mientras era parte del plantel del internado Juan XVIII, en Cochabamba, Bolivia. En una de sus anotaciones, Pedrajas señala que “hice daños a demasiadas personas”. También menciona a al menos siete jerarcas jesuitas en Bolivia y España que sabían de los abusos y no lo denunciaron ante las autoridades. El diario de Pedrajas es el documento fundamental bajo el que la Fiscalía inició las investigaciones en Bolivia. La imputación señala que la “autenticidad del documento está respaldada por los testimonios de víctimas y el trabajo investigativo realizado en España”. Además de Pedrajas, otros tres sacerdotes –Luis Tó, Antonio Gausset y Carlos Villamil– fueron denunciados por abusos. Fuente: Los Tiempos

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El Sernap y Fiscalía secuestran equipos usados en la minería ilegal en Cocapata

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio Público comprobaron ayer  la apertura de un camino para la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Cotapata, ubicado en el noroeste de La Paz, incautaron maquinaria y aprehendieron a siete personas que estaban en el campamento. Los guardaparques del área protegida denunciaron que fueron amenazados de muerte por los cooperativistas mineros durante los decomisos que hicieron y pidieron garantías a las autoridades para continuar con su trabajo. En el operativo se verificó “la apertura de manera ilícita de un camino de aproximadamente un kilómetro dentro del Área Protegida Cotapata, en la comunidad de Chuspipata”, indicó el Sernap.  En el operativo participaron también personal de la Dirección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, de la Fiscalía del municipio de Coroico, además de 70 policías. El operativo decomisó maquinaria utilizada para trabajos de minería como palas mecánicas, compresoras, volquetas y cisternas; además, encontraron un generador de luz, combustible y artefactos explosivos utilizados para abrir el camino rocoso. Los pobladores que acompañaron el operativo señalaron que los responsables de abrir el camino ilegal no pertenecen a la comunidad.  El testimonio de uno de los guardaparques señala que los hombres ingresaron al área en enero y comenzaron con amenazas y amedrentamiento. Indicó que los hombres destruyeron el vehículo de los guardaparques, quienes sufren amenazas cuando realizan sus labores de protección las zonas naturales. En el área protegida de Cotapata, que comprende dos ecorregiones, se tiene registrado 102 especies de flora y 200 especies de plantas superiores. También se tiene el reporte de 607 especies de vertebrados, entre ellos 85 especies de mamíferos, 455 especies de aves, 29 especies de reptiles y 11 especies de peces. Familiar Un individuo, junto a otras personas, intentó detener la una caravana argumentando ser sobrino de Alejandro Santos, flamante ministro de Minería y Metalurgia. El hombre siguió la caravana oficial y tomó fotografías del personal que participó en el operativo. Mediante un comunicado, el Ministerio de Minería y Metalurgia negó cualquier tipo de parentesco entre el ministro Alejandro Santos y la persona que intentó frenar el operativo. Este caso se suma al acoso por mineros y avasalladores a los guardaparques que trabajan en 23 áreas protegidas. Caso por delitos ambientales    Los siete detenidos fueron  llevados a la Fiscalía de Coroico, están en un proceso investigativo y, dependiendo de requerimiento fiscal, pasarán el arresto de ocho horas. En tanto, los objetos comisados fueron trasladados hasta La Paz. Ayer con un requerimiento fiscal, personal del Sernap junto con policías, trabajadores de la Fiscalía, otras autoridades y comunarios llegaron hasta la zona donde se evidenció los trabajos para abrir un camino ilegal. El caso se investiga por delitos medioambientales. Fuente: Los Tiempos

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