La organización no gubernamental Cristosal solicitó este miércoles a la Fiscalía de El Salvador que investigue un millonario fraude de fondos públicos supuestamente realizado mediante la billetera digital Chivo Wallet, promovida por el Gobierno de ese país para realizar transacciones con bitcóin. Como posibles delitos cometidos, Cristosal menciona “contratos y procesos declarados en reserva, deshabilitación de mecanismos de seguridad en la Chivo Wallet, hurto de identidad y defraudaciones millonarias de dinero público a través de esa aplicación”. En un comunicado, la ONG pidió que el Ministerio Público investigue el asunto e inicie “el procedimiento penal correspondiente en contra de los responsables como autores o partícipes en estos hechos”. Solicitó que la pesquisa establezca la cadena de mando que permitió que se emitieran “las decisiones que conllevaron a la afectación del patrimonio público”. Calificó estos hechos como graves y fundamentó su pedido a partir de investigaciones periodísticas publicadas en dos medios salvadoreños (El Faro y Revista Factum) y un medio radicado en Guatemala (No Ficción). Señaló que las investigaciones de dichas plataformas “tienen como respaldo documentos y declaraciones de involucrados, incluso en procesos judiciales ante una corte estadounidense”. De acuerdo con Cristosal, “las irregularidades señaladas inician con la aplicación de la Ley Bitcóin, porque en los procesos de compra del Estado, en la plataforma pública COMPRASAL, no existe ninguna información sobre la contratación para eleboración o desarrollo del software conocido como Chivo Wallet”. Según las investigaciones periodísticas, “en el proceso de registro de las personas en la aplicación, uno de los responsables del desarrollo de la Chivo Wallet recibió instrucciones para deshabilitar componentes fundamentales para la verificación de la identidad de los usuarios”. Los citados medios de prensa aseguraron que “la deshabilitación fue instruida por personas relacionadas con el Gobierno -que fungían como ‘enlaces’ o ‘coordinadores’-, permitiendo que el 20 por ciento de los usuarios creados no pertenecieran realmente a las personas registradas, sino a terceros que suplantaron sus identidades, ocasionando el hurto de más de 12 millones de dólares de recursos públicos”. Cristosal llamó la atención de que ninguna institución salvadoreña ha solicitado investigaciones ni ha señalado responsables “por la pérdida de millones de dólares de dinero público y por las víctimas del hurto de identidad por medios informáticos”. La jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, declaró a medios locales que “la Chivo Wallet ha sido una política fallida del Gobierno de El Salvador y ha intervenido directamente sobre los derechos de la ciudadanía tanto en la afectación del hurto de identidad como los recursos públicos que han sido utilizados para la implementación de esa aplicación”. Aseveró que hace más de un año y medio acudieron a la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Sala de lo Constitucional para alertar sobre este hecho y proteger a la ciudadanía, pero no se les tomó en cuenta mientras continúa la falta de información del Ejecutivo de Bukele respecto a este tema. Fuente: ABI
