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 A partir de la ampliación del proceso por la masacre de Senkata a la presidenta de facto Jeanine Áñez, el Comité Impulsor apunta a procesar al gabinete de ministros que junto con la exsenadora “dieron carta blanca” a las Fuerzas Armadas para reprimir a la población en noviembre de 2019 con el Decreto Supremo 4078. El coordinador del Comité Impulsor de Juicio de Responsabilidades por el golpe de Estado de 2019, Aldo Michel, señaló que también tendrían que ser procesados los aliados del régimen de facto: el expresidente Carlos Mesa, el recluido excívico Luis Fernando Camacho, el exmandatario Jorge Quiroga y el empresarios y político Samuel Doria Medina, entre otros. “Fue una decisión acordada, negociada con el Alto Mando Militar para ofrecerles un manto de protección a su impunidad en la perspectiva de que realicen los actos de represión como los hicieron en Senkata, Sacaba, Huayllani, El Pedregal, Montero, en Los Rosales, en La Paz. Vamos a exigir al Ministerio Público que amplíe la responsabilidad a los 16 miembros del gabinete y también a los actores políticos del golpe de 2019”, señaló Michel. El 17 de enero, los fiscales Walter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Favio Maldonado Parada comunicaron al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto que el Ministerio Publicó determinó ampliar el proceso penal en contra de la expresidenta de facto por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, que dejó más de una decena de personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019. Ante la determinación, el equipo de abogados de la exmandataria anticipó que ella no se someterá al proceso ordinario por el caso Senkata, debido a que le correspondería un juicio de responsabilidades extremo desestimado por el Comité Impulsor. La pesquisa en contra de la exmandataria de facto se amplió en el marco del proceso seguido de oficio en contra de Luis Fernando Valverde Ferrufino y otros, por los hechos registrados en a la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, durante el traslado de un convoy de combustible a La Paz en noviembre de 2019. De acuerdo con la investigación preliminar, Valverde Ferrufino dio la orden para que se desplace el convoy de combustible desde la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, en medio de una violenta represión en contra de los vecinos de la zona. En el escrito se señala que fuerzas conjuntas de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales se identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”. La base central de la acusación en contra de la exsenadora es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019 que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en hechos como Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, en este último donde también se registraron más de una decena de personas fallecidas. Por estos hechos, Áñez es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata, como en Sacaba. Junto con Áñez firmaron el decreto Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Jerjes Enrique Justiniano Atalá (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), Luis Fernando López Julio (Defensa), José Luis Parada Rivero (Economía), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energía), Yerko Núñez Negrete (Obras Públicas), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Mauricio Samuel Ordoñez Castillo (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga Vega (Comunicación). «Para nosotros es justicia» La expresidenta del Senado y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, responsabilizó a Áñez y a sus colaboradores por los decesos de noviembre de 2019 porque ese falso argumento de que los manifestantes se dispararon entre ellos y que tenían el plan de hacer explotar la planta de Senkata fue desechado por los expertos de la GIE que realizaron las pesquisas en terreno. “Esperamos que la justicia pueda optar de la forma más transparente. La señora Jeanine sabe qué es lo que ha hecho cuando era presidenta, nosotros hemos denunciado que el Decreto Supremo que ellos han sacado era una carta blanca a los militares para matar a nuestros hermanos, era un delito y sabía que tarde o temprano eso se iba a sancionar», afirmó la alcaldesa de El Alto. Copa también justificó el proceso contra Camacho porque confesó que su padre “cerró” con los policías y militares para que no salgan a reprimir las protestas que concluyeron con la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019. Desvirtuó las aseveraciones de que el excívico sea un “preso político” como sus aliados y adeptos lo definen y con cuyo argumento impulsaron una serie de protesta que se tornaron violenta con el ataque a las infraestructuras de 28 entidades públicas, entre ellas de la Fiscalía, del Servicio de Impuestos Nacionales y del Banco Unión, entre el 28 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de este año. “Para nosotros es justicia, no es una revancha, no es odio hacia ellos, lo único que estamos buscando es justicia por las muertes de nuestros jóvenes de Senkata y sobre la persecución que nosotros hemos tenido, el amedrentamiento que se ha tenido en su momento”, aseveró. Ese mismo argumento de que se dispararon entre ellos fue esgrimido por Murillo y López por