Guatemala

Representantes de 20 países del continente americano se encuentran este martes en Guatemala para participar en la Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, en la que buscarán «promover iniciativas orientadas hacia una migración segura, ordenada, regular y humana«, así como «la protección de las personas en contexto de movilidad». Así lo informó el lunes la Cancillería guatemalteca en un comunicado, donde detalló que el encuentro se realizará en el Palacio Nacional de la Cultura de Ciudad de Guatemala, capital del país, y contará con la participación de altos funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otros. Además del acto central, se realizarán varios eventos paralelos con representantes del sector privado, de la sociedad civil, la academia y de gobiernos, para trabajar sobre la migración laboral y «el rol del sector privado ante la dinámica migratoria para el desarrollo integral de las sociedades». También se realizarán encuentros bilaterales entre los funcionarios de los países participantes y se desarrollarán en la sede de la Cancillería de Guatemala. Una de las reuniones que se efectuarán será entre el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. Según el Departamento de Estado, Blinken también sostendrá encuentros bilaterales con «otros líderes del hemisferio occidental para analizar la consolidación de un hemisferio más seguro y próspero». El alto funcionario estadounidense destacará «los avances» que han conseguido en los dos últimos años a través de esta iniciativa y planteará nuevas medidas conjuntas «para reforzar la gestión humana de la migración«, así como también el «control riguroso, las vías legales y el acceso a la protección», y «una mayor integración de refugiados y migrantes» en América. ¿Quiénes participan? La Cancillería de Guatemala informó que el evento tendrá la presencia de 11 titulares de Exteriores, así como altos funcionarios de gobiernos, organismos internacionales, financieros, entre otro. Entre los cancilleres están: Francis Fonseca, de Belice; Luis Murillo, de Colombia; Arnoldo André Tinoco, de Costa Rica; Alicia Bárcena, de México; Gabriela Sommerfeld, de Ecuador; y Alexandra Hill, de El Salvador. También se encuentran Antony Blinken, de EE.UU.; Carlos Ramiro Martínez, de Guatemala; Eduardo Enrique Reina, de Honduras; Janaina Tewaney Mencomo, de Panamá; y Kamina Johnson Smith, de Jamaica. Por Argentina asiste la directora general de Asuntos Consulares, Mónica García; de Canadá acude Harpreet Kochhar, viceministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía; por Chile, Gloria de la Fuente, subsecretaria de Exteriores; y por Guyana, Samuel Hinds, embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, está Yves Rody Jean, encargado de Negocios de la Embajada de Haití en México; Víctor Verdún, viceministro de Exteriores de Paraguay; Eduardo Arana Ysa, ministro de Justicia de Perú; Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA, y Marten Schalkwijk, embajador de Surinam en la OEA. Los países que integran la iniciativa han establecido un plan de trabajo que incluye «cuatro pilares»: La primera reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles se realizó en California luego de la IX Cumbre de las Américas realizada en 2022, a partir de una iniciativa de EE.UU. Luego, en Lima, se efectuó otro encuentro ese mismo año. Fuente: RT

Tres diputados del partido guatemalteco Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestionaron las acciones emprendidas por Sandra Torres, secretaria nacional de la formación, que denuncia que fueron expulsados de la agrupación política y quedaron sin bancada en el Congreso. En una rueda de prensa, que recoge la prensa local, Ervin Edin Maldonado Molina, José Inés Castillo Martínez y Raúl Solórzano Quevedo aseguraron que Torres actúa de «manera ilegal», porque en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se inició ningún proceso de expulsión por parte de la UNE. Los tres diputados afirman que su estatus en el partido es de afiliado vigente. «Vamos a presentar una acción legal en contra de Arturo Morales, quien supuestamente funge como presidente del Tribunal de Honor del partido, porque él supuestamente inició trámites de expulsión», señalaron. «Mañana [por este viernes] tenemos el derecho de optar a cargos del Congreso de la República (…) y públicamente comprometemos 21 votos de la UNE», añadieron. La UNE confirma la expulsión Sin embargo, la UNE publicó un comunicado confirmando la expulsión de los diputados y añadió a la parlamentaria Karla Cardona, y destacó también la separación de la formación de los diputados electos: Víctor Hugo Cifuentes, Darwin Edgardo Ramírez y Oscar Rolando Corleto. «Los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o subjefatura de bancada, no podrán ser miembros de ninguna comisión de trabajo, así como actuar en nombre de la Organización Política Unidad Nacional de la Esperanza, nacional o internacionalmente», reza el texto. Polémica en el Congreso Esta polémica ocurre en medio de la decisión de la Corte Constitucional de repetir la elección -prevista para este viernes- de la Junta Directiva del Parlamento, por incluir a diputados que perdieron su formación política tras una orden judicial, en alusión al Movimiento Semilla, partido con el que el socialdemócrata Bernardo Arévalo llegó al poder. Arévalo se alzó con el triunfo tras ganar el balotaje, en agosto del año pasado, frente a la exprimera dama Sandra Torres. El presidente del Congreso de Guatemala, Samuel Pérez Álvarez, condenó el jueves el fallo, y aseguró que con esa orden, la Corte ha decidido convertirse «en guardiana de los corruptos«, además de «entrar en un pulso directo con el Congreso, pero sobre todo contra la voluntad popular». Fuente: RT

El flamante mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes que derogará el decreto que le otorgaba seguridad a exministros y exsecretarios de la Presidencia de la República, en el marco de la revisión de los salarios del Estado. «Sí, vamos a derogar ese acuerdo», contestó a la prensa local tras participar en una ceremonia maya en Ciudad de Guatemala. «Estamos viendo ahorita simplemente los detalles legales, porque es un abuso y es completamente ilegal«, añadió. En una de sus últimas decisiones al mando del país centroamericano, el 28 de diciembre de 2023 el expresidente Alejandro Giammattei aprobó el acuerdo gubernativo 320-2023, publicado en el Diario de Centro América, para brindar «medidas de protección» a servidores públicos que «pueden ser objeto de agresiones». Entretanto, Arévalo comunicó que la Comisión contra la Corrupción instaurada por Giammattei desaparecerá y será reemplazada por otra con un mecanismo «verdaderamente funcional». Polémica fiscal En medio del conflicto que el Ministerio Público de Guatemala sostuvo en los últimos meses, que según analistas y el propio Arévalo buscaba torpedear su juramentación como jefe de Estado, notificó que le enviará una carta a la fiscal general, Consuelo Porras. «Vamos a comenzar el proceso por allí. Y a partir de ahí determinaremos la fecha«, agregó Arévalo cuestionado sobre el posible pedido de renuncia a Porras, quien solo puede ser destituida cuando enfrente una condena con sentencia en firme. RT

Tras largos meses de incertidumbre, tensión política, confrontación y polémicas, el líder progresista del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, ganador de los comicios presidenciales celebrados en agosto de 2023, asumirá finalmente como jefe de Estado de Guatemala junto a su compañera de fórmula para la vicepresidencia, la científica y socióloga Karin Herrera. La asunción de Arévalo y Herrera ―que estarán al frente del país durante el período 2024-2028― se mantuvo en entredicho hasta esta última semana debido a distintas investigaciones judiciales que abrió el Ministerio Público (MP) guatemalteco contra ambos, su partido político Semilla e incluso el proceso electoral que le dio la victoria, al considerar que sus resultados serían nulos. Estas acciones fueron denunciadas por Arévalo y Herrera, quienes alegaron que los expedientes creados por el MP en manos de la fiscal general, María Consuelo Porras, obedecían a una persecución política que pretendía generar un golpe de Estado y evitar que se formalizara su toma de posesión este 14 de enero. Los conflictos entre la dupla presidencial electa y la fiscalía comenzaron semanas antes de su triunfo en la segunda vuelta presidencial, jornada que marcó varios hitos políticos, donde el dirigente se convirtió en el candidato más votado de la historia del país centroamericano con más de 2,4 millones de votos, y en el primero, también, en ser hijo de un expresidente. Luego que las autoridades electorales confirmaran su victoria con 58 % de los votos, frente al 37 % que obtuvo la conservadora Sandra Torres, el entonces presidente electo, quien ya había denunciado el acoso judicial en su contra, destacó la participación de los guatemaltecos en los comicios como «un acto de defensa de la democracia», sobre todo en un momento histórico para el país que «significó un acto de valentía». El sociólogo de 65 años, hijo del fallecido expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), consideró que el alud de votos a su favor reflejó que la ciudadanía está harta de la corrupción enquistada en el Estado, y anhela cambios reales que transformen la política en Guatemala y abran paso a una verdadera institucionalidad democrática.ç Disputas con la Fiscalía Porras, junto con el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana, han sido protagonistas de la arremetida contra Semilla y la dupla presidencial. El trío de funcionarios fue incluido en la lista de sanciones de EE.UU. por sus intentos de socavar el traspaso del poder. La situación conflictiva comenzó desde que Arévalo ganó la primera vuelta y empezó a perfilarse como ganador del balotaje. Desde entonces, la Fiscalía emprendió acciones que terminaron en la suspensión del Movimiento Semilla e incluyeron el allanamiento de su sede y la del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como el secuestro de actas con resultados.  En medio de la incertidumbre causada por las acciones de la Fiscalía, que en diciembre denunció presuntas irregularidades cometidas por el TSE tras la victoria de Arévalo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ordenó «garantizar la efectiva toma de posesión» de todos los funcionarios que resultaron electos en los comicios de 2023. Los reiterados intentos de judicialización en contra de Arévalo, Herrera y su partido, desataron una ola de protestas en el país con cierres de vías, paros y cercos ante las sedes del Ministerio Público. A inicios de enero, el equipo del político que acusó públicamente a Porras desde septiembre de 2023 de estar detrás de un intento de «golpe de Estado», precisó que Arévalo se reunirá con la fiscal Porras, «lo antes posible», «para pedirle la renuncia«. El anuncio se dio con base en el fallo emitido por la CC, que ordenó a las instituciones del Estado garantizar el cambio de mando. Sin embargo, el jefe de la FECI se opuso a la decisión de la Corte y buscó dejarla sin efecto. El desafío del Congreso Además de mantener su lucha contra el acoso judicial que adelantan desde la fiscalía, que incluso llevaron a la vicepresidenta Herrera a solicitar ante la CC un amparo provisional para garantizar su derecho de antejuicio y su toma de posesión, Arévalo deberá enfrentar también el desafío de gobernar con un Congreso de mayoría opositora. Así, el presidente guatemalteco ―que cuenta con apenas 24 escaños de Semilla en el parlamento― deberá medir fuerzas contra los 27 del bloque conservador Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y los 40 obtenidos por el derechista partido Vamos, fundado por el ahora expresidente Alejandro Giammattei. A mediados de diciembre pasado, Arévalo exigió al entonces presidente Giammattei, que anulara la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que aprobó el Congreso, al denunciar que la norma contiene «múltiples irregularidades» que afectarán el ejercicio fiscal de 2024. Arévalo dijo que el decreto «contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades» contra «la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico». Además, incluye una serie de enmiendas que afectan «leyes ordinarias» como: la del Organismo Ejecutivo; la de Presupuesto; la de la Superintendencia de Administración Tributaria; la del Banco de Guatemala; la de Contrataciones del Estado, entre otras. El dirigente también advirtió que las «disposiciones» aprobadas por el Congreso, obligan al Ejecutivo a pagar una «deuda pública ilícita» con «asignaciones cuestionables, opacas», que «inducen a la corrupción», «menoscaban la autoridad, competencia y rectoría» de los ministros, y establecen «prohibiciones» al Ejecutivo, lo que constituye «un abuso de la facultad legislativa». La controvertida ley, dice Arévalo, también impone una «reducción arbitraria de las inversiones sociales», prioriza el gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales» y «amenaza el pago oportuno de deuda pública y el financiamiento de la inversión pública», lo que genera una «significativa afectación de la calificación de riesgo país» y «deteriora el clima de negocios e inversiones para Guatemala». Fuente: RT