La Paz

La Paz. – El Plan de Reactivación del Upstream (PRU) cuenta con un portafolio de 56 pozos, cuyos proyectos abarcan los departamentos de La Paz, Pando, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Este esfuerzo refleja un cambio en la producción de hidrocarburos en Bolivia, en contraste con los resultados de la última década, afirmó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. De acuerdo con un reporte de esa cartera de Estado, hay un notable progreso en el PRU (exploración y explotación), que abarca el periodo 2021-2024. En la actualidad, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 11 pozos exploratorios están en ejecución, 24 concluidos, y 9 en proceso de contratación y actividades previas. Estos datos contrastan con los del periodo de 2010 a 2020, cuando solo se ejecutaron 4 pozos exploratorios por parte de YPFB, todos con resultados negativos.El éxito del plan se evidencia en los resultados positivos de la exploración. En menos de 4 años, se obtuvieron 6 pozos exploratorios positivos a cargo de YPFB, en contraste con los resultados negativos previos. Además de mejorar la producción en los pozos existentes para maximizar la extracción de gas y petróleo, el Gobierno nacional, a través de YPFB, está avanzando en la exploración, con resultados positivos que prometen fortalecer aún más el sector energético del país. Este avance en la reactivación y exploración de pozos representa un paso importante hacia la recuperación y crecimiento del sector de hidrocarburos en el país, consolidando el compromiso del Gobierno nacional con el desarrollo sostenible y la optimización de los recursos naturales del país. ABI

Patacamaya, 20 de septiembre (El Nuevo Cambio).- La sentencia de tres años a cuatro dirigentes aimaras que ejercían su derecho a la protesta en la sede de gobierno, no se registró ni siquiera en las dictaduras, como en el régimen de Luis Arce y David Choquehuanca, denunció hoy el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. En su cuenta X, el exmandatario afirma que Luis Ayala Cussi, Celso Canaza, Agustín Aliaga Cala y Miguel Mamani Maji fueron extorsionados por el gobierno y obligados a aceptar un proceso abreviado. “Esta es una prueba de la traición al movimiento indígena. De Luis Arce puede esperarse todo, pero ¿Con qué cara David Choquehuanca podrá hablar de los derechos de los Pueblos Indígenas?, dijo al exigir que esas sentencias deben ser revertidas y que se otorgue libertad irrestricta a esos hermanos aimaras. Detención A tres días de su detención los cuatro campesinos fueron condenados a tres años de prisión, luego que aceptaran los cargos presentados contra ellos. Según señala un comunicado del Ministerio de Gobierno, “protagonizaron bloqueos en la carretera a Copacabana de La Paz, impidiendo y poniendo en peligro la libre circulación y seguridad de las personas y medios de transporte”. Esta no es la única vez que se recurre a un proceso abreviado en casos en los que interviene el Gobierno, ya sucedió en tres ocasiones: en 2023, dos ex jefes militares aceptaron someterse a un proceso de este tipo, porque según revelaron el gobierno les ofreció a cambio rebajar sus penas. Lo mismo ocurrió con el caso Adepcoca, en el cual los campesinos de Los Yungas desvelaron que el Ministerio de Gobierno también les hizo el mismo ofrecimiento: penas menores a cambio de juicio abreviado. En el caso del autogolpe, los imputados por el caso que el gobierno llama “golpe”, contaron que podían acceder a penas menores si se declaraban culpables. Solo uno aceptó la propuesta. EL NUEVO CAMBIO

La Paz. – El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, posesionó el jueves a Juan Carlos Escóbar Ventura, como nuevo Director Ejecutivo del Servicio Nacional, Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). “Les deseo todo el éxito en las labores que van a desempeñar por el bien de todos los sectores mineros y por el bien de todo el pueblo boliviano”, expresó el ministro tras posesionar a Escóbar Ventura en presencia de representantes de distintos sectores mineros, según un reporte de prensa. En tanto, el nuevo director del Senarecom agradeció por la confianza en el cargo al Ministro de Minería y Metalurgia y se comprometió a empezar de inmediato su respectivo trabajo en esta institución. “Es un día histórico para mi persona asumir el cargo de Director del Senarecom, un arduo trabajo que nos espera y lo asumiremos ante todo con transparencia. Nosotros tenemos que trabajar fuerte y duro por el bien del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó. En ese mismo acto, Santos posesionó a Edwin Calle, como nuevo Director Departamental de Senarecom Oruro. A ambas nuevas autoridades del Servicio Nacional, Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales, les auguróéxito en sus próximas tareas y les pidió trabajo incansable y entregado por el bien del sector minero y el país. ABI

La Paz. – La primavera llegará con cielos poco nubosos y la probabilidad de lluvias dispersas en La Paz, informó este viernes el pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Jaime Llanque. “Entre este sábado y domingo, en la ciudad de La Paz, vamos a tener cielos poco nubosos, temporalmente despejados y existe la probabilidad de que, en la noche, podamos tener cielos nubosos y lluviosos, con probabilidad de lluvias dispersas en el sector de la cordillera”, dijo Llanque a Unitel. Para el resto del país se pronostican cielos poco nubosos temporalmente despejados y no existe la probabilidad de precipitaciones dispersas. Mientras que, en el Chaco boliviano, se prevé el ingreso de una masa de aire frío, producto de un frente frío que se encuentra en el norte de Argentina, lo que afectaría con baja de temperaturas máximas el sábado y domingo. Señaló que a la fecha se registran ascensos de temperatura de 40 grados en la Chiquitanía y regiones de Santa Cruz y en Beni debido a los vientos fuertes que llevan las humaredas. El pronosticador informó que las temperaturas ascenderán en los valles y occidente del país de manera paulatina a fines de septiembre e inicios de octubre. ABI

Hace 10 años la Ley 494 determinó su clausura y declaró de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”.  Vecinos del barrio de San Pedro Bajo de La Paz demandaron a la Dirección General de Régimen Penitenciario hacer un compromiso público para el traslado y cierre definitivo de la cárcel de San Pedro, que permanece vigente pese a que hace 10 años una ley determinó su clausura. Los vecinos están preocupados por los riesgos que representa el recinto ubicado al frente de la plaza principal, y a pocas cuadras del centro político país en la plaza Murillo, donde ocurren graves vulneraciones de derechos humanos por el hacinamiento y la falta de condiciones de habitabilidad, la venta y el consumo de drogas, que excede sus muros, y las constantes “fiestas” sin control. La diputada Milena Reque junto a representantes de organizaciones del barrio, como la presidenta de la Junta de Vecinos San Pedro Bajo, Myriam Gina Dunois, realizan las coordinaciones y reuniones con las autoridades penitenciarias para hacer llegar la preocupación de la población y el pronto traslado del penal. “Queremos hacer un compromiso que sea público, con la presencia del Régimen Penitenciario y con la presencia del Ministerio de Gobierno, concretizar un acto en el que toda la población esté informada sobre este traslado y la construcción del nuevo penal”, dijo a ANF la diputada Reque. Agregó que ya existe un presupuesto inicial de un millón doscientos mil bolivianos y lo que se tiene que hacer es “propiciar que ese presupuesto se ejecute y se cumpla porque realmente son décadas que la población paceña está esperando el traslado de este penal”. Representantes de vecinos de San Pedro Bajo y la diputada Milena Reque esperan al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Foto: ANF Reque indicó que hay el compromiso de las autoridades de que en dos años se hará el traslado definitivo de San Pedro, para lo cual el nuevo penal ya debe estar construido. Parte de las actividades para ese propósito es realizar una inspección al penal, que ya fue efectuada, y luego fijar la fecha para el compromiso público de las autoridades sobre el cierre y traslado del penal. “Esperemos que en el transcurso del mes de septiembre esta manifestación de la voluntad política se pueda expresar con toda claridad y contundencia, y que los vecinos también contribuyan con sus criterios”, indicó. El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo al respecto que no se ha quedado ninguna fecha para el cierre y el traslado del penal, pero como gobierno vienen realizando las gestiones sobre los proyectos y los planes, que están avanzados, y se darán a conocer en los próximos meses. “No hemos quedado en fechas, hay un trabajo que está haciendo nuestro hermano ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, nuestro presidente (Luis Arce), de ver otro espacio para trasladar el penal de San Pedro, seguramente en las próximas semanas o meses se dará a conocer desde nuestro ministro qué trabajos vamos a realizar para cerrar definitivamente el penal de San Pedro”, señaló Limpias consultado por ANF. Limpias indicó que tener un nuevo centro penitenciario también pasa por contar con recursos económicos para invertir, pero “hay proyectos, hay planes, avances muy importantes respecto a ese tema”. Indicó que la Junta de Vecinos de San Pedro ya conoce de la intencionalidad que tiene el gobierno “para poder tener alternativas al cierre definitivo del penal de San Pedro, tener espacios mucho más adecuados para la reinserción social, porque ya no hay donde más desarrollarlo como infraestructura, ya no permite tener mucha gente acá”. La Ley 494 del 28 de enero de 2014 establece el cierre del penal de San Pedro y declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”. En agosto, la Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), pidió cumplir la Ley 494 y construir el Complejo Penitenciario para el departamento, acorde a las necesidades de la población privada de libertad. Para la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de  Bolivia, Yolanda Herrera, “mantener y sostener San Pedro en estas condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos, es solamente para seguir encubriendo o protegiendo algunas acciones totalmente fuera de la ley”. “Al parecer se está protegiendo intereses principalmente económicos para algunos, que no quieren facilitar la alternativa de construir otro centro penitenciario en mejores condiciones”, dijo a ANF. Reque señaló que la Ley para el cierre de San Pedro tiene como 10 años, sin embargo, la necesidad de propiciar esta ley data de unos 25 a 30 años, “que la cárcel esté en pleno centro de la ciudad, a pocos manzanos de la plaza Murillo, se constituye en una situación anormal”. “Los privados de libertad tienen derecho y el vecindario también tiene derecho, entonces estamos viendo de realmente ejercer presión sobre el gobierno para que ponga la voluntad política necesaria y se proceda con este traslado”, enfatizó. Dijo que espera que Régimen Penitenciario cumpla las fechas que ha puesto y que han sido anotadas por los vecinos para “que no haya mayor retraso en hacer estas obras, de inaugurar un nuevo centro penitenciario en Chonchocoro, y que la zona de San Pedro este más acorde a la situación residencial con la que cuenta”. “Vamos a presionar para que el Gobierno ponga la voluntad política necesaria imprescindible y que este penal se traslade”, apuntó. Una cárcel de riesgo Reque indicó que sobre los hechos que ponen en riesgo a los vecinos de San Pedro, como la venta de drogas, fugas, fiestas y la precaria situación de la infraestructura carcelaria que genera filtración del alcantarillado, ha exigido un compromiso a las autoridades penitenciarias para que haya rondas policiales constantes por fuera del penal, a modo de controlar “esta situación que parece estar descontrolada”. “Son muchos los vecinos y vecinas que viven en el sector de la calle Cañada Strongest, alrededor de todo el

Según viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, son 26 las personas heridas en los enfrentamientos en Vila Vila, y aseguró que la policía precautelará la vida ante los intentos de violencia. El exministro de Gobierno del MAS, Carlos Romero, denunció en QNMP que el Gobierno en su afán de frenar la marcha que salió desde Caracollo hacia La Paz, envió grupos de choque y a funcionarios del Ministerio de Gobierno con dinamita para violentar la marcha, no obstante, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, negó rotundamente las acusaciones y aseguró que lo que busca el Gobierno es garantizar la paz social. “Tenemos un video donde se muestra a un funcionario que es interceptado por población civil y le arrebatan una mochila cargada de gran cantidad de municiones explosivas enviada por el ministro del Gobierno”, denunció el exministro Romero quien señaló que esto es una estrategia para provocar violencia.