Lasso

Guillermo Lasso condecora a Bill Clinton, Bo Derek y a otros cuatro estadounidenses

A través de varios decretos firmados el 13 de septiembre, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, otorgó condecoraciones para seis personalidades de EE.UU., entre ellas el exmandatario Bill Clinton y la actriz y productora cinematográfica Bo Derek. Lasso les otorgó la Orden Nacional Honorato Vásquez, que lleva ese nombre en homenaje a un diplomático, escritor, poeta y abogado nacido en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en 1855. La distinción puede ser entregada a quienes prestaron servicios de relevancia al país en el ámbito diplomático. El reconocimiento al expresidente demócrata de EE.UU. llevó el Grado de Gran Cruz, y al resto el Grado de Comendador. Se trata, además de Derek, del exsenador Christopher John Dodd, las empresarias Adrienne Arsht y Dona Bertarelli, y Susan Segal, directora de Americas Society/Council of the Americas. El motivo de cada reconocimiento De acuerdo con los decretos, la distinción a Clinton obedeció a su participación como garante de los diálogos durante el proceso de paz entre Ecuador y Perú, que derivaron en la firma del Acta Presidencial de Brasilia, de 1998, que permitió finalizar la demarcación de la frontera terrestre entre ambos países. También se destacó su respaldo para ampliar la Reserva Marina de Galápagos. «El expresidente Clinton ha promovido, a través de la Clinton Global Initiative, relevantes esfuerzos a favor de la democracia y el desarrollo en varios países, incluido Ecuador», detalla el texto. En cuanto a Derek, se tuvieron en cuenta sus «contribuciones a favor de la promoción turística de Ecuador» y la promoción para que se amplíe la reserva de Galápagos. Por este tema también fueron distinguidas las empresarias y filántropas Arsht y Bertarelli. Al exsenador Dodd, quien también fue asesor presidencial para las Américas, se le destacó su impulso al denominado canje de deuda por conservación de la naturaleza y su labor para profundizar la cooperación bilateral. Por último, en el caso de Segal se tuvo en cuenta que en sus más de 30 años como directora y ejecutiva de varios organismos y consorcios internacionales, respaldó el desarrollo de países latinoamericanos e impulsó las relaciones bilaterales entre Ecuador y EE.UU. RT

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Coches bomba, motín carcelario y duras acusaciones al Gobierno: ¿qué pasa en Ecuador?

Una crisis de inseguridad, violencia y política se vive en Ecuador, a poco más de un mes de celebrar el balotaje de las elecciones presidenciales anticipadas, en las que se enfrentarán Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN). La noche del miércoles y madrugada de este jueves, dos coches bomba explotaron en el centro de Quito, la capital del país. De acuerdo con la Policía Nacional, la primera explosión se registró a aproximadamente las 19:00 [hora local] de ayer en las calles Robles y Amazonas, en el sector de La Mariscal, cerca de un edificio donde antes funcionaba el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el departamento estatal encargado de custodiar y administrar las cárceles de Ecuador. En el vehículo se encontraron dos cilindros de gas y, aparentemente, tacos de dinamita. «Tras las verificaciones preliminares, se establece que individuos habrían dejado abandonado el vehículo estacionado, en las calles Robles y Amazonas, en Quito, mismo que se habría encontrado con un artefacto de mecha lenta. Posterior, dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado líquido inflamable, que produjo la explosión del automotor», detalló la Policía. Seis personas fueron detenidas por su presunta implicación en este hecho. Más tarde, cerca de las 02:00 de la madrugada, una camioneta con dos cilindros de gas en su interior explotó en la avenida 12 de Octubre, entre las calles Wilson y Foch, causando daños en los exteriores del edificio de la SNAI, según precisó la Policía. En ninguna de las explosiones se registraron víctimas que lamentar, detallaron las fuerzas de seguridad. Además, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó, sin dar mayores detalles, que tres granadas fueron detonadas de manera controlada en la capital ecuatoriana. Agentes penitenciarios retenidos Mientras ocurrieron esas explosiones en Quito, agentes penitenciarios permanecen secuestrados por reos en la cárcel del Turi, en la ciudad andina de Cuenca, provincia de Azuay, al sur del país. Los presos se han amotinado subiéndose al techo del recinto carcelario, uno de los tantos donde se han registrado hechos violentos en los últimos años en el país suramericano. Wagner Bravo, secretario de Seguridad Publica y del Estado, en entrevista con FM Mundo, comentó que con estas acciones, tanto en las cárceles como en las calles (con los coches bomba), los grupos de delincuencia organizada quieren «amedrentarle al Estado» para evitar que sigan cumpliendo con su función de controlar los centros penitenciarios. Sobre los carros bomba, consideró que podrían estar vinculados a una repercusión por el traslado a diferentes cárceles de las seis personas que fueron detenidas por su presunta implicación con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto. Asimismo, según el SNAI, el motín en la prisión de Cuenca es en protesta por la intervención, con más de 1.800 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, efectuado el miércoles en la cárcel de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi. Esas acciones se realizaron con la finalidad de «sacar armas, municiones y explosivos» y «evitar hechos violentos», según dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Todas estos hechos se registran mientras rige un estado de excepción, decretado por Lasso el pasado 24 de julio, en todo Ecuador, un país que en 2022 vivió el año más violento de su historia, con 4.823 homicidios intencionales en los 12 meses, y este año se perfila aún peor. Señalamientos al Gobierno A la par de estos hechos en las calles y en las cárceles, surge una nueva acusación contra el gobierno de Lasso. El periodista Andersson Boscán, del portal digital ecuatoriano La Posta, reveló el martes que la Policía y la Fiscalía General del Estado (FGE) sabían desde abril pasado que existía un plan de atentado en marcha para atentar contra él, Villavicencio (quien entonces se desempeñaba como asambleísta) y el coronel José Luis Erazo. «Tres meses y medio después, Fernando Villavicencio fue asesinado […] En manos de Fiscalía y en manos de Policía estuvo esta información, y a pesar de esta información, nunca abrieron una investigación», denunció. Boscán vincula las amenazas de ataques con las revelaciones que hizo La Posta desde enero pasado, en el caso que denominaron ‘Gran Padrino’, que expuso la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, en la administración de Guillermo Lasso, que estaría liderada por el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, su operador de confianza, Rubén Cherres (asesinado el pasado 31 de marzo), y el extitular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque, quien huyó del país. También relaciona las alertas de atentados con un documento conocido como ‘León de Troya’, un informe policial acerca de los presuntos vínculos entre la mafia albanesa y Carrera, a través de Cherres. Esa investigación estuvo liderada por Erazo. Villavicencio ya había advertido en febrero pasado que el equipo de investigadores de la Policía que participó en el caso ‘León de Troya’ estaba «bajo amenaza de los narcos». El miércoles, familiares y abogados de estos policías confirmaron sus temores y, en rueda de prensa, alertaron de riesgo de muerte. «Mi esposo es el siguiente en la lista. No quiero ser la próxima viuda», dijo Erika Mena, esposa de Erazo, quien al igual que el teniente Ronny Rengel —otro de los investigadores del caso ‘León de Troya’—, teme por su vida. En la conferencia de prensa denunciaron persecución por parte del Gobierno nacional y del Estado ecuatoriano, a través de acciones como allanamientos a oficinas y viviendas. Responsabilizan a Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, de la vida de estos oficiales. «El domingo 27 de agosto, entre las 00:15, se realizaron disparos fuera de mi casa. Ha sido allanada la habitación de mi hijo, se le retiraron los teléfonos», comentó Orlando Rengel, padre de Ronny. Ante la falta de garantías para los uniformados, sus abogados anunciaron la petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado les dé protección. Previo a que los familiares y abogados de estos policías se pronunciaran, la Fiscalía y el Gobierno emitieron comunicados respondiendo a las revelaciones de Boscán. La FGE dijo que «la información hecha pública se encuentra descontextualizada, es imprecisa e inexacta y que, además, ha sido obtenida de forma irregular». Entretanto,

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Lasso revela que no tiene intenciones de postularse a las elecciones anticipadas en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confesó que no tiene intenciones de presentarse como candidato a las elecciones anticipadas en Ecuador, que se realizarán luego de que el pasado miércoles decretara la ‘muerte cruzada’ y disolviera a la Asamblea Nacional. En declaraciones a The Washington Post, el mandatario indicó que no tiene «planes de postularse» a los comicios y que no le importa quién lo reemplace en el cargo. No obstante, adelantó que su partido, el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), planea nominar a un candidato. Lasso dijo que dedicará sus últimos meses como presidente para promover órdenes ejecutivas enfocadas en seguridad, salud, educación e infraestructura. Según dijo al mencionado medio, planea anunciar la próxima semana un decreto que aumentaría las protecciones para las fuerzas de seguridad que usan sus armas para defenderse a sí mismos y a otros. De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, una vez que el mandatario decreta muerte cruzada, se convocan elecciones legislativas y presidenciales y anticipadas y, además, el presidente está facultado para gobernar por decretos. No obstante, el texto señala que solo podrá expedir «decretos-leyes de urgencia económica», previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. La muerte cruzada Lasso emitió el decreto de muerte cruzada —que la Corte Constitucional dejó en firme el jueves— cuando en la Asamblea Nacional se llevaba cabo un juicio en su contra, acusado de presunto peculado (malversación de fondos públicos). En la entrevista, detalló que había expedido el decreto como un «acto de generosidad para el país, de acortar un mandato presidencial para lograr el interés común de los ecuatorianos […] y no ver este bochornoso espectáculo de peleas entre políticos». La muerte cruzada reduce el mandato de Lasso drásticamente, puesto que estaba previsto que gobernara hasta 2025, con posibilidad de reelección a cuatro años más. El jueves, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, adelantó que la institución que dirige prevé convocar los comicios anticipados para el próximo 20 de agosto y que, en caso de ser necesario, el balotaje se celebraría el 15 de octubre. Fuente: RT

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Militarización de la Asamblea y cierres viales: lo que deja el decreto de muerte cruzada de Lasso

Militares y policías cercaron la Asamblea Nacional de Ecuador, en Quito, luego que el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, decretara la muerte cruzada y disolviera el Parlamento, en medio del juicio político que se llevaba en su contra. Los uniformados desalojaron la sede el Legislativo e impidieron el acceso al personal que labora en la institución y a los asambleístas, que tenían previsto continuar este miércoles con la sesión en la que debatían el juicio político al mandatario. Los militares, además, instalaron vallas en el exterior de la Asamblea. Asimismo, al interior de la sede del Parlamento, en el acceso principal, hay miembros de unidades especiales de la Policía, así como antimotines y de otros servicios. Entretanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó que la Policía y las Fuerzas Armadas cerraron parte de las avenidas 6 de Diciembre, Gran Colombia, Juan Montalvo, Yaguachi, Piedrahita, que rodean el Congreso. Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, pidió a la ciudadanía mantener la calma. «La Policía está preparada a nivel nacional monitoreando los eventos, y esperamos que no exista violencia ni ningún llamado a la violencia de ningún líder de ninguna organización», expresó. Desde el Municipio de Quito informaron que activaron los protocolos necesarios «para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad», principalmente en los sectores aledaños a la Asamblea Nacional, al parque El Arbolito y en el Centro Histórico. Mensaje de las FF.AA. Previamente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un mensaje en el que respaldan la muerte cruzada y advierten que actuarán ante actos violentos. «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes», dijo Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señaló que así como la posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente a Lasso tiene base en una disposición de la Constitución, la decisión del mandatario para disolver el Parlamento también está fundamentada en la carta magna. «Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos«, añadió Proaño, al tiempo que señaló que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son «instituciones obedientes y no deliberantes». En su mensaje, Proaño advirtió que ambos cuerpos de seguridad actuarán «con firmeza» en caso de que se lleven a cabo hechos violentos, «para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos». «Hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos, para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz», enfatizó. «Una inminente dictadura» La decisión del mandatario ecuatoriano ha generado reacciones y preocupaciones en algunos sectores del país suramericano. El exmandatario Rafael Correa (2007-2017) fue uno de los primeros en pronunciarse. Señaló que «lo que Lasso hace es ilegal», porque «obviamente no hay ninguna conmoción interna» en el país, que fue la justificación para emitir el documento. Dijo que Lasso tomó esa decisión por el juicio político en su contra. «Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse», expresó. «En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria», añadió Correa, refiriéndose a que el decreto de muerte cruzada obliga a celebrar nuevas elecciones. En la misma línea, se pronunció el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien manifestó que se trató de un «autogolpe». «Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y FF.AA., sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura«, comentó. La Conaie, que protagonizó fuertes protestas contra la administración de Lasso en junio del año pasado, anunció que convocarán «un consejo ampliado extraordinario» para analizar la situación generada tras la disolución del Parlamento y así tomar decisiones colectivas. «Llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional», expresó la Conaie. Demanda de inconstitucionalidad El Partido Social Cristiano (PSC), con el que Lasso llegó a la Presidencia en 2021, pero luego se distanciaron, anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del decreto del mandatario, a fin de que sea suspendido. «El presidente de la República solo puede utilizar la muerte cruzada cuando existen realmente una o más de las causales establecidas en el artículo 148 de la Constitución», dice el comunicado del partido, publicado por su líder, Jaime Nebot. Ese artículo señala que el mandatario puede usar el mecanismo en contra de la Asamblea Nacional por tres razones: cuando esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna. Al respecto, señala el texto del PSC, Lasso «argumenta, falsamente, grave crisis política y conmoción interna […] pero es público y notorio que tal evento no existe en estos momentos». Para este partido «en lo político y en la práctica, el presidente se ha declarado dictador, aunque sea por un corto tiempo». Fuente: RT

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Lasso decreta la muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la «muerte cruzada» en el país suramericano y disolvió a la Asamblea Nacional. «He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna«, expresó el mandatario ecuatoriano en una cadena nacional de radio y televisión, emitida desde las 07:00 de la mañana [hora local]. «Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones», añadió Lasso. Esto, porque con el decreto del mandatario, habrá un adelanto de comicios tanto legislativos como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada. Al respecto, el presidente indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) «la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos». Mientras se llevan a cabo las elecciones y se posesionen las nuevas autoridades, de acuerdo con el mismo artículo 148 de la Constitución, el mandatario gobernaría por decretos durante seis meses. El mandatario emitió el decreto mientras en la Asamblea Nacional se lleva a cabo el proceso de juicio político en su contra, acusado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos). En la cadena nacional, el mandatario dijo que ese juicio político «no se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción», sino que sus acusadores buscan «tomarse la presidencia de la República». «Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar», manifestó en su alocución. Fuente: RT

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Juicio político contra presidente Lasso inicia en la Asamblea de Ecuador

La sesión parlamentaria en la que se desarrollará el juicio político de censura contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comenzó este martes en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, bajo un fuerte esquema de seguridad. Alrededor de 500 policías y miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se desplegarán al Legislativo. Además, sus instalaciones, las del Centro Histórico de Quito y la Fiscalía estarán cercadas con vallas metálicas. En la sesión, que arrancó a las 10H17 hora local (15H17 GMT) con la presencia de 109, de los 137 asambleístas de la Cámara, intervendrán primero los dos interpelantes designados, antes de dar paso a la participación de Lasso, que se prevé inicie alrededor del mediodía. En las afueras de la Asamblea Nacional (parlamento) donde tiene lugar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, se reúne cientos de personas para protestar contra el mandatario, mientras otro contingente apoya al acusado. Se tiene previsto que Lasso llegue a la Asamblea a las 12H30 aproximadamente.  Durante la presentación del jefe de Estado la seguridad del Legislativo estará en manos de las FF.AA. Los agentes ensayaron protocolos de seguridad, barridos electrónicos y personal antibombas, la tarde del lunes 15 de mayo. Después del Himno Nacional, los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), tendrán dos horas para la acusación, que debe llevarse sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización.  A continuación, Lasso tendrá hasta tres horas para sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, igualmente sobre la base en de las pruebas solicitadas y actuadas.  Al final de esto, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Sólo hasta este punto, la sesión tendría ya unas siete horas de duración. El presidente de la República es acusado del presunto delito de peculado, con base en el artículo 129 de la Constitución. La resolución fue impulsada por la legisladora Viviana Veloz (UNES), que también es ponente del juicio. Simpatizantes y opositores del presidente de Ecuador se concentran en Quito por la sesión que llevará a cabo la Asamblea Nacional este martes para debatir el juicio político en contra del mandatario, señalado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos). A la capital ecuatoriana ingresaron la mañana de este martes decenas de autobuses con seguidores del mandatario, provenientes de varias provincias del país. Algunos de los manifestantes han llegado hasta los exteriores de la Asamblea Nacional, que tiene un fuerte dispositivo de seguridad; mientras que otros se han concentrado en el parque El Arbolito, ubicado a dos cuadras del Parlamento. Fuente: RT

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Comisión de Fiscalización inicia trámite de juicio político contra el presidente de Ecuador

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador conoció oficialmente este lunes la solicitud que busca la destitución y censura del presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado. El proceso de juicio político contra el jefe de Estado, el cual fue solicitado por una comisión legislativa pluripartidista y validado por la Comisión Constitucional, inicia notificando a las partes. La vicepresidenta de la comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, explicó que la instancia va a solicitar a los proponentes que pormenoricen y singularicen estas pruebas que han solicitado en su demanda política, a fin de que el mandatario pueda ejercer correctamente su derecho a la defensa. “A partir de solicitar correctamente de oficio las pruebas que corresponda y a partir de ahí empieza a contar los diez días desde la notificación”, agregó Cordero. Este proceso se da una vez que la Corte Constitucional emitió un informe de admisibilidad por el presunto delito de peculado, una de las tres causales que se presentaron contra el presidente Lasso. El asambleísta Pedro Velasco dijo, por su lado, que “nosotros, como comisión de Fiscalización, tenemos la obligación de valorar las pruebas, únicamente las que tienen que ver con el tema de peculado”. Tras este proceso, el comité legislativo elaborará un informe recomendando o no el juicio político. En forma posterior, el documento será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional. La legisladora por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, mencionó que “tanto los proponentes, como el presidente de la República, tenemos que respetar el debido proceso, singularizar estas pruebas, presentar estas pruebas de cargo y descargo y evacuarlas en el momento oportuno dentro de la comisión”. El presidente Lasso, en comparecencia con distintos medios, se ha eximido de responsabilidad. “Es que no existe tal peculado y se lo puedo demostrar: aquí están los documentos que demuestran claramente que se me quiere juzgar por hechos sucedidos en el gobierno anterior”, manifestó Lasso. Para una eventual censura y destitución del presidente se requiere de al menos 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos. Fuente: TeleSUR

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Comisión parlamentaria de Ecuador debatirá juicio contra Lasso

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador debatirá en horas de la tarde del lunes la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por el delito de peculado. Tras la presentación de pruebas en el Parlamento, la comisión contará con un plazo de 10 días para elaborar un informe que recomiende o no el juicio político contra el mandatario ecuatoriano. Previamente, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) se reunió para iniciar la tramitación del pedido de proceso contra Guillermo Lasso luego de que la Corte Constitucional lo aprobara. El CAL solicitó a la Comisión de Fiscalización suspender otros procesos y juicios políticos en curso para avanzar en la causa contra Guillermo Lasso. Una vez que la Comisión de Fiscalización conozca el proceso de juicio político, es el lapso que tendrá el Ejecutivo para evitar o aceptar su destitución. El domingo, el presidente Guillermo Lasso afirmó que presentará su defensa ante la Asamblea de concretarse el juicio político que podría poner fin a su mandato. Fuente:TeleSUR

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Corte Constitucional de Ecuador admite juicio político contra presidente Lasso

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador admitió este miércoles el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso relacionado con el presunto delito de peculado. En un comunicado, el máximo ente constitucional del país suramericano explicó que el pleno resolvió “inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado”. La CC mencionó que esta determinación ocurrió por mayoría calificada de seis votos a favor y tres votos salvados (emitidos en forma individual por las juezas Teresa Nuques Martínez y Carmen Corral Ponce y el juez Enrique Herrería Bonnet). Agregó que en el análisis de la solicitud presentada por la Asamblea Nacional (parlamento) se estableció que los primeros dos cargos formulados -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). “En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC”, especificó la CC. Con este dictamen de admisibilidad, por primera vez en la historia democrática de Ecuador, desde que rige la Constitución del año 2008, un presidente de la República será llamado a juicio político en la Asamblea Nacional, destacó el corresponsal de teleSUR en Quito, Orlando Pérez. El periodista explicó que ahora el parlamento tiene un plazo de hasta 30 días para que procese todos los mecanismos de orden constitucional (defensa, descargo, entre otros). Luego de que la comisión parlamentaria de fiscalización elabore un informe con el detalle de la acusación, este pasará al pleno legislativo para su debate. Para que se pueda destituir al presidente de la República se requieren 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos. En un comunicado emitido en la noche del miércoles, el Gobierno del presidente Lasso manifestó que respeta la decisión de la Corte Constitucional, sin embargo rechaza el juicio político y ratifica la inocencia del jefe de Estado. Fuente: TeleSUR

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