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Sentencian a prisión a asesinos de defensores ambientales en Perú

La Corte de Ucayali, provincia al centro de Perú, sentenció este jueves a 28 años y tres meses de prisión a cinco traficantes de madera que, en calidad de autores o coautores, perpetraron el asesinato en septiembre de 2014 de cuatro líderes indígenas que eran reconocidos defensores de sus territorios. En el conocido como «Caso Saweto», el tribunal dictó la referida pena contra los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores (autores mediatos), y como coautores a los trabajadores Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix. Los acusados tendrán la obligación, además, de pagar a los parientes de los líderes asesinados un total de 200.000 soles (54.000 dólares) como reparación. El texto de la acusación precisó que estos emboscaron y asesinaron el 1 de septiembre de 2014 a Edwin Chota Valera, jefe de la comunidad asháninka Tamaya-Saweto, y a los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. Al momento de quitarles la vida, los líderes viajaban a la comunidad de Apiutxa, en el estado brasileño de Acre. Esta comunidad también es de la etnia ashéninka y los líderes peruanos esperaban solicitar a sus parientes que los ayudaran a hacer frente a la tala ilegal de bosques. De acuerdo con reportes de prensa, Chota había denunciado de manera enfática que en la región existía una mafia para traficar madera, que extraía de manera ilegal de territorios donde se asienta su comunidad, en Masisea, distrito ubicado en la provincia de Coronel Portillo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) destacó que la sentencia puso fin a una década de impunidad. También lo hicieron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Cultura, al valorar que es «un paso fundamental en la obtención de la justicia y lucha contra la impunidad para las familias de los defensores ambientales asesinados». El próximo 23 de abril tendrá lugar la lectura integral de sentencia en el caso, considerado el crimen más horrendo en Perú contra defensores ambientales. Fuente: TeleSUR

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Solicitan pena máxima de 10 años en prisión para ocho responsables de la compra irregular de respiradores chinos

El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 10 años de prisión para ocho de los responsables de la presunta compra irregular de 324 respiradores chinos durante la pandemia, entre los que se incluye a la exministra de Salud del gobierno de facto, Eidy Roca, y el exviceministro Elías Cordero. “El Ministerio Público está solicitando una sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes”, informó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, en conferencia de prensa. Los delitos por los que se les acusa son contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública. Entre los acusados está también el exasesor jurídico del Ministerio de Salud, J.S.C.; la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, G.M.R.; el exjefe de unidad de Redes y Servicios de Salud, J.C.A.; el exjefe de la Unidad Financiera M.A.P.; una exconsultora del ministerio,V.V.G.; y el representante legal de la empresa que vendió los ventiladores, E.D.P. Las ocho personas estarían involucradas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 324 respiradores pulmonares de origen chino, durante el primer semestre de 2020, durante la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, que provocó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones. Una gran cantidad de estos respiradores fueron distribuidos sin haber sido recibidos de manera formal por la comisión designada. “De forma posterior, esta comisión de recepción advierte y concluye que no se cumple con 40 puntos detallados en las especificaciones técnicas solicitadas y no dando su conformidad en la recepción de los equipos. A pesar de conocerse esos antecedentes, se firma una segunda enmienda en el contrato, en mérito de un informe que recomienda realizar esta actuación”, explicó el fiscal. En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria; entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista – técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras. Fuente: ABI

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Comienza un juicio contra Neymar que prevé hasta 5 años de prisión

Este lunes dará inicio en España el juicio contra Neymar por un presunto fraude cometido en 2013, durante su traspaso del club Santos al Barcelona. De ser hallado culpable, el astro brasileño podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Además del jugador, entre otros acusados de corrupción, soborno y fraude, se encuentran sus padres, los dos clubes, los expresidentes del Barcelona Josep Bartomeu y Sandro Rosell, así como también el expresidente del Santos Odilio Rodrigues. El primer día de audiencias, recoge la agencia Europa Press, declararán testigos entre los que se destacan Javier Faus, exdirector del club español en 2013, y Andoni Zubizarreta, exdirector deportivo; mientras que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hará lo propio el día de mañana. Por su parte, se tiene previsto que el futbolista declare en la audiencia en Barcelona el próximo viernes, 21 de octubre. Motivos del juicio El caso se remonta a una denuncia de la empresa brasileña de inversión DIS, que poseía el 40 % de los derechos de Neymar cuando jugaba en el Santos. La firma sostiene que no recibió la parte que le correspondía por el traspaso debido a que se subestimó el valor real de la operación. De manera oficial, el Barcelona valoró el fichaje de Neymar en 57,1 millones de euros: 40 millones para la familia del deportista y 17,1 a repartir entre el equipo brasileño y el grupo DIS. Sin embargo, la Justicia española estimó que la suma final del acuerdo es de al menos 80 millones de euros. Penas de hasta 5 años de cárcel La Fiscalía ha solicitado para Neymar una condena a dos años de cárcel y a cinco años para Rosell, que entonces presidía el club, y una multa por 10 millones de euros, igual a la solicitada al padre del futbolista. Por su parte, el grupo Dis exige, contra el delantero y sus padres, una condena a cinco años de cárcel y una multa de 159 millones; además de la inhabilitación como jugador profesional y como representantes de deportistas, respectivamente. Fuente: RT

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