La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, que indagó en casos en los que sentenciados fueron liberados ilegalmente por operadores de la justicia, logró la recaptura de 21 violadores y feminicidas. Además, ordenó la recaptura de otros 50 delincuentes. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este viernes que, durante los 120 días de trabajo, se ordenó la intervención de todos los juzgados penales y se logró la revisión de 327 casos, de los cuales se observó 141, por lo que se procesó al 83% de los administradores de la justicia. “La intervención del 100 por ciento de los juzgados (…) posibilitó la revisión de 327 casos en tres etapas, a partir de ahí se identificaron irregularidades en procesos llevados adelante por jueces de ejecución penal que liberaron a feminicidas y violadores con sentencia, de esos 18 juzgados el 83 por ciento fueron procesados, es decir, 15 de los 18 jueces fueron procesados ya sea por la vía penal o administrativa”, informó la autoridad. En conferencia de prensa, detalló que, de los 18 jueces, 15 son procesados ya sea por la vía administrativa o penal. Además, que 10 de ellos ya fueron destituidos por sus acciones irregulares. “Se constituye en un hecho histórico, en un logro histórico que demandaba la población boliviana respecto a administradores de la justicia. Recalcamos, no todos los jueces son malos, hay buenos y la señal que se da desde esta Comisión es que aquellos malos jueces no van a gozar de ningún tipo de impunidad en el ejercicio de sus funciones”, reiteró. Además, se logró identificar a ocho fiscales, quienes fueron destituidos por actos irregulares durante el cumplimiento de sus cargos. Prada recalcó que a partir de la revisión de casos se procedió a la recaptura de 21 sentenciados. Además, la Fiscalía General del Estado ordenó la aprehensión de otros 50 observados. “No se va a permitir ningún tipo de impunidad”, enfatizó. Sentencia Constitucional de Avocación La autoridad recalcó que el trabajo de la comisión, además de priorizar la revisión de casos “pasados” y la recaptura de los delincuentes, también posibilitó sentar precedente histórico a futuro para evitar que jueces liberen a feminicidas y violadores con pretextos de enfermedades terminales. “Ningún juez va a poder volver a liberar con este tipo de acciones que se ha dado y que la población condenó, aquí se sienta un precedente para que esto no vuelva nunca más a suceder”, recalcó. Explicó que esta Sentencia da tareas para trabajar en la prevención y educación en el nivel primario, secundario y en el sistema de educación superior. Consolidarán única base de datos La ministra de la Presidencia aseveró que gracias a la firma de convenios se trabaja en la interoperabilidad de los sistemas del Órgano Judicial, Ministerio Público y Régimen Penitenciario “para que exista una base sólida y consolidada de datos, donde no exista posibilidad de manipulación de la información” para acciones futuras. Adelantó que la Asamblea Legislativa Plurinacional está avanzando con la modificación de normas indispensables orientadas hacia una “revolución en la justicia”. Estas tienen que ver con el endurecimiento de las sanciones a los administradores de justicia y la transformación del Régimen Disciplinario, donde se encontró “fallas”. “Al haber cumplido estos 120 días de trabajo permanente en función a los resultados que nos pidió nuestro Presidente y el compromiso que asumimos, hemos elaborado un informe final del trabajo de la Comisión (…) va a ser de conocimiento del pueblo boliviano”, resaltó. El informe será plasmado en un documento que será socializado con el detalle de cada acción conjunta que asumieron los integrantes de los tres órganos del Estado. Caso feminicida y violador serial El caso de Richard Choque, un feminicida y violador serial, quien fue beneficiado con detención domiciliaria pese a contar con una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto y que volvió a cometer crímenes y asesinatos, conmocionó a la población y motivó a una articulación de autoridades para investigar casos similares. Presidente instruyó la conformación de la Comisión Esta comisión de alto nivel fue conformada por 16 instancias del Estado y fue liderada por siete mujeres con el objetivo de identificar irregularidades y sancionar a los responsables. En febrero, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, instruyó la conformación de esta comisión para investigar presuntas irregularidades en la justicia y sancionar a los responsables. Esta orden se ejecutó en el marco del artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la coordinación y la cooperación entre órganos respetándose su independencia. Esta comisión histórica está conformada por autoridades de tres órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Fue presidida por siete mujeres: la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Karen Gallardo; la senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Virginia Velasco; la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani; la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; la directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), Wendy Pérez y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Asimismo, está conformada por autoridades del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y la Policía Boliviana, entre otros. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)
