Decirle “psicópata sexual” a un hombre que confesó tener al menos 77 víctimas de violación, hasta ahora tres feminicidios en su haber y varias extorsiones, podría socapar con una patología mental a un delincuente extremadamente peligroso.
Richard Choque Flores, en 2013, fue sentenciado con 30 años de cárcel por el secuestro, violación y feminicidio de una menor de edad, pena máxima según la legislación boliviana. Choque estaba detenido en el penal de máxima seguridad de Palmasola, donde se encuentran los internos con los perfiles más escalofriantes que se pueda imaginar.
En 2019, Choque fue trasladado a un penal de la ciudad de La Paz y ese mismo año, el juez de Ejecución Penal Primero, Rafael Alcón, benefició al violador y feminicida con detención domiciliaria, desde entonces estuvo libre.
El pasado martes 25 de enero, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunciaba: “El día ayer, nuestra Policía Boliviana presentó un caso de un sujeto que realizaba anuncios mediante plataformas virtuales con un perfil falso quien ofrecía trabajo como trabajadores sexuales a diversas mujeres, con pagas superiores a los Bs 500, además de otro tipo de acciones vinculadas a la entrega de paquetes con sustancias controladas, entre otros”, se trataba de Choque Flores quien fue detenido de nuevo.
Asimismo, las autoridades lograron descubrir que, en su casa, tenía enterradas a dos jóvenes sepultadas, de 15 y 17 años de edad.
La primera de ellas se identificó con el nombre de Lucy, de 17 años, reportada como desaparecida el martes 18 de mayo de 2021. Salió a trabajar y nunca más regreso. La familia recibió días después mensajes en los que pedían 70 mil dólares como rescate. Se sospecha que había sido captada a través de redes sociales.
El segundo cuerpo hallado fue identificado como Iris, de 15 años. Su familia sentó la respectiva denuncia ante la Policía el viernes 27 de agosto de 2021. Por Iris este sujeto pidió 80 mil dólares, también a través de mensajes de texto.
El jueves 27 de enero de 2022, pasados dos años de la decisión que había tomado el juez Alcón, Richard Choque, según la entrevista que le hacen para determinar su personalidad criminal, confesó que no solamente son dos cuerpos los que enterró en el patio de su casa, aunque no se logró establecer más detalles.
En este sentido el presidente de la Magistratura, Marvin Molina, comunicó que se desplazó una comisión de alto nivel para la investigación de este hecho. Cabe destacar que el juez que ordenó la detención domiciliaria de Choque es hermano del expresidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, dijo el magistrado.
En lo que refiere a Gonzalo Alcón, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el expresidente del Consejo de la Magistratura de La Paz, es parte de una “organización criminal”, reafirma que él “debía controlar el funcionamiento de la justicia. No ha evaluado el desempeño de ningún juez, ha paralizado el régimen disciplinario”, afirmó Lima refiriéndose a Gonzalo Alcón.
Hoy 28 de enero a la mañana aprehenden al juez Rafael Alcón después de que se reconoció que él mismo benefició con la detención domiciliaria a Choque. Alrededor de las 11 de la mañana se presentó en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de gobierno, la única declaración que hizo ante la prensa fue que no recuerda bien lo que decía el expediente médico que habría sido el pretexto para liberarlo.
En este sentido el ministro de Justicia pidió al Consejo de la Magistratura su inmediata destitución y anunció que las investigaciones serán rigurosas en contra del jurista.
Otra de las instituciones que se manifestó es la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual solicitó un informe escrito al Consejo de la Magistratura sobre el accionar del juez Rafael Alcón, además, pidió el relevamiento de todos los jueces denunciados por irregularidades.
El presidente Luis Arce, a través de sus redes sociales, repudió y condenó la decisión del juez que liberó al feminicida y violador sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Exigió que se realice una sanción ejemplar con todo el peso de la Ley. Remarcó que un administrador de justicia, que favorece con prisión domiciliaria a una persona “con semejantes antecedentes criminales, atenta contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Por: Juliana C.
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