Fiscalía amplía investigación por consorcio judicial e incluye a vocal del TDJ de La Paz

La Paz, 14 de junio de 2025 – La Fiscalía de La Paz ha ampliado la investigación por un presunto consorcio que habría intentado destituir de manera irregular a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elegida por voto popular. En este caso, ya se aprehendió al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, y ahora el Ministerio Público ha incluido a cuatro personas más en la investigación, entre ellas una vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, una de las más altas autoridades judiciales en la región.

El juez Lea Plaza fue aprehendido por suspender la credencial de la magistrada Fanny Coaquira en el marco de una Acción de Cumplimiento. El Órgano Electoral denunció este hecho como una vulneración al principio de preclusión, mientras que el TSJ calificó el fallo como “golpista”.

Entre los nuevos investigados figuran Antonio de la Fuente Amelunge, quien presentó la Acción de Cumplimiento; el abogado que patrocinó dicha acción; un funcionario judicial que ejerce como Auxiliar de Distribución de Causas, por asignar directamente la Acción de Cumplimiento al juzgado de Lea Plaza; y la vocal de Sala Penal del TDJ, Claudia Castro.

Según la resolución fiscal, se encontró una impresión de mensajes atribuidos a «Dra. Castro», que detallan argumentos presuntamente para sustentar jurídicamente la suspensión de la magistrada Coaquira. La Fiscalía sostiene que Claudia Marcela Castro Dorado, en su condición de Vocal del TDJ de La Paz, «formó parte de este consorcio e incluso fue parte en la generación de argumentos suficientes para la concesión de tutela y con ello lograr el fin último de suspender a la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia».

El fiscal Fernando Espinoza determinó ampliar la investigación contra las cuatro personas por los delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia y falsificación de sellos, papel sellado y timbres.

El caso se originó a partir de una Acción de Cumplimiento presentada por Antonio de la Fuente Amelunge, alegando que la magistrada Coaquira había declarado haber ejercido docencia, lo cual una universidad posteriormente certificó que no fue así. El TSJ está investigando el caso y, en el marco de las diligencias, intervino en el TDJ de La Paz, donde surgieron acusaciones contra su presidente, Yván Córdova.

Fuente: Erbol