La Paz, 29 de octubre de 2025. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este miércoles que Bolivia cerró oficialmente la temporada de incendios forestales, luego de intensas lluvias registradas en gran parte del país, y anunció el inicio de la etapa de lluvias e inundaciones, que ya afecta a varios municipios del occidente y oriente.
La autoridad explicó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en coordinación con el Viceministerio, emitió dos alertas naranjas. La primera, de tipo hidrológico, abarca 166 municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, Tarija y Potosí, por posibles ascensos moderados o graves en ríos como el Guadalquivir, Bermejo, Parapetí, Grande, Piraí, San Julián, Chapare, Rocha, Beni y Tahuamanu.
La segunda alerta, de vientos moderados a fuertes, afecta a 135 municipios de Potosí, Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, donde las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 70 kilómetros por hora.
Temporada de incendios bajo control
Calvimontes destacó que, tras las precipitaciones del fin de semana, todos los incendios forestales fueron sofocados, aunque advirtió que persisten quemas ilegales y chaqueos en algunas zonas rurales, cuya responsabilidad —recordó— recae en los gobiernos municipales y departamentales, según la Ley 602 de Gestión de Riesgos.
De enero a octubre, el Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos (CECREA) atendió 169 incendios y movilizó 2.892 bomberos forestales, además de 181 unidades militares y 199 equipos motorizados entre helicópteros, aviones, cisternas y vehículos de apoyo.
El viceministro denunció que 23 áreas protegidas del país fueron “criminalmente atacadas”, entre ellas los parques Madidi, Apolobamba, Carrasco, Tunari, San Matías, Otuquis, Sama y Noel Kempff Mercado. «Pedimos investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables de estos incendios provocados, muchos de ellos en lugares inaccesibles”.
Asimismo, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) abrió 179 procesos entre administrativos y penales, la mayoría en Santa Cruz, por la quema ilegal de bosques y pastizales.