La Paz, 20 de junio de 2025.– El gobierno de Bolivia rechazó este viernes el informe del Índice de Estado de Derecho 2023 de World Justice Project (WJP), que ubica al país como el último de la región y penúltimo a nivel global en el indicador de «ausencia de corrupción». La ministra de Justicia, Jessica Saravia, calificó el estudio como «cuestionable» por desconocer su metodología y destacó los avances del país en políticas anticorrupción.
Saravia aseguró que el Gobierno niega «enfáticamente» los resultados del informe, argumentando que el WJP no transparentó sus criterios de evaluación. En contraste, citó a la OCDE como un organismo que aplica metodologías validadas y que, en uno de sus reportes, otorgó a Bolivia un 67% en criterios regulatorios y 100% en salvaguardas contra conflictos de interés.
La ministra detalló diversas medidas implementadas por el Gobierno, como la creación de una Fiscalía especializada y la aplicación de leyes como la 1390 y la 004 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz). Además, resaltó que en el primer semestre de 2023 se emitieron 50 sentencias por corrupción, sumándose a las 100 de 2022. También mencionó avances en transparencia, con puntajes del 64% en acceso a información y 65% en datos abiertos.
El «Índice de Estado de Derecho del World Justice Project» (WJP), una organización estadounidense financiada por fundaciones, corporaciones y agencias de desarrollo, incluyendo algunas vinculadas al gobierno de EE.UU., evalúa tres formas de corrupción: sobornos, influencia indebida y malversación de fondos, analizando a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, fuerzas armadas y policía.
Según el informe del WJP, la mayor debilidad para Bolivia se presenta en el ámbito de los funcionarios judiciales, donde ocupa el lugar 140 de 142 naciones. Le siguen la corrupción en la Policía y el Ejército (puesto 137), en el Ejecutivo (131) y en el Legislativo (120).
El Gobierno ha insistido en que los informes sin metodología clara «no reflejan la realidad» de sus esfuerzos anticorrupción.