En la recta final de este marzo otoñal, tres hechos vinculados a la exsenadora Jeanine Áñez, que el próximo lunes enfrentará el inicio de un juicio ordinario, abren las heridas de los sucesos de 2019 en la conciencia colectiva boliviana.
En el primero de ellos, el gobierno de Luis Arce y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) por las masacres de 2019.
El 15 de noviembre de ese año, a tres días de autoproclamarse presidenta, en el desarrollo de intervenciones militares para aplastar protestas ciudadanas, murieron 11 civiles en Sacaba y otros 120 resultaron heridos.
El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, otros 11 civiles fallecieron y 78 resultaron heridos. La CIDH calificó ambos acontecimientos como masacres.
El segundo hecho vinculado esta semana al régimen de Áñez se registró cuando el Ministerio Público declaró a su exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en rebeldía por no presentarse a declarar por la internación ilegal de armamento no letal desde Ecuador, cuyo presidente, Lenín Moreno, autorizó el envío.
Lizárraga accedió al cargo como cuota política del entonces cívico, hoy gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
Juicio
Y para el próximo lunes 28, el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz tiene previsto iniciar el juicio oral contra Áñez, el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el estado mayor de la Policía por el caso denominado “Golpe de Estado II”.
El caso «Golpe de Estado II» se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la presidencia del Estado de forma inconstitucional.
El martes 12 de noviembre de 2019, Áñez —una senadora poco conocida— tomaba el mando de la nación con un simbólico hecho: la banda presidencial se la puso el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, enfundado en uniforme de combate.
Se trataba del mismo jefe castrense, Williams Kaliman, que —en una decisión corporativa del Alto Mando— “sugirió” a Evo Morales renunciar al cargo.
“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”. Éstas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Jeanine Áñez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.
El abogado Macelo Valdez, de la parte acusadora, dijo a la televisora privada ATB que pedirá 20 años de reclusión para Áñez y recordó que en este caso los excomandantes Gonzalo Terceros, de la Fuerza Aérea, y Palmiro Jarjuri, de la Armada, fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
“Eso significa reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, precisó Valdez.
De acuerdo con la decisión de la justicia, ambos excomandantes aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.
Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea y así promover la sucesión de Áñez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora.
Entre los acusados están, junto con Terceros y Jarjury, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; así como el excomandante de la Policía, Yuri Calderón. Hasta el momento, Kaliman y Calderón se encuentran prófugos.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)
