Cochabamba, Bolivia, 31 de julio de 2025. Una investigación judicial en Bolivia contra dos exautoridades de la Compañía de Jesús, los sacerdotes españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, reveló que la orden encubrió al menos una docena de casos de abuso sexual cometidos por jesuitas desde los años 80. Ocho de estos episodios no se conocían públicamente hasta ahora. La evidencia proviene de más de 4.000 folios incautados en 2023 por la Policía durante allanamientos en las sedes de los jesuitas en La Paz y Cochabamba.
Según El País, que accedió a esta documentación, los informes internos, cartas y correos electrónicos prueban que ambos religiosos, quienes ejercieron como provinciales de la orden durante las décadas en las que se registraron la mayoría de denuncias, recibieron reportes sobre los abusos. En lugar de tomar medidas disciplinarias, optaron por trasladar a los implicados o buscar acuerdos de silencio con las víctimas.
Los archivos contienen comunicaciones enviadas al entonces superior general de los jesuitas en Roma, Peter Hans Kolvenbach, donde se describen episodios como agresiones sexuales a menores, relaciones con adolescentes, embarazos no deseados e incluso problemas de alcoholismo entre miembros de la orden. Uno de los casos más graves corresponde al sacerdote Alfonso Pedrajas, quien reconoció en su diario haber abusado de al menos 85 niños. Su testimonio, publicado por El País en 2023 tras su fallecimiento, motivó la apertura de procesos judiciales y reacciones institucionales, incluida la del presidente Luis Arce.
Tanto Alaix como Recolons aseguraron ante el juez que conocieron los casos gracias a la investigación periodística, aunque los documentos confiscados contradicen esas declaraciones. La documentación incluye denuncias que datan incluso del año 2009, cuando un exalumno de Pedrajas pidió por correo electrónico una disculpa pública de la Compañía, solicitud que fue ignorada.
Entre los nuevos casos identificados figura el del sacerdote Pancho Flores, acusado de abusar sexualmente de un joven. Aunque se informó del hecho al superior en Roma, Flores no fue sancionado y años después ocupó cargos de responsabilidad en la Conferencia Episcopal Boliviana. Otro caso refiere a un jesuita, identificado como R.B., que habría mantenido una relación con una niña de 14 años.
También aparecen menciones a los religiosos F.Q., J.B., B.T., M.G., H.A. y E.V., señalados por abusos a monaguillos, mujeres menores de edad y novicios. La documentación incluye además detalles del traslado del sacerdote Luis Toó desde Cataluña a Bolivia, tras una condena en España por abuso infantil.
Este proceso judicial, que se encuentra en etapa de declaraciones de testigos, es el único activo tras el estallido del escándalo en Bolivia. Las pruebas reveladas por la fiscalía refuerzan la denuncia histórica de impunidad y complicidad dentro de la Iglesia Católica boliviana. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abusos Clericales sostiene que estos hallazgos confirman un patrón sistemático de encubrimiento en la Compañía de Jesús.
