El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, Ángel Edson D. R., enfrenta una denuncia penal por la presunta falsificación de documentos oficiales. Se le acusa de haber utilizado estos documentos falsificados para cumplir con los requisitos necesarios para postularse al cargo que actualmente ocupa. Sin embargo, Dávalos niega rotundamente todas las acusaciones en su contra.
La denuncia fue presentada por Rolando Reinaga Grageda, quien acusa al magistrado de haber extendido fraudulentamente su experiencia profesional para habilitarse como candidato durante el proceso de preselección para las elecciones judiciales.
El abogado Sergio Gómez, parte del equipo jurídico del denunciante, explicó que la supuesta falsificación se remonta a la etapa previa a las elecciones judiciales de diciembre de 2024.
Según la denuncia, Dávalos habría utilizado una certificación falsificada emitida por el Consejo de la Magistratura de Chuquisaca, que indicaba que había ejercido como Vocal Constitucional hasta el 10 de septiembre de 2021, cuando en realidad dejó ese cargo el 4 de junio de 2021. Esta información, según la denuncia, se puede corroborar con documentación oficial presentada ante la Contraloría General del Estado.
Se alega que, durante los tres meses y cinco días en los que supuestamente estuvo en funciones, el magistrado habría cobrado salarios sin desempeñar el cargo, lo que podría constituir usurpación de funciones y cobro indebido de recursos del Estado.
La denuncia, respaldada por certificaciones, actas judiciales y registros de personal, fue inicialmente desestimada por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No obstante, el Ministerio Público la aceptó y, tras concluir la etapa preliminar, se prepara para avanzar hacia una imputación formal.
El abogado Gómez ha denunciado presiones desde el Ministerio de Justicia para detener el avance del proceso. A pesar de haber sido notificado, el magistrado decidió no declarar, lo cual es un derecho legal, pero genera inquietud dada su posición como alta autoridad del sistema judicial.
El denunciante, Reinaga, cuestiona que, a pesar de la exigencia de transparencia en las recientes elecciones judiciales, se permitió la habilitación de una candidatura basada en documentos supuestamente manipulados. Además, advierte que la designación de este magistrado sería parte de una estructura mayor de corrupción que incluiría el manejo discrecional de nombramientos, sanciones y promociones dentro del Órgano Judicial, así como presuntas manipulaciones en Derechos Reales.
En su defensa, el magistrado ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una denuncia motivada por intereses personales y políticos. Afirma que esta denuncia no es nueva, sino que fue presentada durante el proceso electoral judicial con el objetivo de inhabilitarlo como candidato.
El magistrado indicó que la impugnación fue evaluada por la Comisión Mixta de Constitución, que solicitó al Consejo de la Magistratura verificar los documentos cuestionados. Según él, el Consejo confirmó la autenticidad de las certificaciones emitidas, lo que permitió su habilitación.
Sostiene que no participó en la elaboración de los documentos y que las certificaciones fueron emitidas directamente por el Consejo. Además, alega que el denunciante actúa como “palo blanco” de un actor político vinculado a su suplente, quien se beneficiaría de su posible inhabilitación o destitución.
El magistrado también mencionó que ya existe una resolución del Ministerio Público que rechazó la denuncia inicial y que la nueva acusación se basa en los mismos hechos. Asegura que continuará defendiendo su posición por la vía legal y denuncia que estas acciones buscan desacreditarlo y forzar su salida del cargo, tras no lograrlo en las urnas.
Finalmente, destaca que otros vocales que firmaron certificaciones similares no han sido objeto de denuncia, lo que considera un ensañamiento selectivo en su contra.
Vía: La Patria
