Cochabamba, 16 de julio de 2025.– El Ministerio Público inició una investigación penal contra Ruth Nina, dirigente de Pan-Bol, tras sus polémicas declaraciones en un acto político en Lauca Ñ. La Fiscalía la ha citado a declarar este viernes 18 de julio en la Fiscalía departamental de Cochabamba. Nina exige garantías para presentarse y anuncia contrademanda por amenazas de muerte.
El fiscal general, Róger Mariaca, informó que se ha admitido la denuncia por varios delitos, incluyendo instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales, este último tipificado en la Ley 026 del Régimen Electoral. Mariaca advirtió que la inasistencia de Nina el viernes podría derivar en una orden de aprehensión.
Las denuncias contra Nina fueron presentadas en diferentes departamentos, como Santa Cruz y La Paz, pero se acumularon en Cochabamba, donde se realizaron las declaraciones y donde reside la dirigente.
La polémica surgió el pasado 12 de julio, durante una concentración de sectores «evistas» en Lauca Ñ, Cochabamba, donde Nina afirmó que el 17 de agosto de 2025 “el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos”. Esta declaración ha sido calificada por varios actores políticos como una amenaza contra el proceso democrático.
El lunes, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, presentó una denuncia penal en Santa Cruz por instigación a delinquir y amenazas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, también se pronunció, señalando que “quien llama a la violencia debe enfrentar las consecuencias jurídicas” y pidió firmeza a los jueces.
A pesar de la controversia, Nina ha ratificado sus declaraciones, asegurando que no teme ir a la cárcel y que sus palabras reflejan el sentir de organizaciones sociales que no se sienten representadas por los actuales candidatos, especialmente tras la exclusión del expresidente Evo Morales como postulante.
El Fiscal General Mariaca enfatizó que “ninguna persona puede invocar la libertad de expresión para generar miedo, caos o violencia en procesos democráticos” y que la Fiscalía actuará para garantizar el respeto al orden democrático.
La investigación se desarrolla en un contexto político de tensión y polarización, donde el Ministerio Público busca dejar claro que no permitirá discursos que atenten contra el desarrollo pacífico del proceso democrático.
