La plenaria del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un proyecto para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea (UE). Dando inicio a una delicada negociación con los representantes de los 27 países del bloque.
La normativa aprobada (con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones) regulará la IA según el nivel de riesgo: cuanto mayor sea para los derechos o la salud de las personas, por ejemplo, mayores serán las obligaciones de los sistemas tecnológicos.
Los planes originales de la Unión Europea (UE) para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) se remontan a 2021. Pero el asunto se volvió urgente después que ChatGPT irrumpió en escena, poniendo de relieve el vertiginoso desarrollo del sector.
Una vez que reciba la luz verde del Parlamento Europeo, funcionarios de la UE apuntan que se iniciarán de inmediato las negociaciones directas con los 27 países del bloque, con la idea de tener un acuerdo sellado para finales de año.
Aún si se alcanza ese objetivo, la normativa no entraría en vigor hasta 2026, y por ello la UE precisará negociar también un marco provisional y voluntario con las empresas tecnológicas que desarrollan IA.
Uso de la IA
La mayoría de los eurodiputados apoya el proyecto de normativa como un hito.
«¿Es éste el momento adecuado para que Europa regule la IA? Mi respuesta es rotundamente sí: es el momento adecuado debido al profundo impacto que tiene la IA», dijo el eurodiputado Dragos Tudorache durante el debate parlamentario del martes en Estrasburgo.
«Lo que podemos hacer aquí es crear confianza. También seguridad jurídica para permitir que la IA se desarrolle de manera positiva», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.
La ley en discusión regulará la IA según el nivel de riesgo: cuanto mayor sea el riesgo para los derechos o la salud de las personas, por ejemplo, mayores serán las obligaciones de los sistemas.
La lista de alto riesgo propuesta por la UE incluye la IA en infraestructura crítica, educación, recursos humanos, orden público y gestión de la migración.
Fuente: La Razón