La secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), Yamile Cruz, ratificó su rechazo a los contratos de litio firmados con las empresas extranjeras Uranium One y CBC, y aseguró que los documentos deben anularse hasta que exista una ley del litio.
“Tienen que anularse estos contratos porque, mientras no exista una normativa. Esta ley de litio es donde se va a rayar la cancha y se va a establecer los temas económicos regalitarios, ambientales”, dijo.
En una entrevista en la Primera Edición de Abya Yala TV, Cruz expresó que estos acuerdos son inconstitucionales, y destacó que no solo atentan contra la soberanía del Estado, sino que tampoco proporcionan beneficios económicos al país.
En su criterio, el verdadero valor de los recursos del litio no se refleja en los términos de los contratos, que considera una trampa financiera para Bolivia.
La preocupación de Cruz se centra en el impacto ambiental que estos contratos podrían generar, especialmente en lo que respecta al uso excesivo de agua en un área ya vulnerable como el Salar de Uyuni. Según datos revelados por Cruz, la firma de los contratos implicaría el consumo de más de 16 millones de litros de agua diarios, una cifra alarmante si se considera que la región es principalmente árida y carece de un estudio hidrológico que determine si las cuencas locales pueden soportar tal demanda.
En cuanto a la constitucionalidad de los contratos, Cruz subrayó que se está violando la Ley 928, que crea la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). En su artículo tres, esta normativa prohíbe a YLB firmar contratos en la fase extractiva del litio, lo cual contradice directamente los acuerdos alcanzados con las empresas extranjeras. Además, señaló que estos contratos obligan al Estado boliviano a asumir todos los costos operativos y financieros, lo que representaría un endeudamiento a largo plazo, sin una contraparte que garantice beneficios reales para el país.
Cruz también resaltó la falta de socialización de estos contratos con las comunidades afectadas. Según la secretaria ejecutiva de FRUTCAS, las autoridades del gobierno intentaron socializar los acuerdos después de haber sido firmados, lo que consideró una burla para las comunidades. La crítica apunta a que, en lugar de realizar una consulta previa, el gobierno ha optado por imponer los contratos sin la debida participación de las personas más afectadas por la explotación del litio.