Por: Andrés Huanca Rodrigues
El pasado15 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos, a través de un informe de la Casa Blanca, incluyó nuevamente a Bolivia en la lista de los países que fungen como centros de tránsito y de producción de drogas. Se denuncia que Bolivia junto a Venezuela no están realizando “de manera demostrable esfuerzos sustanciales” para combatir el narcotráfico.
El Gobierno boliviano no hizo esperar su respuesta y mediante la Cancillería y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó la postura como «unilateral» y «sesgada». Denunció que el Gobierno del presidente Joe Biden—que es el país con mayor consumo de cocaína en el mundo— no trabajó con Bolivia para sustentar el análisis de su informe.
Bajo esa línea, resaltó que la lucha contra el narcotráfico debe seguir una labor de corresponsabilidad, tal como el Estado viene trabajando con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (ONUDC) o la Unión Europea (UE).
Por su parte, Gabriela Reyes, directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), dependiente del Ministerio de Gobierno, recordó que EEUU emitió un informe el 25 de junio del 2020, el cual señala que durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez se redujo más hectáreas de coca excedentaria que en 2019.
Sin embargo, el informe anual de la ONUDC “Monitoreo de Cultivos de Coca 2020” evidenció lo contrario: un crecimiento abrupto de la coca excedentaria durante el 2020. Las cifras del informe dan cuenta del aumento del 15% de superficie cultivada, el mayor incremento en un solo año desde el 2010 y un “récord” de la menor cantidad de superficie de cultivos erradicados; 2.177 hectáreas, siendo el promedio anual 8000 hectáreas.
Estos datos ponen en duda la seriedad y rigurosidad de las conclusiones del reciente memorando de la Casa Blanca.
Superficie con cultivos de coca en Bolivia 2010-2020. Fuente: ONUDC
La reciente polémica entre los gobiernos boliviano y estadounidense ha vuelto a poner en el debate la pertinencia del modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico, pero ¿En qué consiste?
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia, en relación a la producción de hoja de coca, tiene el objetivo de estabilizar la superficie de cultivos legales en 20.000 hectáreas. Está basado principalmente en dos hitos: la llamada “nacionalización de la lucha contra el narcotráfico” y el control social.
El primer hito se remonta a noviembre del 2008 cuando el Gobierno boliviano expulsó a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) por denuncias de espionaje, financiamiento a grupos irregulares y una historia de atropellos a los derechos humanos. Se determinó que la lucha en contra del narcotráfico se llevaría a cabo en el marco de la defensa de la soberanía y autodeterminación, es decir que los gobiernos nacionales definirían la estrategia con el apoyo de socios internacionales, pero no de regentes.
El segundo hito fue el control social como mecanismo de reducción de las superficies de coca y combate al narcotráfico. Está basado en el diálogo y concertación de las áreas legales de producción con los mismos productores de hoja de coca. Un giro de 180° en relación a las políticas de los gobiernos bolivianos tuteladas desde la década de los 80 por EEUU que causó numerosos enfrentamiento y conflictos sociales. Es de esta manera que el control social, además de reducir los cultivos ilegales, tiene el propósito de proteger los derechos humanos.
Pero ¿Y cuáles son los resultados? El modelo y estrategia implementado sobre todo desde el 2010 ha mostrado resultados alentadores y reconocidos internacionalmente. Entre el 2010 y el 2015 se presentó una reducción sostenida, teniendo al 2015 con 20.200 hectáreas de cultivos de coca como el año con menor superficie de coca desde el inicio del milenio. Fue gracias a estos resultados que en septiembre del 2016 medios internacionales como el The New York Times destacaron la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.
“Una de las bases del éxito del modelo boliviano de lucha antidrogas es que nosotros tenemos socios, no patrones (en referencia a la intromisión de Estados Unidos). Nuestra política es soberana y respeta los derechos humanos”, destacó la directora de OBSCD.
Si bien desde el 2015 al 2019 la superficie de cultivos viene aumentando, eso no ha impedido que Bolivia continúe como un referente en la región; el 2009 la producción de hoja de coca en Bolivia suponía el 20% de la producción regional, mientras que en la actualidad supone solamente el 11%. El restante corresponden a Colombia y Perú, países que continúan con la asistencia del Gobierno estadounidense en la lucha contra narcotráfico.
Sin duda el mayor logro del modelo boliviano ha sido en materia de derechos humanos. La política norteamericana implementada en Bolivia desde los 80 osciló entre políticas de incentivos económicos para que los productores remplacen el cultivo de coca por otros productos, como el Plan de Desarrollo Alternativo, con medidas de erradicación forzosa como el plan “Coca Cero”.
No obstante, ambas discurrieron entre violentas represiones militares y policiales, algunos con altos saldos mortales como la «Masacre de Villa Tunari» debido a la aprobación de la Ley 1008 que penalizaba el consumo tradicional de coca, en la cual murieron 11 personas o el asesinato del dirigente cocalero Casimiro Huanca el 2001 durante una represión a los campesinos del trópico de Cochabamba. Episodios que asemejan a la Colombia actual, país con bases militares norteamericanas y apoyo para la lucha contra el narcotráfico de Washington, que con la Bolivia contemporánea.
Son por estos resultados en materia de control en la producción excedentaria de coca y la defensa de los derechos humanos, que Bolivia podrá seguir prescindiendo del apoyo de Estados Unidos.