Bajo los principios de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas del golpe de Estado de 2019, los responsables de esa ruptura constitucional deben responder ante los tribunales y ante la población que espera justicia, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“Estamos hablando de un tema de responder a la población, responder a lo que ha ocurrido en nuestro país y además no solo nosotros lo decimos, no solo es una demanda de distintos sectores sociales, es también recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que presentó un informe donde señala que tiene que existir memoria, justicia y verdad, reparación con las víctimas”, indicó.
El GIEI recomendó “Investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares”.
También pidió “que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”.
La investigación del GIEI estableció que Áñez se autoproclamó presidenta del Senado y luego presidenta de Bolivia. “Ese mismo día de noviembre, Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, agrega el informe internacional.
Al respecto, la Viceministra dijo que el Gobierno tendrá que “cumplir con estas recomendaciones (del GIEI), el pueblo está esperando justicia, reparación y es algo que se tiene que responder ante la instancia que corresponde que en este caso es la justicia”.
Rechazó las versiones de sectores opositores que hablan de persecución política cuando lo único que se busca es justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.
“Porque lo que acá ha ocurrido es una ruptura del orden constitucional, acá han existido violaciones a los derechos humanos, masacres en Sacaba, Senkata y esto no puede quedar en la impunidad”, manifestó.
Este jueves 10 de febrero se prevé el inicio del juicio oral contra la expresidenta de facto, sin embargo, los abogados de Áñez recurren a la chicana jurídica para postergar esa fase.