Un informe de la organización suiza Public Eye documentó en 2016 que Trafigura y Vitol, dos empresas que proveen combustibles a Bolivia, aprovecharon los estándares débiles en países africanos para vender carburantes de mala calidad, que jamás habrían sido aceptados en Europa.
La revelación de un estudio contratado por Bolivia Verifica y ejecutado por laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha provocado más cuestionamientos sobre la credibilidad del sector energético nacional. El informe especializado, que detectó niveles de goma superiores a los parámetros permitidos por la normativa boliviana, ha reactivado con fuerza el debate sobre la calidad de los combustibles importados y la opacidad que rodea a su adquisición.
Según los resultados obtenidos en tres surtidores de la ciudad de La Paz, publicados el 8 de mayo por Bolivia Verifica, las muestras registraron concentraciones de goma que en algunos casos superan hasta ocho veces el límite legal, un hallazgo que no es solo un dato técnico aislado, sino que representa una amenaza directa para los usuarios.
Analistas del sector advierten que la presencia excesiva de estos polímeros en la gasolina provoca la formación de depósitos en válvulas, obstruye los sistemas de inyección y deteriora prematuramente los motores, comprometiendo el rendimiento de los vehículos y la economía de los propietarios.
Sin respuesta oficial
Pese a la contundencia de los hallazgos académicos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha mantenido una postura de silencio institucional que, a juicio de los analistas, agrava la incertidumbre en el mercado interno. La estatal petrolera evitó responder a un cuestionario formal sobre los resultados del laboratorio, enviado el 8 de mayo por Bolivia Verifica, y, en sus recientes apariciones públicas, sus autoridades han evadido cualquier referencia directa al informe de la UMSA.
Durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, la presidencia de la empresa dio por cerrado el caso de la denominada gasolina “desestabilizada”, atribuyendo los problemas a factores operativos internos, pero sin ofrecer una respuesta técnica sólida a las observaciones sobre el contenido de goma detectado en la gasolina importada.
Esta falta de información ha sido interpretada por el experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velasquez, como una señal de la profunda debilidad institucional que afecta al sector. Velasquez subrayó la gravedad de que la academia, a través de una universidad, deba suplir las funciones de fiscalización del Estado. “El solo hecho de que la UMSA sea quien tenga que realizar el análisis de la calidad de la gasolina que circula en el país, es reflejo de la desinstitucionalización del sector hidrocarburos”, afirmó el analista, señalando además que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha sido la gran ausente en la regulación de lo que calificó como “gasolina basura”.
Incógnitas sobre el origen
Por su parte, el exministro de Hidrocarburos y analista energético, Álvaro Ríos, enfatizó que la presencia de carburantes fuera de norma en diversos surtidores de La Paz descarta la posibilidad de que se trate de incidentes aislados en estaciones de servicio específicas. Según Ríos, la recurrencia de estos hallazgos apunta a una falla sistémica que genera un temor justificado en la población.
“Lo que está pasando ya es inexplicable, es complejo, porque nuevamente vuelve el temor a la población boliviana”, aseveró, añadiendo que la situación es crítica. “Este es un hecho masivo, reciente, fuerte y que está dañando la propiedad privada de los bolivianos”, apuntó.
Para el experto, la duda central es si la contaminación ocurre en territorio nacional o si se está comprando intencionalmente gasolina fuera de especificación. Añadió que los análisis realizados por la UMSA constituyen una señal de alerta que debe ser respondida institucionalmente.
El exfuncionario de YPFB y especialista en hidrocarburos, Fernando Rodríguez, afirmó que la crisis por la gasolina observada en el país evidencia fallas de control, deficiencias en la certificación de calidad y falta de transparencia en los contratos de importación de combustibles.
Rodríguez sostuvo que el Gobierno debería transparentar los contratos de provisión, especificaciones técnicas y costos de importación para establecer responsabilidades sobre la calidad del combustible comercializado.
“Lo real y concreto es que hay falta de transparencia. Uno puede opinar con mayor propiedad cuando Yacimientos muestre los contratos, especificaciones, proveedores y costos”, señaló.
Ríos también cuestionó la falta de información pública sobre la importación y control de carburantes en los últimos meses.
“No ha habido transparencia en el manejo de combustibles”, afirmó Ríos al referirse tanto a la etapa final del gobierno de Luis Arce como a la actual administración.
“La pregunta es con qué certidumbre van a salir los bolivianos a comprar gasolina ahora”, añadió.
Contradicciones
Velasquez también cuestionó el manejo informativo y operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al considerar que la estatal emitió versiones contradictorias sobre el origen y comercialización del combustible observado.
“YPFB, en su calidad de comercializador monopólico, ha dado diferentes explicaciones, todas confusas, sobre lo que ha ocurrido en la provisión y comercialización de esta gasolina fuera de especificación”, indicó.
“No existen responsables identificados en el almacenaje ni en la compra de este tipo de combustible en el país, tampoco procesos judiciales interpuestos a los proveedores en sus países de origen por parte de YPFB”, manifestó.
El analista de Jubileo sostuvo además que, hasta el momento, no existen responsabilidades claramente establecidas respecto al almacenamiento y adquisición del combustible cuestionado, ni acciones legales contra las empresas proveedoras.
Ríos señaló que uno de los aspectos que requiere explicación técnica es cómo tres muestras provenientes de un mismo lote almacenado en planta presentaron resultados distintos. “La pregunta es por qué las muestras son diferentes”, sostuvo el experto, quien además planteó la posibilidad de que hubiera contaminación en tanques que anteriormente almacenaron gasolina antigua. En criterio del analista, este punto debe ser aclarado dentro del informe técnico para establecer responsabilidades y determinar el origen de las alteraciones detectadas en el combustible.
Importación de privados
El exministro Ríos, propuso abrir la comercialización de combustibles importados por privados en estaciones de servicio del país como una alternativa frente a los cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina.
Ríos planteó que el Gobierno emita un decreto supremo que permita a los surtidores vender distintos tipos de combustible de manera paralela.“Una salida a este tema es que de una vez saquen un decreto supremo en el cual se abra la comercialización en surtidores y que las estaciones de servicio en Bolivia puedan comercializar en una isla gasolina subvencionada y en otra isla gasolina importada directamente por privados”, sostuvo.
Según Ríos, el mercado podría ofrecer alternativas diferenciadas para que el consumidor decida entre precio y calidad.
“El que quiera tener gasolina más barata, pero con la posibilidad de que el vehículo se le arruine, puede optar por esa opción; y el que no quiera, también puede ir a una gasolina un poco más cara, pero confiable”, indicó.
La propuesta surge en medio de las observaciones sobre la calidad de algunos combustibles comercializados en el país. En criterio del analista, permitir la participación de importadores privados podría generar mayor competencia en el mercado y ofrecer combustibles de mejor calidad para los consumidores que estén dispuestos a pagar un precio superior.
Sin respuesta
Bolivia Verifica solicitó información oficial a YPFB mediante un cuestionario de 21 preguntas iniciales dirigido al presidente de la estatal petrolera, Sebastián Daroca Oller, con el objetivo de esclarecer los resultados del estudio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) sobre la calidad de la gasolina comercializada en La Paz. Hasta el cierre de esta edición, la empresa no confirmó si responderá o no al requerimiento periodístico.
En medio de los cuestionamientos, YPFB realizó una conferencia de prensa en Santa Cruz el 11 de mayo pasado en la que evitó referirse a los resultados del laboratorio de la UMSA, pese a que las pruebas establecieron que tres surtidores comercializaban combustible fuera de los parámetros permitidos por norma. La empresa estatal tampoco explicó las observaciones técnicas vinculadas al contenido de goma detectado en las muestras analizadas.
Durante la exposición, YPFB dio por cerrado el caso de la gasolina denominada “desestabilizada” y atribuyó el problema a tres factores, sin profundizar en los hallazgos del estudio universitario ni anunciar nuevas verificaciones técnicas independientes.
La estatal petrolera, intentado explicar el fenómeno, reconoció que actualmente el país depende en un 60% de la importación.
Proveedores cuestionados
La oficialización de contratos millonarios con grandes intermediarios energéticos como Trafigura ha sumado un factor más de preocupación al conflicto.
El analista y exfuncionario de YPFB, Fernando Rodríguez, recalcó que la única forma de disipar dudas es mediante la apertura de la información contractual. “Lo real y concreto es que hay falta de transparencia. Uno puede opinar con mayor propiedad cuando Yacimientos muestre los contratos, especificaciones, proveedores y costos”, señaló Rodríguez, advirtiendo que la falta de certificación en origen y el control deficiente para evitar adulteraciones en el transporte son los puntos críticos que están fallando.
En este escenario, la demanda de los analistas es unánime: sin transparencia absoluta en los pliegos de especificaciones y la apertura de los procesos de importación a auditorías independientes, será imposible recuperar la confianza ciudadana en un sistema de abastecimiento que hoy se percibe vulnerable y carente de fiscalización efectiva.
Cuatro causas, según YPFB
Luego de la publicación de los resultados de laboratorio de la UMSA, la estatal petrolera ha estructurado su defensa técnica sobre cuatro ejes que explicarían la degradación del combustible sin admitir una responsabilidad directa en la compra inicial.
