Este martes, fuentes del Gobierno confirmaron a EL DEBER que la ministra de Educación, Beatriz García, renunció a su cargo. Se suma a la renuncia que también presentó el ministro de Defensa, Marcelo Salinas. Anteriormente, también se alejó del Gabinete el titular de la cartera de Trabajo. Fuente: El Deber
Renuncia la ministra de Educación, Beatriz García Leer más »
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026. Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática. Las protestas se desarrollan en un contexto de profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno; así como de racismo estructural y sistémico. Sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas articulan demandas vinculadas al empleo, abastecimiento de alimentos, acceso a combustibles y estabilidad económica, junto con exigencias de revisión o derogación de medidas económicas y pedidos de renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Las protestas se agravaron tras la eliminación de subsidios mediante el Decreto Supremo 5503 y la aprobación de la Ley 1720- ambos derogados posteriormente en el contexto de las manifestaciones. Las manifestaciones han derivado en al menos 70 cortes de ruta hasta el 27 de mayo, según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. De conformidad con lo informado por el Estado, los bloqueos en La Paz y El Alto han dejado incomunicada a la sede de Gobierno con los otros departamentos y los países vecinos. El Estado ha adoptado despliegues operativos de las fuerzas del orden que incluyeron el llamado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, para el abastecimiento de insumos. Los bloqueos han provocado graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales, sobre todo en La Paz y El Alto. Además, al menos 7 personas fallecieron en este contexto, según la Defensoría del Pueblo, entre ellas, 4 por falta de atención médica oportuna, 1 por arma de fuego en el contexto del mencionado operativo estatal de desbloqueo en el municipio de Calamarca que, según el Estado, se realizó sin armamento bélico; y 2 personas movilizadas, cuyas circunstancias de fallecimiento continúan pendientes de esclarecimiento. Todas las muertes registradas por la Defensoría permanecen bajo investigación del Ministerio Público. Las protestas también han estado marcadas por un incremento de la violencia y la conflictividad social. La Defensoría del Pueblo documentó, al 24 de mayo, al menos 23 personas heridas de diversa gravedad, incluyendo por disparos, oculares y faciales; entre ellas, manifestantes, transeúntes y agentes policiales. Asimismo, 321 personas fueron arrestadas, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen en detención preventiva. Igualmente, se registraron enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y vecinos, particularmente en El Alto; así como anuncios de sectores civiles que expresaron su intención de desbloquear rutas por cuenta propia, contemplando declaraciones de actores armados no estatales y grupos de choque. A su vez, organizaciones de la sociedad civil informaron sobre requisas y abusos contra personas indígenas y manifestantes presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales estarían siendo procesadas por terrorismo. Asimismo, personas que trabajan en la prensa han sido hostigadas y agredidas durante la cobertura de las movilizaciones. La Defensoría del Pueblo registró, hasta el 18 de mayo, al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, además de cuatro ataques a equipos periodísticos, incluyendo golpes, lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, lesiones por explosivos y afectaciones derivadas del uso de gases lacrimógenos. También se reportaron amenazas, insultos, obstáculos al ejercicio informativo, y el intento de aprehensión de al menos un periodista. Adicionalmente, se conocieron denuncias sobre discursos estigmatizantes y amenazas de posibles investigaciones o medidas de fiscalización contra organizaciones de la sociedad civil señaladas presuntamente de financiar las protestas. Según información pública, en el marco de las movilizaciones, se han registrado desmanes y afectaciones a bienes públicos y privados, incluidos daños materiales y denuncias de saqueos. Entre los hechos reportados figuran daños al sistema de Teleférico de La Paz y El Alto, así como al Tribunal Departamental de Justicia y Derechos Reales, donde se denunciaron saqueos, destrucción de mobiliario y pérdida de expedientes. Durante las protestas del 18 de mayo en La Paz también se denunciaron ataques contra edificios públicos y privados. En este contexto, la Fiscalía de La Paz conformó, el 20 de mayo, una comisión de crisis para atender situaciones vinculadas a bloqueos prolongados y conflictos sociales, lo que derivó en la apertura de 29 procesos penales por los hechos registrados, abarcando investigaciones por tentativa de homicidio, destrucción de bienes del Estado e instigación pública a delinquir. La CIDH reafirma que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos, especialmente en contextos de conflictividad social. Las manifestaciones, entre ellas aquellas de carácter espontáneo, deben presumirse pacíficas, y las personas participantes tienen derecho a definir el contenido, la forma y el lugar de sus expresiones colectivas. La protesta social es además un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, por lo que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida cotidiana. En ese marco, corresponde al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto. A su vez, toda actuación orientada al control de manifestaciones debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, la CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales. Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de
El jueves hubo una inspección a la carretera con el transporte libre, que pudo ver las mejoras que se realizan para recuperar una fluida transitabilidad, informó el gerente, Demetrio Calabi. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) está ejecutando el préstamo de 15 millones de bolivianos de Fonplata, en la mejora del camino al Gran Chaco, que se deterioró demasiado con las lluvias de comienzo de año. “Sí, sí, estamos en ejecución se está liberando todo el camino al Chaco”, confirmó el gerente de la entidad en Tarija, Demetrio Calabi Nowotny, al añadir que con la contratación de nuevas empresas, la carretera será mejorada completamente. El ejecutivo informó que se contratarán tres empresas para atender los tres subtramos que comprende el camino al Chaco, Tarija-Entre Ríos, Entre Ríos-Palos Blancos y Palos Blancos- Villa Montes, las ofertas están próximas a abrirse. Con el mejoramiento de esta carretera y los posteriores trabajos de mantenimiento vial rutinario, se podrá esperar en mejores condiciones el nuevo período de lluvias que generalmente suele comenzar entre octubre y noviembre. El gerente informó que el fin de semana se efectuó una inspección a la carretera con el transporte libre, para ver los trabajos que se hacen y el estado en que se encuentra la carretera, que prácticamente se destrozó en diferentes lugares. “Se ha hecho un recorrido de toda la ruta al Chaco, entendemos que hubo beneplácito por los trabajos que están ejecutándose”, afirmó al admitir que hay un punto crítico que la ABC se comprometió resolverlo en el menor tiempo posible. “Es en el sector, El Zapallar, donde se nos ha presentado una falla por la mala ejecución del proyecto”, explicó al indicar que el problema está en un tramo de unos 20 metros de largo, que precisa un trabajo en profundidad, no superficial. “No es un tema de conservación vial, sino de hacer una reconstrucción de ese sector, ya que ha colapsado por la presencia de agua”, siguió al indicar que en la zona hay un macizo rocoso que hace que escurra el agua a la carretera. El gerente además aseguró que no hay ni un solo bloqueo de caminos en Tarija, por el contrario, en el marco de respeto a la Constitución y al gobierno democrático, es que los sectores informaron que cortarán los caminos. DIÁLOGO Sin embargo, reconoció que los bloqueos, especialmente en el occidente de Bolivia, están perjudicando el normal desarrollo del país y este departamento, donde no están pudiendo llegar camiones de alto tonelaje. Destacó el accionar del gobierno, que está convocando a diálogo para encontrar soluciones, como también lo hacen otras instituciones, la Iglesia Católica y Derechos Humanos, en el entendido de que solamente conversando pueden hallarse soluciones. Fuente: El Periodico
La ABC ejecuta préstamo de Bs 15 millones en mejora de carretera al Gran Chaco Leer más »
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se respete la «voluntad del pueblo en cualquier elección» y catalogó de «importante» la denuncia de su par colombiano, Gustavo Petro, sobre un «posible fraude» en la primera vuelta presidencial del pasado domingo, donde quedó en primer lugar el ultraconservador Abelardo de la Espriella. Durante su acostumbrada rueda de prensa matutina, la mandataria mexicana expresó: «Es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que no fue un conteo limpio. Es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular, como siempre, vamos a mantenernos escuchando». Sheinbaum manifestó que, si bien existe «afinidad por las propuestas y lo que representa el partido [Pacto Histórico] del presidente Petro e Iván Cepeda, hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano». En esa línea, llamó a esperar que se realice la segunda vuelta, que será el próximo 21 de junio. No obstante, consideró «importante que se llegue hasta lo último» en la denuncia sobre un presunto fraude, que no ha sido avalada de momento por la Registraduría del país suramericano. De hecho, minutos más tarde, Cepeda se pronunció para reconocer los resultados de la elección. «No hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor, evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades», dijo el aspirante del Pacto Histórico. Fuente: RT
Sheinbaum se pronuncia sobre las denuncias de «fraude» en las presidenciales de Colombia Leer más »
El diputado de la Alianza Unidad Carlos Alarcón planteó la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como una salida a la crisis generada por los bloqueos indefinidos. En un pronunciamiento público, el legislador sostuvo que el país atraviesa un “callejón sin salida”, debido a las medidas de presión, que afectan los derechos de la población y podrían derivar en un escenario de violencia generalizada. Como parte de su propuesta, planteó que la Asamblea apruebe por dos tercios una ley interpretativa de la Constitución que permita convocar a un referéndum revocatorio extraordinario en un plazo de tres meses. El diputado explicó que, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley del Régimen Electoral, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea concluirían sus mandatos en 2030. En caso de que triunfe la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en un plazo de hasta cinco meses. Según Alarcón, la ley interpretativa tendría carácter excepcional y serviría para habilitar mecanismos de solución en situaciones extremas que comprometan la vigencia del orden constitucional y democrático o que puedan desembocar en enfrentamientos entre bolivianos. Alarcón advirtió que no se debe permitir que la violencia “deponga y derroque gobiernos”, incluso si esta se presenta bajo la figura de elecciones anticipadas, porque ello pondría en riesgo la existencia del Estado y el orden constitucional. Alertó que, detrás de las protestas contra el presidente, está la intención de que Edmand Lara asuma el cargo, para ser un “puente para el retorno de Evo Morales”. “Autoridad investida por el voto solo por el voto debería ser revocada”, concluyó. Fuente: Correo del Sur
El mandatario colombiano escribió una extensa publicación para rechazar los señalamientos del aspirante ultraconservador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes la supuesta compra de sufragios que habría hecho el candidato ultraconservador Abelardo de la Espriella, quien terminó como el más votado de la vuelta presidencial del pasado domingo, según los resultados preliminares. En una extensa interacción en la plataforma X, el mandatario colombiano reconoció que, aunque la campaña del bloque progresista tuvo «debilidades«, será la opción ganadora en la segunda vuelta, prevista para el próximo 21 de junio. «Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas (…) 150.000 y 200.000 pesos el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de la campaña progresista. Pero vamos a ganar y derrotar al fascismo», escribió Petro. «No he robado un solo peso» Petro afirmó que había sido «atacado personalmente» por el candidato del partido Defensores de la Patria, por lo que rebatió los señalamientos en su contra: «No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo», sostuvo. Al conocer su virtual triunfo en la primera vuelta, De la Espriella dedicó una serie de insultos y descalificaciones contra Petro y el candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quienes llamó «delincuentes miserables«. A ambos les acusó de querer robarse las elecciones, luego de que el mandatario pusiera en duda los resultados del conteo preliminar y anunciara que iba a esperar el escrutinio final para constatar la magnitud de la brecha entre las opciones más votadas. Trazas de uribismo Petro afirma que el proyecto político del candidato de Defensores de la Patria «es el mismo que estuvo detrás de [el expresidente de Colombia, Álvaro] Uribe». En opinión del mandatario colombiano, ambos pertenecen al «fascismo mafioso que ya ha gobernado» el país suramericano. Si bien De la Espriella no fue abanderado por el partido de Uribe, ha tenido gran cercanía con el expresidente conservador, de quien fue asesor jurídico en varios procesos. La víspera, Uribe afirmó que el Centro Democrático, cuya candidata era Paloma Valencia, apoyaría al abogado ultraconservador de cara a la segunda vuelta. Sin evidencias A pesar de las denuncias que ha asomado Petro, el candidato del bloque progresista reconoció este lunes los resultados de las elecciones y manifestó que el «aparato de verificación» activado por su partido el domingo no halló evidencias de fraude. No obstante, Cepeda aseveró que su equipo continuará revisando la información electoral y esperará los resultados oficiales del escrutinio, que se inició este lunes, para pronunciarse «de manera definitiva». El domingo, el aspirante había asomado algunas dudas por el supuesto «desfase» en el preconteo y las presuntas «votaciones atípicas» en algunas zonas. Fuente: RT
«Fascismo mafioso»: Petro lanza una dura acusación contra De la Espriella Leer más »
El diputado Carlos Alarcón propuso la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional como una alternativa para superar la crisis provocada por los bloqueos indefinidos. En un pronunciamiento público, afirmó que el país atraviesa un “callejón sin salida” debido a las medidas de presión, que afectan los derechos de la población y podrían derivar en un escenario de violencia generalizada. Como parte de su planteamiento, sugirió que la Asamblea apruebe por dos tercios una ley interpretativa de la Constitución que permita convocar a esta consulta en un plazo de tres meses. Según explicó el legislador, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley del Régimen Electoral, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea Legislativa concluirían sus mandatos en 2030. En cambio, si triunfa la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en un plazo de hasta cinco meses. Alarcón señaló que la ley interpretativa tendría un carácter excepcional para habilitar mecanismos de solución en situaciones extremas que comprometan la vigencia del orden constitucional y democrático o que puedan desembocar en enfrentamientos entre bolivianos. Asimismo, advirtió que no se debe permitir que la violencia “deponga y derroque gobiernos”, incluso si esta se presenta bajo la figura de elecciones anticipadas, ya que ello pondría en riesgo la existencia del Estado y el orden constitucional. También alertó que detrás de las protestas contra el presidente existiría la intención de que Edmand Lara asuma el cargo para ser un “puente para el retorno de Evo Morales”. Remarcó que “Autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada”. Fuente: DTV
El reporte de la ABC de este lunes 1 de junio revela que continúan siendo seis los departamentos los que concentran los cortes de rutas, pero Cochabamba es ahora el más afectado Arranca una nueva semana y un nuevo mes, pero los conflictos en Bolivia no cesan, este lunes 1 de junio se reportan al menos 90 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos del país. Según los datos del mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba es ahora el departamento más afectado al contar con 32 vías cortadas, de acuerdo al reporte hasta antes de las 06:30. MIRA AQUÍ: “Creemos que estas horas son decisivas”: Iglesia Católica afirma que insistirá con el diálogo pese a rechazo de la COB El segundo departamento más afectado es La Paz con 19 puntos de bloqueo, mientras que en Potosí hay 16, Oruro tiene 11, Chuquisaca nueve y Santa Cruz tres cortes de rutas. Esta jornada de 1 de junio, se cumplen 32 días de movilizaciones en el país de parte de sectores campesinos y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el diálogo con el Gobierno y solo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante el día domingo, la COB realizó un ampliado donde definieron continuar con las medidas de presión de manera indefinida, mientras que el país y la población sufre las consecuencias de estas determinaciones con el desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y demás. Sin embargo, pese a que los puntos de bloqueo se han masificado en el territorio nacional, el Gobierno muestra su postura al diálogo y afirma que esperarán a los sectores para poder instalar reuniones y llegar a un acuerdo. Fuente: UNITEL
Organismos internacionales siguen de cerca el conflicto político y social que se vive en Bolivia, mientras HRW deplora que un niño muera a causa de los bloqueos, Naciones Unidas exige al Gobierno respetar derechos humanos de bloqueadores. El prolongado conflicto político y social que afecta principalmente al occidente del país no solo responde a factores económicos o políticos. Para Human Rights Watch (HRW), la crisis también tiene relación con el debilitamiento de la justicia y, en particular, con las limitaciones que enfrenta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que actualmente funciona de manera incompleta. Así lo afirmó César Muñoz, director para América Latina de HRW, tras una visita realizada la pasada semana a Sucre, donde sostuvo reuniones con magistrados del Órgano Judicial y del TCP, además del fiscal general del Estado y del defensor del Pueblo, con el propósito de evaluar la situación institucional del sistema judicial boliviano. “Si yo me opongo a una ley aprobada en la Asamblea porque creo que es inconstitucional, en este momento el Tribunal Constitucional no puede revisar la normativa porque solo tiene cuatro magistrados. Entonces, ¿cuál es mi opción como ciudadano? La justicia no está funcionando como un árbitro y salgo a las calles. Yo creo que en parte el conflicto también se debe a que no tenemos este poder fundamental que es la justicia”, sostuvo César Muñoz. El representante de HRW considera urgente que la Asamblea Legislativa complete la elección de los cinco magistrados que faltan para conformar plenamente el TCP. A su juicio, la ausencia de una instancia constitucional con capacidad de responder a controversias institucionales debilita los canales democráticos para resolver disputas y aumenta la tensión. La preocupación del organismo surge en momentos en que Bolivia atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos años. Desde principios de mayo, La Paz permanece afectada por bloqueos y movilizaciones que provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. Precisamente sobre las consecuencias humanitarias de este conflicto también se pronunció HRW. La directora de la División de las Américas del organismo, Juanita Goebertus, lamentó la muerte de un niño de 12 años que no recibió atención médica oportuna debido a los bloqueos en la ruta entre Llallagua y Potosí. Además, expresó preocupación por la situación de los hospitales paceños, afectados por la escasez de oxígeno, medicamentos y alimentos, así como por los episodios de violencia registrados durante las protestas. “Nos preocupa la situación. Los manifestantes tienen derecho a la protesta pacífica, pero no es aceptable que algunos recurran a la violencia. Instamos a las autoridades a respetar los estándares internacionales y apoyamos los esfuerzos de diálogo para alcanzar una solución pacífica”, señaló. Las observaciones de HRW coinciden con las expresadas por otros organismos internacionales que han seguido de cerca la evolución de la crisis. Para la organización, la situación demuestra que cuando la justicia pierde capacidad para resolver conflictos dentro de la institucionalidad, aumenta el riesgo de violencia. ONU pide respeto a los derechos humanos de los bloqueadores, pero no dice nada cuando estos usan dinamita La oficina de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en América del Sur, le recordó al Gobierno de Bolivia que las fuerzas del orden, en este caso la Policía en toda actuación “debe ajustarse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos”. No obstante, en su comunicado, la ONU no hizo referencia al uso excesivo de petardos y explosivos de dinamita y otras bombas caseras que lanzan los movilizados contra los policías y los trabajadores de la prensa en sus marchas de protesta. Tampoco se refirió a las constantes agresiones que sufren los periodistas, camarógrafos y fotógrafos por parte de los bloqueadores. “Todo uso de la fuerza por los agentes del orden debe ser compatible con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. Se debe investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos”, se lee en el comunicado de las Naciones Unidas. Fuente: EL Deber
Human Rights atribuye gran parte de la crisis a la desconfianza en la justicia Leer más »
El presidente del Parlamento iraní advirtió que el adversario busca a través de la guerra económica y mediática quebrar la unidad de su país, en un intento por compensar sus fracasos en el terreno militar. Irán está «haciendo retroceder al enemigo en una guerra grande que hará historia«, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, hablando sobre el conflicto con Estados Unidos e Israel. El legislador atribuyó el éxito a la unidad y la resistencia popular, junto al poder militar, y señaló que «este es el secreto de la victoria y debe preservarse«. Según Ghalibaf, el enemigo ha lanzado «una nueva fase de guerra» mediante la presión económica y el frente mediático para sembrar divisiones, quebrar la cohesión del país y compensar su derrota militar. «Esto es para forzar nuestra sumisión», agregó, antes de calificar dicho propósito como «un vano sueño». El parlamentario indicó que la nación iraní hoy sabe que se encuentra ante «un punto sensible e histórico» y resiste con su esfuerzo frente a «un enemigo asesino» que, según afirmó, «ha jurado destruir Irán y el islam».
Irán: «Estamos haciendo retroceder al enemigo en una guerra grande que hará historia» Leer más »
