El secretario departamental de Planificación y Desarrollo Estratégico de la Gobernación de Cochabamba, Horacio Villegas Pardo, respondió anteriormente a las denuncias y cuestionamientos de algunos asambleístas departamentales sobre un supuesto retraso e incumplimiento de deberes por parte del Órgano Ejecutivo, durante la gestión del gobernador Leonardo Loza.
En relación con la entrega de ayuda destinada a las familias afectadas por la sequía en la región del Cono Sur, Villegas explicó que la Gobernación cumplió con los procedimientos administrativos y presupuestarios en un tiempo oportuno. Detalló que el 3 de noviembre se sancionó la ley correspondiente, el 4 fue promulgada, el 5 se aprobaron las modificaciones presupuestarias y el 6 se iniciaron los procesos de contratación, para posteriormente concretar la entrega de la ayuda.
En ese sentido, aclaró que las adquisiciones y contrataciones públicas deben cumplir procedimientos y plazos establecidos, por lo que no pueden realizarse al margen de las disposiciones legales. «Las compras tienen sus tiempos y procesos que se deben respetar», sostuvo.
CUESTIONA EL USO DE LA FISCALIZACIÓN COMO MECANISMO DE HOSTIGAMIENTO
Otro de los temas abordados por la autoridad departamental fue la modificación de la Ley Departamental 829 de Fiscalización. Villegas manifestó que el Órgano Ejecutivo está de acuerdo con que la Asamblea Legislativa Departamental ejerza sus atribuciones de fiscalización; sin embargo, cuestionó la cantidad y recurrencia de las solicitudes de información dirigidas a las diferentes dependencias de la Gobernación.
Como ejemplo, señaló que en aproximadamente seis meses recibieron alrededor de 300 peticiones de informe escrito, muchas de ellas con requerimientos recurrentes sobre asuntos similares, situación que, a su criterio, termina convirtiéndose en un mecanismo de hostigamiento administrativo y no en un ejercicio efectivo de fiscalización.
Asimismo, observó el contenido del artículo 6 de la Ley 829, referido al voto de censura, que establece como efecto la destitución inmediata de la autoridad censurada, incluyendo a secretarios departamentales y directores de servicios departamentales, quienes además no podrían ser designados nuevamente en el mismo cargo.
Al respecto, Villegas sostuvo que esta disposición no sería compatible con los artículos 272 y 277 de la Constitución Política del Estado, que reconocen las facultades legislativas y fiscalizadoras de los gobiernos autónomos departamentales, dentro de sus competencias y atribuciones, y establecen la estructura institucional de sus órganos de gobierno.
Explicó que el Órgano Ejecutivo Departamental constituye una instancia diferenciada, encabezada por el gobernador como máxima autoridad ejecutiva, por lo que las atribuciones de fiscalización de la Asamblea deben ejercerse respetando la separación y el equilibrio entre ambos órganos.
Para respaldar su posición, hizo referencia a antecedentes de jurisprudencia constitucional, entre ellos la Declaración Constitucional 54/2014, relacionada con el Estatuto Autonómico de Potosí, y la Declaración Constitucional Plurinacional 42/2014, que abordó aspectos vinculados a los efectos de la censura y su relación con la destitución de autoridades.
En ese contexto, cuestionó que algunos asambleístas pretendan trasladar al ámbito departamental atribuciones que corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde existe un marco constitucional específico que permite la censura de ministros de Estado.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PODRÍAN RETRASAR LA EJECUCIÓN DEL POA 2026
Finalmente, Villegas expresó su preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa Departamental de no delegar al Órgano Ejecutivo la facultad de realizar determinadas modificaciones presupuestarias.
Recordó que, entre 2017 y 2025, las anteriores legislaturas departamentales delegaron anualmente al Ejecutivo la facultad de efectuar modificaciones presupuestarias de hasta dos millones de bolivianos, mecanismo que permitía agilizar la ejecución de programas y proyectos.
Sin embargo, indicó que para la gestión 2026 los actuales asambleístas habrían decidido no mantener esa delegación, obligando a que las modificaciones presupuestarias que realice el Ejecutivo deban pasar nuevamente por la aprobación del Legislativo departamental.
Según explicó, esta determinación podría generar demoras administrativas y afectar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2026, debido a que cada modificación presupuestaria tendría que esperar el tratamiento y aprobación de la Asamblea.
Finalmente, el secretario departamental cuestionó la posición de algunos legisladores y sostuvo que detrás de estas decisiones existiría una intencionalidad de frenar, retrasar y perjudicar el trabajo que viene desarrollando el gobernador Leonardo Loza al frente de la Gobernación de Cochabamba.

