2026

El vocero presidencial, José Luis Galvez, aseguró que no existe un “plan de intervenciones” de las fuerzas del orden, no se verán “tanquetas” desplegadas en las ciudades porque no existe conflicto con la población ya que el problema está en algunos puntos de bloqueo en las carreteras.“No hay una actividad, no hay una intervención planificada, no vamos a ver tanquetas porque no hay un conflicto con la ciudadanía”, sostuvo la autoridad en declaraciones a radio Fides. Hizo énfasis en que el despliegue de los policías y militares se realiza con el único objetivo de “resguardar la infraestructura clave de servicios básicos e infraestructura pública, pero es para resguardarla”, reiteró. Se refirió, por ejemplo, al caso Senkata que hace días un grupo de personas ingresó violentamente a las oficinas de la Subalcaldía del Distrito 8 donde quemaron la infraestructura, documentos y muebles. La autoridad mencionó que el despliegue de las fuerzas del orden es para evitar este tipo de situaciones. Esta madrugada, el presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5636 que establece “declarar estado de excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional; establecer las medidas extraordinarias, las facultades conferidas, así como determinar los mecanismos de aplicación”. El mandatario, además, ha instruido a la Policía y a las Fuerzas Armadas a garantizar la libre transitabilidad vehicular, después de 51 días de protestas y 45 días de bloqueos en las carreteras troncales de conexión interdepartamental. Los efectivos policiales despejan y limpian las avenidas en la ciudad de El Alto con el apoyo de maquinaria pesada de la Administradora Boliviana de Carreteras como tractores. Los bloqueadores dejaron promontorios de tierra, piedras, ruedas quemadas en varios lugares de esa urbe. Galvez señaló que la decisión gubernamental se sustenta en el clamor de millones de bolivianos que han pedido volver a la “normalidad”. “Hemos invertido 50 días para dialogar”, por lo que “ya es tiempo de tener rutas abiertas”.  Insistió que el objetivo es garantizar la provisión oportuna de alimentos, combustible, medicamentos, oxígeno medicinal y otros insumos necesario en la vida de los bolivianos y bolivianas, derechos que han estado restringidos por la posición de grupos que se negaron a dialogar y optaron por la medida más radical como el bloqueo de carreteras. Negó que sea una medida para restringir los derechos de las personas, tampoco se limitarán los horarios de movilidad o viajes, “ni siquiera la protesta pacífica”, se trata de restituir derechos y principalmente liberar las carreteras. En la misma línea del presidente Rodrigo Paz, invitó a los movilizados a que “voluntariamente” levanten sus medidas de presión porque si infringen la norma y se violan las restricciones se aplicarán los “arrestos”. “Todo arresto y traslado deberá ser registrado, indicando lugar, hora, motivo, autoridad interviniente, estado físico de la persona y autoridad ante la cual fue puesta a disposición. En ningún caso podrá implicar incomunicación, trato cruel, inhumano, degradante ni vulneración de derechos fundamentales”, se lee en la norma. De acuerdo al decreto 5636, en el artículo 5 se prevé la “suspensión temporal de derechos y medidas extraordinarias autorizadas”, pero solo surtirá efecto de esas restricciones a partir de la emisión de la “Resolución Biministerial”, sin embargo esa disposición será emitida por los ministerios de Gobierno y Defensa.

El nuevo decreto apunta a instituciones que prestan servicios esenciales para la población en tanto existan conflictos sociales, contemplando también la instalación de puntos de venta móvilesEl Gobierno emitió el decreto supremo 5634 que habilita mecanismos excepcionales para garantizar el suministro directo de combustibles líquidos a instituciones de primera línea mientras existan conflictos sociales que dificulten el normal abastecimiento en el mercado interno. ¿Cuáles son las instituciones de primera línea? La norma se refiere a entidades públicas o privadas que prestan servicios esenciales para la población, vinculados a la salud, atención de emergencias, gestión de residuos sólidos, agua potable y alcantarillado, energía, seguridad y defensa del Estado. “La primera línea podrá adquirir combustibles líquidos hasta un volumen máximo 4.999 litros por retiro, desde las plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos en todo el territorio nacional, destinados exclusivamente para consumo propio institucional, en función a la disponibilidad de combustibles que reporte la estatal petrolera (YPFB)”, reza la norma. Además, la norma autoriza a YPFB, de manera excepcional y temporal, a instalar, habilitar y operar puntos de venta móvil para la comercialización de combustibles líquidos destinados a la primera línea en todo el territorio nacional. De acuerdo con lo establecido en el documento, la implementación de estas unidades estará sujeta a autorización previa del ente regulador y a la disponibilidad de combustibles reportada por la estatal petrolera. De forma complementaria, el decreto incorpora medidas excepcionales para la comercialización de gasolinas y diésel en bidones, tambores u otros envases aptos: con un límite de hasta cinco litros por día y un máximo mensual de 120 litros en el territorio nacional y de 50 litros en zonas fronterizas, zonificiación que dependerá del ente regulador. Decreto 5635 Del mismo modo, también entró en vigencia el decreto 5635 que autoriza la importación de combustibles líquidos para consumo propio a misiones diplomáticas, misiones especiales, consulares y organismos internacionales acreditados ante el Estado boliviano, en tanto existan conflictos sociales que afecten el normal abastecimiento de combustible. Según esta normativa, las instancias mencionadas deberán presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como un único requisito.

Representantes de más de 150 empresas de transporte interdepartamental demandaron al Gobierno la condonación total de las obligaciones financieras correspondientes a mayo y junio, al asegurar que los bloqueos les impidieron trabajar durante cerca de 50 días y dejaron al sector en una situación económica crítica. La petición fue planteada durante una reunión con el Comité Pro Santa Cruz, donde los administradores expusieron el impacto que tuvo la paralización de las rutas nacionales sobre las empresas y los miles de trabajadores vinculados a la actividad. Transportistas El administrador de Trans Copacabana, Jhonny Mencias, afirmó que entre 3.000 y 4.000 familias dependen directamente del transporte interdepartamental y advirtió que muchas enfrentan dificultades para cubrir sus obligaciones financieras debido a la falta de ingresos. “¿Cómo podemos pagar de algo que no hemos trabajado?”, cuestionó Mencias al rechazar la posibilidad de acogerse a planes de pago que no contemplen la magnitud de las pérdidas sufridas por el sector. Según explicó, las flotas permanecieron paralizadas durante semanas, provocando perjuicios económicos que afectan tanto a las empresas como a conductores, personal administrativo y trabajadores vinculados a los servicios de transporte. Conflicto Los transportistas sostienen que la situación se agravó por la acumulación de cuotas bancarias, impuestos y otros compromisos financieros que continúan vigentes pese a la interrupción de sus operaciones. Por su parte, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, manifestó que las autoridades deben escuchar a los sectores productivos y laborales que soportan las consecuencias económicas de la conflictividad. El dirigente cívico señaló que la atención gubernamental no puede concentrarse únicamente en los sectores movilizados, sino también en quienes sufrieron los efectos de los bloqueos sobre sus actividades económicas. Cochamanidis Los representantes del transporte interdepartamental pidieron ser incorporados a cualquier espacio de diálogo nacional que analice medidas de reactivación económica y advirtieron que la situación financiera del sector se ha vuelto insostenible. Asimismo, demandaron acciones urgentes para evitar el cierre de empresas y la pérdida de fuentes laborales en una actividad que consideran fundamental para la integración y el movimiento económico del país.

 Oruro, 18 de junio de 2026 (UCOM-DDOR).- En el marco de la conflictividad social que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Oruro, logró gestionar el reencuentro de un adolescente de nacionalidad venezolana con su tío, quien se trasladó a pie desde la ciudad de La Paz con el propósito de reunirse con él.  El caso fue activado a partir de una solicitud de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que informó a la Defensoría del Pueblo sobre la situación del adolescente, quien se encontraba bajo custodia tras haber sido acogido inicialmente en el Punto de Atención y Orientación (PAO).  Asimismo, se conoció que su familiar emprendió el viaje a pie desde La Paz hacia Oruro debido a la interrupción del tránsito vehicular en la carretera que conecta ambos departamentos.  Ante las limitaciones económicas del familiar, que le impedían acceder a rutas alternativas de transporte, personal de la Defensoría del Pueblo tomó contacto inmediato con él y realizó las gestiones necesarias para viabilizar su traslado a la ciudad de Oruro, permitiendo concretar el reencuentro este jueves en instalaciones de la DIO.  Con esta acción, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos, en particular el derecho a la unidad familiar, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad y población migrante en contextos de conflictividad.  La Defensoría del Pueblo recuerda a la ciudadanía que mantiene habilitados sus canales de orientación, asistencia y recepción de denuncias a través de la línea gratuita 800-10-80-04. En el departamento de Oruro, la atención presencial se brinda en la Delegación Defensorial ubicada en la calle Soria Galvarro N.° 5212, entre León y Tupiza. Asimismo, la oficina de Pisiga atiende en la calle 13 de Junio, en el edificio de la Subalcaldía de Pisiga Bolívar, frente a la plaza principal.