2026

Desde el Hospital del Niño señalan que la poca cantidad de oxigeno que les queda se utilizará en el área de oncología, emergencias y otros casos prioritariosDebido a los bloqueos, el Hospital del Niño “Oviedo Aliaga”, de La Paz, informó que, a causa del desabastecimiento de oxígeno medicinal, se ha determinado suspender de manera temporal las cirugías programadas a partir del lunes 1 de junio, “hasta que se garantice el abastecimiento regular de este insumo esencial”. El comunicado del centro hospitalario señala que esta medida extraordinaria no se aplicará a los pacientes que requieren atención en oncología, emergencias y “casos prioritarios cuya postergación representa riesgo de vida o continuidad del tratamiento”. Además, el documento indica que “se continuará brindando atención permanente a las emergencias, pacientes críticos y procedimientos prioritarios cuya postergación representa un riesgo para los pacientes”. El centro hospitalario también instruyó a todos los servicios el uso “racional y optimizado del oxígeno medicinal disponible, como medida de contingencia destinada a proteger la atención de los casos más delicados”. }Finalmente, la dirección del hospital exige a las autoridades de Gobierno que habiliten corredores humanitarios y “se adopten acciones necesarias que garanticen el suministro continuo de oxígeno medicinal para el hospital”. La situación en cuatro hospital de tercer nivel de La Paz es crítica por la falta de oxígeno. Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), están en riesgo las vidas de unos 500 pacientes, por la escasez de este insumo vital debido al bloqueo de caminos que cerca a la región.

28 de mayo (Urgente.bo).- La denominada Comisión de Diálogo reinstaló este jueves por la tarde la reunión, pero sin la presencia de los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los campesinos Túpac Katari. Cerca de las 14:30, el diálogo se retomó en su segunda jornada, esta vez desarrollada en instalaciones de la Iglesia Episcopal, en la ciudad de La Paz. Este encuentro es liderado por la Iglesia Católica, con representación de monseñor Giovanni Arana. También se encuentra Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Sin embargo, Mario Argollo, de la COB, y Vicente Salazar, de los Túpac Katari, así como otros representantes de estos sectores movilizados, aún no forman parte del diálogo. La Comisión de diálogo afirmó este miércoles que se darían las garantías para la presencia de los líderes de estos sectores por el hecho de que Argollo cuanta con orden de aprehensión. “Sí damos la garantía de que viniendo acá no se iba a tomar ningún tipo de acción durante el diálogo. Lo que tenemos es la mayor disposición de dialogar”, dijo Lupo antes de ingresar al diálogo. Fuente: Urgente.Bo

Primero, antes que nada, recomiendo a quien quiera formarse una opinión propia que lea la Ley 1341. Son apenas 11 páginas, estructuradas en capítulos y artículos, y escritas en un lenguaje relativamente simple y entendible. Desde luego, antes de eso, también conviene leer los artículos 137 al 140 de la Constitución Política del Estado, donde se establece la figura de los estados de excepción. Segundo, es importante recordar que los estados de excepción están establecidos en la Constitución Política del Estado. La abrogación integral de la Ley 1341 se justificó bajo el argumento de que esta impedía su uso frente a conflictos sociales internos. Aquello apunta en particular, al parágrafo II del artículo 24 de la Ley 1341, que señalaba que los “conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades u obligaciones financieras, por sí solas o por su subjetiva vinculación a entidades externas, no serán justificativos para la declaratoria de este tipo de estado de excepción”. Tercero, si ese hubiese sido el verdadero problema para el Legislativo, correspondía modificar ese artículo específico, no abrogar toda la Ley 1341. Sin embargo, al eliminarla en su integridad, lo que se hizo fue borrar un conjunto amplio de salvaguardas de derechos humanos, controles institucionales y mecanismos de balance de poder frente a cualquier Ejecutivo que pretenda dictar medidas bajo un estado de excepción. Eso constituye un retroceso gravísimo, porque abre la puerta a violaciones de derechos humanos y debilita justamente las herramientas que permiten fiscalizar, documentar y exigir responsabilidades cuando esas violaciones ocurren. Cuarto, para dar algunas ideas concretas de lo que incluía la Ley 1341, y que cuesta creer que alguien quiera restringir, menciono tres elementos básicos. En los artículos 12 y 16 de la Ley 1341, el Ejecutivo estaba obligado a informar y rendir cuentas, mediante informes públicos, ante diferentes instancias del Estado, como la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público. Esos informes debían dar cuenta de las medidas adoptadas, los recursos utilizados y las facultades ejercidas. Además, si el informe final era rechazado por la Asamblea Legislativa, podían iniciarse los procesos de responsabilidad correspondientes. Esto es básico para evitar excesos y garantizar un mínimo balance de poderes cuando se asume una medida tan delicada como un estado de excepción. En el artículo 13, la Ley 1341 reiteraba la no exoneración de responsabilidades individuales de civiles, militares y policías que, durante un estado de excepción, vulneraran derechos humanos. En otras palabras, podían ser sancionados administrativa, civil y penalmente. Este punto es esencial para que, en caso de abusos, sea posible buscar justicia en un país donde muchas veces la justicia casi nunca alcanza a las autoridades que abusan de su poder. En el artículo 17, la Ley 1341 reforzaba el rol de la Defensoría del Pueblo. Establecía que su trabajo no podía suspenderse, que debía elaborar informes sobre la vigencia de los derechos fundamentales y que ninguna institución pública podía negarle acceso a información alegando reserva, confidencialidad o secreto de Estado. Es un elemento básico para que funcionen los mecanismos mínimos de queja, fiscalización y salvaguarda de derechos humanos. Ahora bien, con eso en mente, hay que recordar el contexto histórico. En Bolivia, las Fuerzas Armadas tienen un largo historial de violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones, violencia sexual y represión política. Ese riesgo aumenta todavía más en episodios donde se restringen garantías constitucionales, como ocurre bajo estados de excepción. También hay que recordar que la última vez que se dictó lo que, antes de la nueva Constitución Política del Estado, se denominaba estado de sitio, fue en 2008, durante el gobierno de Evo Morales, cuando los militares intervinieron en Pando frente a la toma de instituciones públicas. El resultado fue un baño de sangre. Ese hecho fue denunciado en su momento por la oposición como una grave violación de derechos humanos y hasta el día por la falta de marco normativo no pudieron evidenciar si así fue frente a la justicia boliviana, y menos aún obtener algún tipo algun tipo de sentencia o medida de justicia en ese sentido, de haber sido el caso. Esta medida deja demasiado poder y posibilidad de impunidad a quien sea que nos esté gobernando. ¿Se imaginan el incendio político y social que se habría generado si Arce hubiese dictado un estado de excepción durante los 36 días de paro en Santa Cruz en 2022? Con eso en mente, los senadores y diputados que votaron a favor de esta abrogación, así como el Presidente que promulgó la norma en plena noche, tendrán que mirarse al espejo y asumir lo que hicieron: debilitaron el marco normativo de derechos humanos del país en uno de los momentos en que más se necesitaban controles. Si mañana se cometen abusos, si se usa la fuerza de manera desproporcionada, si se impide fiscalizar, si no se logra establecer quién dio las órdenes y quién las ejecutó, no podrán decir que no sabían. La Constitución, en su artículo 139, establece que los estados de excepción deben ser regulados por ley. Hoy nos han quitado esa regulación, y sin esa regulación, el uso del estado de excepción queda jurídicamente debilitado, políticamente más peligroso y democráticamente mucho más oscuro. Este gobierno, al igual que los anteriores, ha demostrado un profundo desapego por la Constitución y una preocupante incapacidad para resolver los problemas del país mediante diálogo, propuestas programáticas inclusivas y medidas reales de protección social. Sacar militares a actuar frente a movilizaciones sociales nunca ha resuelto los conflictos de fondo; apenas los cubre con miedo, violencia y resentimiento. Los militares no están entrenados para resolver conflictos sociales. Su formación, bastante precaria además, está pensada para la guerra y la protección de fronteras, tareas en las que el propio Estado tampoco ha mostrado grandes resultados. Pretender que sean la respuesta a una protesta social es confundir defensa nacional con control político interno, y esa confusión suele pagarse con derechos vulnerados. En un momento de crisis, cuando el gobierno se prepara