Potosí, 5 de junio de 2025 – El Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, Potosí, ha denegado este jueves la acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) y, consecuentemente, ha dejado sin efecto la paralización de los contratos para la explotación de litio suscritos con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC.
La semana pasada, el mismo juzgado había ordenado suspender el tratamiento de estos contratos en la Asamblea Legislativa como medida cautelar, a raíz de la acción de amparo constitucional presentada por las comunidades indígenas.
Sin embargo, el juez argumentó que, si bien una acción popular busca proteger derechos colectivos, no es la vía idónea para impugnar actos administrativos, contratos o decisiones estatales vinculadas a derechos específicos como la consulta previa.
Como tercera medida, el juzgado exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a elaborar y aprobar de manera urgente e inmediata una norma que establezca los parámetros de una consulta previa, con el fin de garantizar el derecho de los pueblos indígenas originarios campesinos, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución Política del Estado.
El recurso fue presentado el 12 de mayo por la dirigencia de la CUPCONL contra Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas Hong Kong CBC Investment Limited y Uranium One Group Joint-Stock Company. En septiembre de 2024, YLB y la rusa Uranium One Group firmaron un contrato para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el Salar de Uyuni con una inversión de más de $us 970 millones. Posteriormente, en noviembre de 2024, YLB y la china Hong Kong CBC suscribieron otro contrato para dos plantas de producción de carbonato de litio, con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, y una inversión de $us 1.030 millones.
La audiencia, que se instaló cerca de las 10:00 y duró más de cinco horas, contó con la participación de abogados del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, YLB, la Defensoría del Pueblo y de las comunidades indígenas. El abogado de la Cámara de Diputados afirmó que los proyectos de explotación de litio en el Salar de Uyuni no afectan las actividades económicas de las comunidades, ya que la mayor parte son asalariados y las áreas de explotación no se superponen con sus territorios ancestrales.
La resolución del juzgado será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.
