La Paz, 1 de julio de 2025.– Siete de las ocho personas implicadas en el “Caso Consorcio”, una supuesta red de manipulación judicial que busca cooptar el Órgano Judicial, han sido cauteladas, pero ninguna se encuentra actualmente en un penal. Los tres imputados con orden de detención preventiva están internados en clínicas, mientras que los cuatro restantes cumplen detención domiciliaria. La investigación de este caso se inició el pasado 11 de junio.
Implicados con detención preventiva y hospitalizados
Los tres implicados que recibieron detención preventiva, pero que permanecen en centros médicos, son:
César Siles: El exministro de Justicia, quien debería ser enviado a la cárcel de Patacamaya, está internado en una clínica desde hace nueve días. Según su médica, Paola Senzano, fue intervenido quirúrgicamente por un absceso isquiorrectal y requiere curaciones cada hora.
Claudia Castro: La exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien llegó a estar brevemente en el penal de Obrajes, fue trasladada a un centro médico. Su abogado, Marco Mostajo, indicó que su estado de salud se complica por epilepsia y salmonelosis, requiriendo seguimiento médico diario y medicamentos que posiblemente no se encuentren en Bolivia.
Fernando Lea Plaza: El juez de Coroico, quien debería estar en la cárcel de San Pedro de La Paz, fue internado debido a un «cuadro crítico» de su situación renal y un estado depresivo, según informó su abogada, Zuleika Lanza.
Implicados con detención domiciliaria
Los cuatro implicados que cumplen detención domiciliaria son:
Iván Campero (magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia).
Yván Córdova (expresidente del Tribunal Departamental de Justicia).
Sergio Sarmiento, funcionario del Juzgado de Coroico.
Otro abogado.
Desarrollo del caso
En el “Caso Consorcio” se investiga una presunta red de autoridades que habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir un fallo ilegal para destituir a la magistrada titular del TSJ, Fanny Coaquira, con el objetivo de que su suplente, Iván Campero, asumiera el cargo. Audios y testimonios indicarían presiones del exministro Siles y vocales hacia el juez para llevar a cabo esta acción.
Hasta el momento, un octavo implicado, quien presentó el recurso legal para intentar suspender a la magistrada, se encuentra prófugo y con orden de aprehensión.
El proceso investigativo se encuentra actualmente bajo «reserva ampliada» por 10 días, debido a la complejidad del caso y la necesidad de capturar al prófugo y tomar declaraciones informativas a otras personas, según Marco Antonio Cárdenas, delegado del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Fuente: El Deber, Los Tiempos